Crisis, ajustes y brecha de género

Es evidente que la excusa de la crisis económica ha relegado el ámbito de la igualdad a mero apéndice de la agenda política actual.

La ausencia del enfoque de género en las llamadas medidas de consolidación presupuestaria (generalmente materializadas en la reducción del gasto público y el aumento de los impuestos) es muy visible en el caso de España. Progresivas reformas de la seguridad social (pensiones), continuos recortes en servicios públicos (sanidad, educación, dependencia) y congelación de los salarios del funcionariado durante tres años consecutivos afectan primordialmente a las mujeres, pues merman sus derechos de desarrollo profesional. La privatización de la educación y la sanidad y la eliminación de ayudas sociales desincentivan su incorporación al mercado laboral, mientras que las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector público y las jubiladas reciben, de media, las retribuciones más bajas.

Experiencias de otros países, donde las medidas de consolidación fiscal han tenido un carácter limitado, como en Finlandia, no conducen a efectos negativos sobre la situación laboral femenina, o su acceso y uso de los servicios públicos de cuidados, o penalizaciones sistemáticas a consecuencia de recortes en las transferencias sociales.

Todas estas medidas de ajuste inciden también en la presencia de las mujeres en la toma de decisiones del ámbito empresarial –se pueden consultar cifras actualizadas en el reciente estudio publicado por la Fundación IDEAS Igualdad de género en los consejos de administración empresariales. Prospectiva europea–, pues significan menos posibilidades de conciliar el empleo con la vida familiar.

A nivel europeo, una lectura parcial de los efectos que la actual crisis económica ha tenido sobre el mercado laboral apunta una nivelación a la baja de la brecha de género en el empleo, desempleo, salarios o grado de pobreza. Aunque la destrucción de empleo masculino ha sido más aguda, esta valoración es cortoplacista y poco profunda, ocultando una situación mucho más inquietante reflejada en la involución de la igualdad entre hombres y mujeres en toda Europa, lo que pone de manifiesto que el análisis ha de hacerse preferiblemente en términos cualitativos. Una visión más acorde con la realidad laboral incluye altos niveles de segregación por sectores económicos, pero también ocupacional, o lo que es peor aún, una combinación de las dos.

La primera sugiere sobrerrepresentación de las mujeres en sectores de educación, sanidad, Administración pública y actividades científicas. La segunda señala mayor presencia de las mujeres en los puestos intermedios o inferiores, mientras ocupan únicamente el 16% de los puestos de ejecutivos y el 3% de los cargos directivos de las empresas europeas. De hecho, según el Índice Europeo de Igualdad de Género (GEI), el acceso y la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones (tanto en el ámbito político, como económico) sigue reflejando/suponiendo el “talón de Aquiles” de las políticas de igualdad europeas.

Pese a su trascendencia, un Informe de la UE (2012) destaca que la perspectiva de género ha estado ausente en el diseño y la implementación de las políticas públicas durante la crisis. La Comisión indica que solo una décima parte de las iniciativas enmarcadas dentro de los Programas Nacionales de Reforma (2011) (consignatarios de los planes reforma estructural y consolidación fiscal) tenían en cuenta el impacto de género en todas las fases de implementación.

Volvamos a la presencia de mujeres en la toma de decisiones del ámbito empresarial. Según datos recopilados por la Dirección General de Justicia de la Comisión Europea, en las empresas españolas cotizadas en Bolsa, solo el 12% de los consejeros son mujeres y en los últimos tres años el ritmo de incremento de su presencia se ha frenado.

Noruega, por el contrario, país reconocido internacionalmente por tener la mayor presencia de mujeres en los puestos de poder –político (50% del Gobierno actual son ministras) y económico (44% de consejeras en las empresas cotizadas)–, es también referente por su trayectoria en políticas de igualdad. Más de cien años de recorrido, unido al compromiso continuado, el amplio consenso social y medidas de apoyo materializadas en servicios públicos de calidad hacen que la tasa de empleabilidad de las mujeres sea del 77,3% en 2012 (en España es del 54%, mientras la media de la UE-27 se sitúa en 62,3%, según datos de Eurostat).

Toda esta trayectoria había preparado el terreno para la regulación en 2003 de la obligatoriedad de las cuotas en los consejos de administración de las grandes empresas. El país sirve ahora de inspiración para la reciente iniciativa de la comisaria de Justicia, Vivianne Reding, que, tal y como resalta el mencionado documento publicado por la Fundación IDEAS, Igualdad de género en los consejos de administración empresariales. Prospectiva europea, despierta multitud de opiniones encontradas por parte de los Estados miembros y que, de momento, España descarta.

Sin embargo, la inacción también tiene consecuencias e implicará que las próximas generaciones tengan que retomar el esfuerzo desde muy atrás. Ya en 2010, los resultados de una encuesta a 400 mujeres directivas en España, realizada por Addecco, avisaban de que la crisis económica estaba ralentizando la implementación de la Ley de Igualdad.

Tres años después, a falta de un diagnóstico riguroso de la igualdad entre mujeres y hombres, unida a importantes recortes sociales, oscilamos entre dos actuaciones alternativas, a cada cual peor: el inmovilismo político y las medidas de ajuste. Su combinación resulta letal, pues se conciben las políticas de igualdad como gasto que es preciso reducir en épocas de vacas flacas, en vez de valorar su potencial para generar crecimiento económico.

Loredana Stan, ayudante de investigación del Área de Política, Ciudadanía e Igualdad de la Fundación IDEAS

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