Después de unos meses de relativa tranquilidad, emergen de nuevo los problemas de solvencia en los países periféricos del área del euro. Tras el estallido de la primera fase de estas dificultades el pasado mayo, y a pesar de disponer ya de un fondo de estabilización para ayudar a países con dificultades, aquellas han reaparecido en forma de importantes caídas en los precios de la deuda irlandesa, que se han extendido a la portuguesa y, en menor medida, a la española.
No parecía que ello hubiera de suceder. Primero, porque el cortafuegos que puso en marcha la Unión Europea con el fondo de estabilidad en mayo parecía tener magnitud suficiente como para evitar nuevos problemas a las economías irlandesa y portuguesa. En total, unos astronómicos 750.000 millones de euros que deberían haber calmado, por un largo periodo de tiempo, a los mercados. Segundo, porque Irlanda ha sido el alumno aplicado: fue el primer país en contraer duramente los salarios públicos y el gasto de las administraciones públicas. Y, con esta política, parecía inmune a una crisis como la griega. De hecho, navegó por las turbulentas aguas de mayo con relativa tranquilidad.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué la situación actual, como ha avisado el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, amenaza la existencia del euro? La respuesta a la primera pregunta es múltiple. En primer lugar, la cancillera alemana, Angela Merkel, ha advertido de que quiere una redefinición de los planes de salvamento de países con problemas, de forma que los poseedores privados de deuda carguen con una parte del ajuste. En román paladino: si hay pérdidas, estas deben distribuirse entre los rescatadores (el sufrido contribuyente alemán, en gran medida) y los rescatados (el país con problemas y aquellos que tengan deuda del mismo). Y si es necesario modificar los tratados para permitirlo, hágase. Esto es lo que se decidió entre Merkel y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, hace unas semanas. Y aunque se trataría de aplicar esta reforma una vez el fondo de estabilidad devenga permanente (dentro de tres años), los mercados no tienen del todo claro que no se acabará aplicando a Irlanda, dado el brutal aumento del déficit que está generando la quiebra de su sistema financiero.
Esta es la segunda razón. Irlanda ha tenido que nacionalizar de facto sus principales bancos y debe ir llenando los agujeros que aparecen en sus balances a medida que la crisis inmobiliaria se va extendiendo y gana profundidad. Este año, el déficit saltará desde el 12% al 32% del PIB para poder absorber las pérdidas del Anglo-Irish Bank, convirtiendo así al contribuyente irlandés en el único pagano, mientras los tenedores de bonos, de momento, contemplan los toros desde la barrera. Pero existe el temor, en especial en la banca británica y alemana, que tienen conjuntamente unos 180.000 millones de dólares en activos irlandeses, de que una intervención del fondo europeo pueda modificar esta situación.
En tercer término, el Banco Central Europeo y la Comisión están presionando a Irlanda para que demande la ayuda del fondo, y con ella la recapitalización de sus bancos. Y ello porque su sistema financiero sobrevive con la asistencia de los préstamos ilimitados del BCE (unos 160.000 millones de euros a finales de octubre), que equivalen al 25% de todo el crédito concedido por el BCE, al que no le gusta esta dependencia, que ha permitido por las disfunciones existentes hasta hace poco en los mercados. Adicionalmente, considera que no es su función salvar instituciones financieras que deberían recapitalizarse. La presión del BCE para que Irlanda acuda al fondo, reforzada con unas compras de deuda pública irlandesa muy por debajo de lo que se esperaba, emerge como otro poderoso factor de esa nueva fase de la crisis.
Finalmente, hay otras razones de nacionalismo económico y político. Alemania y Francia no desean que el tigre celta continúe con un impuesto sobre los beneficios societarios de solo el 12,5%. Y quieren obligar, con la intervención europea, a la supresión de ese dumping fiscal. Las autoridades irlandesas se resisten a la misma argumentando que no precisan la ayuda, ya que no será hasta el verano cuando deberán efectuar nuevas emisiones de deuda pública. Además, las elecciones de diciembre parece que darán la victoria a la oposición y el Gobierno actual espera que sea el nuevo el que incurra en la humillación nacional que significará la intervención.
En este contexto de resistencia a pedir ayuda es donde se inscribe la advertencia de Van Rompuy. Porque el contagio puede extenderse a Portugal y más allá, a España o Italia. Los irlandeses ya han dado en el pasado muestras de estar más a las verdes que a las maduras (recuérdese el colapso en la ratificación del Tratado de Lisboa). Finalmente, parece que accederán a solicitar la ayuda que se les ofrece. De ser así, buenas noticias, ya que a todos nos conviene que esta segunda fase de la crisis se cierre cuanto antes. Y, en el horizonte, y antes de que estalle la tercera fase, ojalá hayamos avanzado más en el inevitable, y deseable, gobierno económico europeo.
Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada de la UAB.