Crisis económica y desafección política en Túnez: los desafíos de la post-pandemia

Tema

El impacto económico y social de la crisis del COVID-19 corre el riesgo de acentuar las fracturas dentro de la sociedad tunecina. Las elecciones presidenciales y legislativas de 2019 mostraron la atomización del escenario político en ese país. Algunos ya plantean la necesidad de refundar la Segunda República tunecina surgida de la Constitución de 2014.

Resumen

Los 100 primeros días del gobierno de Elyes Fakhfakh, resultado de las transacciones entre partidos tras las elecciones de octubre de 2019, han coincidido con la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 . Tras la detección, el 2 de marzo, del primer caso de contagio, el nuevo ejecutivo adoptó una batería de medidas preventivas (confinamiento, suspensión de toda conexión aérea y marítima desde el 13 de marzo, interrupción de las actividades escolares, cierre de mezquitas y limitación de la movilidad). Esas medidas, que han sido respetadas por la mayoría de la ciudadanía, podrían haber influido en la limitada incidencia de la pandemia en el país. Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha intensificado los desafíos que debe afrontar Túnez. El impacto económico y social de la emergencia sanitaria corre el riesgo de acentuar las fracturas dentro de la sociedad tunecina, si no tienen éxito los planes de recuperación económica, lo que requerirá un apoyo y compromiso firme por parte de la UE y sus Estados miembros.

Análisis

Las elecciones presidenciales y legislativas de 2019: una “insurrección electoral” contra el statu quo

La muerte del presidente de la República, Beji Caid Essebsi, el 25 de julio de 2019 alteró el ciclo electoral tunecino . Las elecciones presidenciales, que debían haber tenido lugar el 17 de noviembre de 2019, fueron adelantadas al 15 de septiembre para cumplir con la Constitución que establece un plazo para su celebración de entre 45 y 90 días después de que la presidencia quede vacante. La muerte de Essebsi, sin haber llegado a promulgar un controvertido proyecto de reforma de la ley electoral, impidió que entrara en vigor la prohibición de presentar candidaturas a aquellas personas encausadas judicialmente, a las que se hubieran beneficiado de una financiación procedente del exterior o que hubieran efectuado donaciones a la población.

La adopción de esta ley hubiera tenido incidencia directa en las presidenciales de 2019, ya que habría impedido concurrir a los comicios a Nabil Karoui, uno de los candidatos mejor valorados en las encuestas, muy por delante de quien por entonces era el primer ministro, Youssef Chahed. 1 El encarcelamiento en agosto por blanqueo de dinero de Karoui, empresario y fundador de la cadena Nessma TV, que le había servido de instrumento para alcanzar popularidad y difundir su imagen de hombre caritativo, fue visto como una operación política y planteó dudas sobre la imparcialidad de la justicia.

El adelanto de la elección presidencial sirvió de test para las elecciones legislativas del 6 de octubre , mostrando la tendencia a la dispersión del voto y la profunda crisis del sistema de partidos, visible con la desintegración de Nidaa Tounes, el partido político que había ganado las elecciones legislativas y presidenciales en 2014. 2

El dégagisme, término acuñado por el semanario Jeune Afrique y derivado de la palabra dégage, tan usada en Túnez desde la caída de Ben Alí –y con posterioridad en todo el norte de África–, implicaba la voluntad de la población de “largar” fuera de la vida pública a los políticos, especialmente a los que se les consideraba corrompidos. Esa idea venía imponiéndose en el electorado tunecino, cada vez más en contra de los partidos y en favor de personalidades independientes o de fuera del sistema. La revista Nawaat, fundada digitalmente como blog disidente durante la dictadura y renacida en enero de 2010 en papel, calificó las elecciones de 2019 como “insurrección electoral contra el statu quo”.

Los sucesivos gobiernos postrevolucionarios se han mostrado incapaces de diseñar una estrategia de desarrollo con el fin de reducir las desigualdades en materia de infraestructuras y servicios básicos de salud y educación. Esa incapacidad ha alimentado en el interior del país los sentimientos de rechazo hacia las elites de la zona costera que, desde la independencia, han monopolizado los procesos de toma de decisión.

