Una docena de países europeos han llevado a cabo múltiples y costosos rescates bancarios. El resultado de estas operaciones se tradujo en una fuerte reestructuración de esas entidades, una elevada concentración en su mapa y el aumento de las exigencias de recapitalización. También se deslizaron cambios legislativos muy significativos. En 2014, el Parlamento Europeo aprobó una nueva directiva comunitaria que entró en vigor el 1 de enero de 2016. Estas nuevas reglas a escala europea dan prioridad a la protección del contribuyente, mientras que son los inversores los que deben asumir su responsabilidad. Con ellas se trata de eliminar la intervención de los Estados en el salvamento de entidades privadas.
Se abría una dinámica diferente en el sector bancario de cada uno de los Estados miembros, aunque en Italia los fallos, que se habían acumulado desde largo tiempo, en lugar de atenuarse se acentuaron.
En una de las principales entidades, el Monte dei Paschi di Siena (MDP), ya hace quince años que empezaron las turbulencias. Fue cuando comenzaron a buscar una mejor y más sólida dotación de capital. Tres ampliaciones hechas en el mercado en los tres últimos años fracasaron.
Lo mismo ocurrió con los intentos efectuados, de la mano de la autoridad gubernamental, para encontrar recursos que estabilizaran a este instituto. Berlusconi, Monti y Letta trataron de insuflarle oxígeno, sin que ninguno de ellos lo consiguiera. Matteo Renzi barajó una propuesta similar, pero quedó varada, al estar pegada en el tiempo al referéndum del 4 de diciembre.
Tantos fallidos conducen a una convicción: es imprescindible dotar a esta entidad del equilibrio que perdió tiempo atrás.
Eso se pretendió durante el verano pasado cuando la Autoridad Bancaria Europea efectuó unos exámenes de resistencia a los bancos. Los agrupó por tamaño y países. El MDP quedó el último, porque obtuvo las peores calificaciones de cuantas se dieron. Desde entonces empeora rápidamente su situación. Además de la posición anémica de su capital, a este banco se le cerró el mercado de deuda, perdió la reputación entre los ahorradores y su posición de liquidez quedó taponada. Tan solo se alargaría cuatro meses más.
Ante el precipicio, al MDP solo le quedaba una posibilidad: tratar de convencer a los inversores privados, presentándoles un plan estratégico, con las necesidades a las que tenía que enfrentarse. Los principales ejes del mismo eran: una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, un canje de deuda subordinada por acciones que posteriormente serían compradas por el Estado y, por último, la venta de miles de millones de activos tóxicos para que pudiera sanear el balance y obtener fondos.
Volvió a ser un intento fallido, pero además le hizo vivir tres semanas de continuas negociaciones que afectaron —aún más— a su estabilidad. El mecanismo de rescate suscitó un muy escaso interés entre los inversores privados. No dio resultado intentar captar a un inversor ancla que estuviera dispuesto a destinar una gran suma de dinero a este proyecto y a movilizar desde esa posición a otros hipotéticos adquirientes de títulos.
Mejor salieron las cosas en el caso del canje de bonos subordinados por acciones, aunque su montante global se quedó por debajo de las necesidades.
A partir de este fracaso, el Gobierno italiano decide rescatar la entidad a través de un plan de ayudas públicas al que podrían acogerse otros bancos.
Esta es una decisión importante que abre la puerta a un proceso de reformas y restructuración en el sector bancario, dotándolo de 20.000 millones de euros. Parte de una posición muy poco cómoda: era el banco más débil de la zona euro. Las últimas previsiones del BCE le conducen a un requisito de capital de 8.800 millones de euros, que procederán del Gobierno italiano y el resto de inversores institucionales.
Italia, donde varios bancos soportan dificultades, sigue optando por arreglarse en solitario, sin recurrir al dinero europeo, buscando soluciones puntuales para sus entidades débiles. Actuando así, sabe que tan solo necesitará cantidades asumibles que podrá conseguir en el mercado de capitales gracias a las compras de deuda del BCE.
A partir de ahora se entra en otro proceso de negociación, esta vez en el seno de las instituciones europeas, en el que la solución más factible pasará por alcanzar una triangulación estable entre quitas, para permitir intervenciones, ayudas públicas y algún sistema de arbitraje. Un requisito resultará indispensable: los acreedores asumirán sus pérdidas —y las liquidarán— antes de que la entidad reciba la ayuda, para evitar las malas prácticas que venían siendo habituales. Lo digo por el hecho de que los grandes bancos europeos, cuando cristalizó la crisis, en muchas ocasiones fueron rescatados por sus Tesoros.
Termino con una pregunta que se hace el profesor Oliver Alonso: ¿Otra vez dinero del contribuyente? Pues sí, porque la directiva bancaria obliga, antes de recurrir al Estado, a absorber las pérdidas por parte de los accionistas, de los obligacionistas junior y sénior y de los impositores de más de 100.000 euros. Aunque siempre hay excepciones que permiten la intervención.
Muchos estaremos pendientes de ver lo que ocurre en Bruselas, Frankfurt y Roma para averiguar si consiguen encontrar el resquicio legal que permite el acuerdo.
Francisco Fernández Marugán es adjunto primero al Defensor del Pueblo.