Crisis del gas: solidaridad, simpatía y racionalidad

La Comisión Europea hizo el pasado día 20 su propuesta para afrontar la crisis de suministro del gas de Rusia el próximo invierno. Es una propuesta necesaria, sensata en la mayor parte de su contenido, pero desafortunada al plantear un porcentaje de reducción del consumo de gas del 15% para toda Europa, voluntario inicialmente, obligatorio llegado el caso, y que podría limitarse al 10% para los países con capacidad limitada de interconexión para apoyar al resto, como sería en principio el caso de España y Portugal. Mi tesis es que la propuesta no solo es injusta, sino lesiva para los intereses europeos en su conjunto.

La Comisión invoca el principio de la solidaridad energética en el marco de la UE con el que no puedo estar más de acuerdo, en particular si se trata de asegurar el suministro a hogares, centros sanitarios y educativos y otros suministros esenciales. Mis reparos se refieren a la aplicación que se propone.

Aun en el hipotético caso de que la capacidad de las interconexiones entre el sistema energético ibérico y el del resto de Europa permitieran un apoyo mutuo ilimitado, la aplicación del principio de solidaridad debiera hacer un reparto equilibrado del esfuerzo. Cada Estado miembro ha sido hasta ahora soberano para decidir su mix energético: abrir o cerrar nucleares, invertir en plantas de regasificación o en almacenamientos, desarrollar renovables, diversificar origen y rutas de aprovisionamiento de gas… Invertir en seguridad de suministro es como contratar un seguro.

En la península Ibérica, por estar en la periferia de Europa, mal interconectada con el sistema energético continental, y no querer depender excesivamente de Argelia, nuestro principal y más económico proveedor de gas, hemos estado pagando durante muchos años un sobrecoste, una prima, invirtiendo más que otros en infraestructuras eléctricas y gasistas y en renovables, y pagando a proveedores más caros para asegurarnos el suministro. Por eso nuestro sistema energético es más robusto y resiliente.

Salvando las distancias, si se quema un edificio, la solidaridad nos empuja a todos a apoyar soluciones para que nadie se quede en la calle y todos recuperen en la medida de lo posible su vida, pero no necesariamente a compartir la indemnización con quienes no han contratado el seguro. No se trata únicamente de solidaridad, sino también de justicia y de riesgo moral.

Pero lo que es aún más discutible es llamar solidaridad a una reducción obligatoria del consumo, con impacto social y económico potencial muy importante, cuando ese ahorro apenas puede beneficiar a los socios porque no hay interconexiones suficientes. Se trataría de cortes de suministro por simpatía, no por solidaridad. Algo así como ponerse a dieta para acompañar a alguien que está obligado a hacerla.

Supongamos por un momento que, cuando haya pasado esta maldita crisis, por circunstancias simultáneas extraordinarias: baja disponibilidad del parque nuclear, poca agua en los embalses por una sequía prolongada, situación anticiclónica con poco viento, interrupción de suministro de gas de Argelia y demanda elevada por una ola de frío, hubiera que aplicar cortes de suministro en España y Portugal, porque la capacidad de importación de electricidad y gas por las interconexiones no fuera suficiente para cubrir nuestro desequilibrio. ¿Tendría sentido cortar el suministro a todos los consumidores europeos en un porcentaje similar al nuestro, aunque ello no resolviera nada, solo por simpatía, a la que algunos llaman solidaridad?

Pero voy aún más lejos. La Comisión apunta, muy de pasada, una idea muy importante: tiene sentido desplazar temporalmente una mayor actividad de los grandes consumidores industriales de electricidad y gas a los países con bajo riesgo de interrupción de suministro, cuando haya en esos países capacidad de producción ociosa. Me estoy refiriendo por ejemplo a la metalurgia básica, el acero, la química, los fertilizantes y otros. Pero el Ejecutivo comunitario no extrae la conclusión lógica, que es no aplicar reducciones obligatorias a esos sectores en los países con bajo riesgo de suministro, y así asegurar esos productos básicos a las cadenas de producción europeas. Es interés de la UE en su conjunto que España y Portugal, ya que no pueden exportar más gas y electricidad al resto de Europa por falta de interconexiones, exporten más productos básicos intensivos en energía.

En definitiva, la propuesta de la Comisión es necesaria para prepararnos para el próximo invierno. La mayor parte de las sugerencias en materia de ahorro, eficiencia, y cambio de vectores energéticos para afrontar la crisis de suministro de gas son acertadas. Pero los porcentajes de reducción del consumo incorporados son injustificadamente lesivos para España y Portugal, que disponen de infraestructuras suficientes para asegurar su propio suministro y al mismo tiempo prestar toda la solidaridad al resto de la UE que permiten las interconexiones eléctricas y gasistas, y lo son también para los intereses industriales, económicos y de seguridad de toda la UE.

Luis Atienza Serna ha sido presidente de Red Eléctrica de España y miembro de la Comisión de Expertos para la Transición Energética.

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