Los resultados de la primera vuelta de las presidenciales confirmaron la tendencia a la desafección hacia los partidos, visible ya en las elecciones municipales de 2018, 3 con una importante abstención que superó el 50% (la participación fue del 48,78%). Los candidatos más votados en esa primera vuelta fueron dos outsiders, el profesor de derecho constitucional Kais Saied y el citado Nabil Karoui. El candidato Saied, conocido en los medios desde que en 2011 crease el Centro de Derecho Constitucional para la Democracia y participase activamente en los debates de la Asamblea Constituyente, obtuvo el 18,40% de los sufragios, mientras que Karoui consiguió el 15,58%. Abdelfattah Mouru, candidato de Ennahda, el partido islamista que en las elecciones constituyentes de 2011 había recibido el 37,04% de los votos y en las legislativas de 2014 el 27,79%, no obtuvo más que el 12,88%. Tan sólo otro candidato, el ministro de Defensa, Abdelkrim Zbidi, apoyado por Afek Tounes y el descompuesto Nidaa Tounes, superó el 10% (10,73%). El descalabro de los otros partidos, incluido el del primer ministro Youssef Chahed (Tahya Tounes) con un 7,38%, fue mayúsculo. El antiguo presidente Moncef Marzouki, elegido por la Asamblea Constituyente de 2011, tan sólo obtuvo el 2,97% de los sufragios, mientras que los antiguos primeros ministros en la primera legislatura tras la revolución, Mehdi Jomaa y Hamadi Jebali, únicamente obtuvieron el 1,82% y el 0,22%, respectivamente.

Figura 1. Resultados de las elecciones legislativas del 6 de octubre de 2019
Votos % votos Escaños
Ennahda 561.132 19,55 52
Qalb Tounes 416.004 14,49 38
Partido Desturiano Libre 189.356 6,6 17
Corriente Democrática 183.473 6,39 22
Coalición al-Karama 169.651 5,91 21
Movimiento del Pueblo 129.604 4,52 15
Tahya Tunes 116.582 4,06 14
Unión Republicana del Pueblo 59.924 2,09 3
Aich Tunsi 46.401 1,62 1
Al Badil (Alternativa tunecina) 46.046 1,6 3
Esperanza y Trabajo 45.196 1,57 2
Afek Tunes 43.892 1,53 2
Nidaa Tunes 43.213 1,51 3
Machruu Tunes 40.869 1,42 4
Errahma 40.071 1,4 4
Frente Popular 32.226 1,12 1
Unión Democrática Social 29.828 1,04 1
Corriente del Amor 17.749 0,62 1
Partido Socialista Desturiano 16.235 0,57 1
Voz de los Agricultores 9.366 0,33 1
Listas independientes 46.006 1,6 11
Otros partidos o listas 587.490 20,47 0
Sufragios expresados 2.870.314 97,41
Votos Blancos 26.403 0,9
Votos nulos 49.704 1,68
Votos anulados 207 0,01
Total 2.946.628 100 217
Abstención 4.120.312 58,3
Inscritos/participación 7.065.885 41,7
Fuente: elaboración propia con datos de la Instancia Superior Independiente para las Elecciones.

El grado de desafección política se confirmó en las elecciones legislativas celebradas el 6 de octubre, tres semanas después de la primera vuelta de las presidenciales y una semana antes de la segunda vuelta. La participación cayó del 68,36% en 2014 al 41,7%. Aunque Ennahda se impuso con el 19,63% de los votos, ha ido perdiendo apoyos en las sucesivas elecciones legislativas (en las constituyentes de 2011 obtuvo 1.501.320 votos, pasando a 947.034 en 2014 y a 561.132 en 2019). El segundo partido fue Qalb Tounes (14,55%), la formación creada en junio de 2019 por Nabil Karoui quien, pese a su encarcelamiento, había logrado pasar a la segunda vuelta de las presidenciales que se celebrarían el 13 de octubre.

Ninguno de los partidos restantes superó el 7% de votos en las legislativas, dando lugar a un Parlamento muy fragmentado (20 partidos representados, en ocho grupos parlamentarios, más 12 diputados independientes), lo que hacía presumible la dificultad de obtener una mayoría estable para la formación de gobierno. Nidaa Tounes, el partido vencedor en las elecciones de 2014, sólo obtuvo tres escaños.

Figura 2. Grupos parlamentario de la Asamblea de Representantes del Pueblo (2019)

Junto a la atomización del panorama político, la mayoría de los partidos que obtuvieron representación eran formaciones jóvenes (seis de ellas surgidas en 2019) y los restantes habían sido creados después de la revolución de 2011. Tan sólo Ennahda es un partido histórico que cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria.

Ennahda obtuvo representación en todas las gobernaciones, si bien descendió de 68 a 54 diputados, perdiendo presencia en las grandes aglomeraciones urbanas. Aun así, mantuvo su fuerza en el sur, en las provincias de Gabès, Tataouine, Médenin y Kébili, en las que logró entre el 23% y el 41% de los votos, precisamente allí donde son mayores los índices de paro y de pobreza. El segundo partido, Qalb Tounes, carece de implantación en esas regiones, pero rivalizó con Ennahda en el Gran Túnez y se hizo fuerte en el norte del país (Bizerta, Bèja, Jendouba y Le Kef), así como en algunos puntos costeros de mayor desarrollo como Sfax, Mehdía y Sousse.

Una semana después de las legislativas, tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La participación fue más elevada que en las dos citas electorales de las semanas anteriores, alcanzando el 55,01% (aunque este porcentaje fue cinco puntos inferior al de las presidenciales de 2014). Kais Saied fue el vencedor, con el 72,71% de los votos, lo que le proporcionó una importante legitimidad. 4 Según el sondeo a pie de urna realizado por Sigma Conseil , sus apoyos no habrían venido tanto de los votantes de partidos, como de aquellos que se habían abstenido en las legislativas (estos habrían aportado el 31% de sus votos), mientras que el resto de los sufragios habría procedido de votantes de Ennahda (20,8%), de al-Karama (Coalición por la Dignidad, 7,3%) y, en menor proporción, de Tahya Tounes, Partido Desturiano Libre (PDL) y otros partidos. Este mismo sondeo señalaba la juventud del electorado que había votado por Saied (el 90% de los jóvenes de entre 18 y 25 años, así como el 83% de los que tenían entre 26 y 44 años) y su elevado nivel de instrucción (más del 80% de los de nivel secundario y universitario, frente al 42% de los sin estudios).

Hacia una recomposición de los equilibrios institucionales

Como partido vencedor en las legislativas, Ennahda recibió el encargo del presidente de la República para formar gobierno en noviembre, designando como candidato a primer ministro a Habib Jemli, antiguo secretario de Estado de Agricultura entre 2011 y 2014 durante los gobiernos de la troika y figura próxima al partido. Su intento para constituir un gobierno de personalidades “independientes”, formado sobre la base de la competencia y la integridad, fracasó al ser percibido como una maniobra de Ennahda para camuflar su control e influencia sobre el ejecutivo. Aunque Qalb Tounes respaldó, junto al movimiento al-Karama, la elección de Rached Gannuchi como presidente de la Asamblea de Representantes del Pueblo, el partido de Karoui no apoyó la candidatura de Jemli, quien no consiguió los 109 votos requeridos. Su candidatura sólo recibió el apoyo de los diputados de Ennahda y de los de al-Karama, coalición heterogénea formada en 2019 con un programa que propugna una recuperación de los valores conservadores islámicos, al tiempo que reclama una ruptura clara con el régimen anterior y sus elites. 5

Ante esta situación, el presidente Kais Saied pidió a los diferentes partidos que propusieran nombres entre los que escoger un nuevo candidato que intentase formar gobierno antes de recurrir a la repetición de las elecciones. Entre los propuestos, los tres que obtuvieron más crédito fueron el economista Hakim Ben Hammouda, antiguo ministro de Finanzas entre 2014 y 2015, Fadhel Abdelkefi, antiguo ministro de Desarrollo en 2016, y Elyes Fakhfakh, quien había ocupado las carteras de Turismo y Finanzas durante los primeros años tras la revolución. La elección por el presidente Saied de este último fue inicialmente muy criticada, no sólo por haber sido el candidato que suscitaba menor consenso entre los partidos, sino también por la escasa aceptación que su figura había recibido en las elecciones presidenciales en las que, como candidato del partido Ettakatol, tan sólo había recibido 11.532 votos, el 0,33%. Se especuló sobre si esta elección pudo haber estado motivada por la voluntad del presidente de buscar un candidato débil que le permitiera la puesta en práctica de su proyecto populista de democracia directa a través de un cambio constitucional.

Las transacciones entre los diferentes partidos para la formación de gobierno se mostraron arduas y complicadas. A lo largo de un mes, se vivió un duelo entre Ennahda y el presidente de la República, que reflejaba la tensión entre dos instituciones y dos legitimidades –el parlamento y la presidencia– y entre dos figuras políticas –Gannuchi y Saied–, acusado éste último de querer minar la legitimidad parlamentaria.

En su ronda de contactos para formar gobierno, Fakhfakh dejó fuera a Qalb Tounes, en contra de la posición de Gannuchi, que preconizaba la formación de un gobierno de concentración nacional en el que debía participar el partido de Karoui. Finalmente, en el último momento antes de que venciera el plazo, fue aprobada la propuesta de gabinete presentada por Fakhfakh el 27 de febrero por 129 votos. El nuevo gobierno se sustentaba en un “Memorándum contractual para un gobierno de coalición: un gobierno de claridad y de restablecimiento de la confianza ”, firmado por los partidos Ennahda, Attayar, Movimiento del Pueblo, Tahya Tounes y el grupo parlamentario La Reforma. 6 Fuera del ejecutivo quedaban en la oposición Qalb Tounes, el PDL y la Coalición al-Karama, así como otros pequeños partidos.

El impacto económico y social de la crisis del COVID-19

Los 100 primeros días del gobierno Fakhfakh han coincidido con la crisis del COVID-19. Tras la detección el 2 de marzo del primer caso de contagio, un tunecino residente en Italia, el nuevo ejecutivo adoptó una batería de medidas preventivas: confinamiento de viajeros procedentes del exterior, suspensión del enlace marítimo con Génova a partir del 4 de marzo y de toda conexión aérea y marítima desde el 13 de marzo, interrupción de las actividades escolares, cierre de mezquitas y reducción de la movilidad. Defendida por el nuevo jefe de gobierno, esta política anticipativa fue respaldada por el presidente de la República, quien anunció el establecimiento de un toque de queda entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana a partir del 18 de marzo. La adopción temprana de estas medidas podría haber influido en la limitada incidencia de la pandemia en el país. 7 A finales de abril, se hizo pública una estrategia de desconfinamiento que incluía una primera fase de 20 días, a partir del 4 de mayo, y dos fases de 10 días que concluirían el 14 de junio, tras las que se irían reanudando progresivamente las actividades.

La paralización de la actividad económica (cierre total del 47% de las empresas y funcionamiento exclusivo de las agroalimentarias y farmacéuticas), además de la interrupción del turismo, obligaron a concertar un plan de medidas con la patronal UTICA y con el sindicato UGTT con el que contrarrestar la crisis económica más grave desde la independencia del país. El gobierno aprobó un paquete de ayudas de 876 millones de dólares. Los salarios íntegros de 1,5 millones de tunecinos quedaron garantizados durante el mes de abril, al tiempo que fueron articuladas medidas para facilitar a las empresas el aplazamiento de impuestos y cotizaciones sociales y el acceso al crédito. El despido quedó prohibido por decreto durante el confinamiento, al tiempo que se ampliaron los esquemas de protección social hacia los trabajadores de la economía informal, que en 2018 representaban el 53,4% de la mano de obra, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo .

Para afrontar los costes sanitarios y el impacto socioeconómico de la crisis, el gobierno ha conseguido movilizar recursos financieros en el exterior. En marzo, la UE movilizó un donación de 250 millones de euros e Italia ofreció un crédito de 50 millones de euros. En abril, el Banco Islámico de Desarrollo concedió un crédito de 279 millones de dólares, el FMI aprobó una ayuda de emergencia de 745 millones de dólares y el Banco Mundial de 35 millones. Todo ello contribuirá a aumentar el nivel de endeudamiento externo del país que, en marzo de 2020, rondaba el 80% del PIB.

Las estimaciones del retroceso que sufrirá la economía tunecina durante 2020 varían según las fuentes. El FMI preveía en abril una contracción del 4,3% del PIB, mientras que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) reducía en mayo esa contracción al 2,3%. Para hacerse una idea, en 2011, el año de la revolución que derrocó a Ben Ali, la economía tunecina se contrajo en un 1,9%. La crisis ha evidenciado las carencias estructurales del país: una economía frágil, unos servicios públicos insuficientes y un sistema sanitario al borde de la quiebra, lo que para el jefe del gobierno hace necesario modificar el modelo económico basado en las exportaciones y en el sector turístico.

La pandemia del COVID-19 ha mostrado la pervivencia de las desigualdades socioeconómicas y territoriales que estuvieron en el origen de las protestas antiautoritarias de 2011 en las que se reclamaba dignidad, justicia social y el fin de la corrupción. Aunque, durante los últimos 10 años, las tasas de pobreza han retrocedido, esta reducción ha sido desigual, produciendo un aumento de las disparidades regionales entre las regiones costeras y del Gran Túnez y las del interior del país. De acuerdo con los datos recogidos por el Observatorio Social Tunecino , el número de protestas sociales entre 2016 y 2019 fue de 42.028. La conflictividad social alcanzó un pico de 10.452 en 2017, concentrándose en las regiones del centro y sur del país con un nivel de desarrollo inferior a la media nacional.

El mapa de la propagación de la epidemia reproduce estas desigualdades, afectando con mayor intensidad a las zonas más desarrolladas y abiertas al exterior en las que existe una mejor infraestructura sanitaria. El aislamiento de las regiones del interior y el sur del país ha limitado la propagación del COVID-19, aunque es en estas zonas menos favorecidas donde se han concentrado los movimientos de protesta. El informe del Observatorio Social Tunecino correspondiente al mes de abril recoge 254 movimientos sociales, mostrando cómo el confinamiento no ha interrumpido las protestas. A las reivindicaciones tradicionales, vinculadas a cuestiones como el acceso al agua potable o el acceso al empleo, se han añadido otras protestas relacionadas bien con la distribución de alimentos y de las ayudas sociales para los sectores más golpeados por la crisis, o bien con las desigualdades regionales en el acceso a la salud, así como con el bloqueo que el cierre de fronteras terrestres –como la de Ras Jedir con Libia– ha tenido para el regreso al país de ciudadanos a los que la pandemia encontró fuera.

Las medidas de apoyo adoptadas por el gobierno para tratar de limitar el impacto de la crisis sobre los sectores más vulnerables de la sociedad han puesto al descubierto que cerca de una tercera parte de los tunecinos viven en una situación de precariedad. La población beneficiaria de los diferentes programas de asistencia social (Programa Nacional de Ayuda a las Familias necesitadas, creado en 1986 como medida de acompañamiento al Plan de Ajuste Estructural; y el Programa Amen Social, creado en 2019, para atender a la población con un bajo nivel de renta y a los receptores de pensiones inferiores a 180 dinares tunecinos) 8 es de 3.220.000 personas. Esta cifra sitúa en un 27,5% el porcentaje de la población en situación de vulnerabilidad severa o muy severa. 9

¿Agotamiento de la Segunda República?

Las tensiones entre la Kasbah, el Bardo y Cartago, sedes respectivas del gobierno, de la Asamblea de Representantes del Pueblo (el Parlamento) y de la presidencia de la República, se han exacerbado durante los primeros 100 días del gobierno. El temor a que Fakhfakh pudiera aprovechar la excepcionalidad de la crisis para reforzar la posición de la presidencia del gobierno quedó de manifiesto durante los debates parlamentarios sobre el impacto del COVID-19. El Parlamento retrasó 15 días la delegación de poderes especiales para gobernar por decreto durante dos meses solicitada por el primer ministro, autorizándola sólo por un plazo de un mes y sobre un conjunto de temas más reducido del inicialmente solicitado. Además, se estableció que los decretos aprobados por el gobierno debían ser convalidados por el Parlamento en un plazo de cinco días. Para poder realizar este control, se modificó el reglamento interior del Parlamento, permitiendo la actividad parlamentaria y el voto de los diputados a distancia. Esta situación aplazó hasta mediados de abril la aprobación de 13 decretos urgentes, entre ellos el de apoyo a las categorías sociales precarias y el de las ayudas a las empresas perjudicadas.

El presidente del Parlamento y líder de Ennahda, Rached Gannuchi, mantiene también un pulso con el presidente Saied, pugnando en terrenos como la política exterior, que es uno de los ámbitos, junto a la defensa, en los que la Constitución de 2014 atribuye prerrogativas a la presidencia de la República. El 11 de enero, tras el fracaso en la investidura del gobierno Jemli propuesto por Ennahda, el líder islamista realizó una visita relámpago al presidente turco Erdogán en Estambul, cuyo régimen sintoniza con la ideología islamista de Ennahda. Esa visita fue muy cuestionada por invadir competencias del jefe del Estado. Los contactos mantenidos por Gannuchi con el presidente del Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia, Fayez al-Sarraj, tras la recuperación de una base militar en manos de las fuerzas del mariscal Haftar, a principios de mayo, han reactivado las críticas de las fuerzas políticas de oposición contra el presidente del Parlamento por asumir competencias que no le corresponden. Por su parte, Saied ha aprovechado cuantas ocasiones se han presentado para criticar el sistema de partidos y la labor del Parlamento, propugnando un sistema de democracia directa al considerarlo más equitativo que el vigente régimen semi-parlamentario.

La idea de un agotamiento de la Segunda República tunecina, surgida de la Constitución de 2014 , es compartida por el secretario general del sindicato UGTT, Nureddin Tabboubi, quien aboga por la celebración de un referéndum para redefinir el sistema político y acabar con la parálisis impuesta por la actual Constitución. A su juicio, el actual sistema hunde al país en la miseria política, económica y social. En este debate, el presidente Kais Saied ha arreciado sus críticas contra un sistema electoral que, en su condición de constitucionalista, considera la base de la partitocracia que impera en el Parlamento, en la que los partidos anteponen sus intereses a los de la voluntad popular. En una cena en la Academia Militar durante el mes de Ramadán, el presidente reafirmó su idea de que “la legalidad no será una manifestación completa de la legitimidad más que si expresa la voluntad soberana del pueblo ”. Un comentarista político en el diario La Presse llegó a hablar de un frente común entre el presidente y la central sindical a favor de un cambio constitucional.

El partido islamista Ennahda, la minoría mayoritaria en el Parlamento, ha llevado a cabo, a juicio de Zouhair Maghzaoui, dirigente del Movimiento del Pueblo, una de las formaciones integrantes de la coalición gubernamental, una política ambigua, con un pie en el gobierno en el que cuenta con siete carteras y otro en la oposición, por su complicidad con el grupo mayoritario de la oposición, Qalb Tounes, partido que ha sufrido ya la defección de un cuarto de sus diputados. La alianza entre Ennahda y la formación de Karoui en la Comisión de Reglamento Interior del Parlamento, que controlan junto con la Coalición al-Karama, se ha concretado en la defensa de una controvertida ley contra el transfuguismo. La discusión de este proyecto de ley ha sido utilizada por el presidente Saied para reforzar sus críticas contra los intereses partidistas, considerándolo anticonstitucional, ya que los diputados son elegidos directamente por el pueblo y no por los partidos. Ennahda aboga por la entrada en el gobierno de este aliado ocasional, Qalb Tounes, argumentando la necesidad de formar un gobierno de unidad nacional para hacer frente a la crisis, en contra de la opinión del propio Fakhfakh y del presidente Saied, quienes rechazan la inclusión en el ejecutivo de fuerzas como Qalb Tounes o el PDL por no compartir los idearios de la revolución de 2011.

El presidente Saied, con prerrogativas limitadas y sin el respaldo de una fuerza política en el Parlamento, ha aprovechado la crisis del COVID-19 para intentar preservar el espacio político que le catapultó a la presidencia de la Republica. En sus declaraciones y discursos, se presenta como el adalid de la cuestión social y defensor de aquellos colectivos que han pagado un precio mayor por el confinamiento sanitario. Para ello, ha instado al gobierno a acelerar el desembolso de las ayudas, ha propuesto la modificación del Código Penal para que los especuladores sean considerados “criminales de guerra” y ha defendido que los bienes y fondos de las elites implicadas en casos de corrupción durante el régimen de Ben Ali sean recuperados por el Estado y distribuidos entre los sectores más necesitados.

Estas disensiones entre instituciones van acompañadas de una fuerte polarización en torno al papel que la religión debe desempeñar en la sociedad. Aunque el partido Ennahda proclamó en su congreso de 2016 que se desvinculaba del ideal de partido religioso, éste ha seguido buscando oportunidades para islamizar la sociedad. Un ejemplo de ello es cuando propuso en diciembre de 2019 una ley para imponer la zakat (el azaque o limosna ritual islámica). Esa propuesta fue rechazada por 93 votos frente a los 74 de Ennahda y su socio al-Karama. La defensa de la laicidad del sistema la lidera el minoritario PDL, heredero del espíritu desturiano, que ha hecho de la recusación de Gannuchi su bandera, aprovechando la desconfianza con la labor del presidente del Parlamento que alcanza, según el barómetro político de Sigma-Conseil (abril de 2020), al 63% de la población.

Conclusiones

La crisis del COVID-19 ha intensificado los desafíos que debe afrontar Túnez. La ausencia de respuestas a las reivindicaciones de carácter social y económico que impulsaron la revolución de 2011, así como la desconexión entre una gran parte de la población y las elites políticas, han impulsado los sentimientos de desafección hacia una transición política que, aunque aplaudida desde el exterior, ha mostrado sus dificultades para mejorar la situación social y económica del país. Los resultados electorales de las elecciones presidenciales y legislativas de 2019 mostraron la atomización del escenario político y la proliferación de opciones y candidatos. Asimismo, quedó patente la falta de identificación del electorado con una fuerza política capaz de abordar las cuestiones pendientes como la justicia social, la corrupción y el reequilibrio regional. El impacto económico y social de la emergencia sanitaria corre el riesgo de acentuar las fracturas dentro de la sociedad tunecina si no tienen éxito los planes de recuperación económica, lo que requerirá un apoyo y compromiso firme por parte de la UE y sus Estados miembros.

En el plano político, la erosión del consenso alcanzado en la Constitución de 2014 sobre el carácter semi-parlamentario del sistema político puede intensificarse si la ciudadanía percibe que sus expectativas siguen sin ser satisfechas. La pandemia ha evidenciado la distancia entre el “utopismo antisistema” del presidente Saied y el “realismo pragmático” del gobierno, presidido por su apadrinado Fakhfakh, que debe hacer frente a una cotidianidad cargada de descontentos y de incertidumbres. Entre éstas últimas está el saber si la magnitud de la crisis empujará al presidente de la República a intentar avanzar en su proyecto populista de sustituir el sistema de democracia representativa por otro de democracia directa. Estaría por ver el impacto que ello tendría en las relaciones con un gobierno con frágil respaldo parlamentario, obligado a gestionar con pragmatismo los desafíos de una crisis socioeconómica que ahonda los problemas estructurales del país. Una refundación del sistema político en clave presidencialista acentuaría las tensiones con Ennahda, partido que desde 2011 ha defendido las virtudes de un sistema parlamentario con el que evitar las tentaciones autoritarias de una presidencia de la República fuerte, como ocurrió con Bourguiba y Ben Ali.

Bernabé López García
Catedrático honorario de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y codirector del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos (TEIM)

Miguel Hernando de Larramendi, Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas (GRESAM) | @mhlarramendi


1 Larbi Chouikha, (2019), “Le processus électoral tunisien en 2019: instabilité institutionnelle et jeu des acteurs”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, nº 27, pp. 170-183.

2 Bosco Govantes (2019), “Túnez – Elecciones legislativas y presidenciales 2019: el abismo de la incertidumbre política”, Observatorio Político y Electoral del Mundo Árabe y Musulmán (OPEMAM), 28/X/2019.

3 Miguel Hernando de Larramendi y Bosco Govantes (2018), “Las elecciones municipales de Túnez de mayo de 2018: contexto y lecturas”, ARI, nº 77/2018, Real Instituto Elcano.

4 Giulia Cimini (2019), “Tunisia’s electoral fatigue and the bumpy road ahead”, Aspenia online, 16/X/2019.

5 Théo Blanc y Ester Sigillò (2019), Beyond the Islamists vs. Secularists cleavage: the rise of new challengers after the 2019 Tunisian elections, Policy Brief 2019/27, Middle East Directions (MED), European University Institute.

6 Integrado por Machrouu Tounes, al-Badil, Afek Tounes, Nidaa Tounes y Aich Tounes.

7 Hasta el 1 de junio se habían contabilizado 1.084 casos de contagio y 48 muertes.

8 Equivalente a 56 euros mensuales.

9 Azzam Mahjoub (2020), Pandémie COVID-19 en Tunisie: les inégalités, les vulnérabilités à la pauvreté et au chômage, Forum tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux.

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