En la fase actual de la crisis en que nos encontramos se plantean nuevos desafíos para el llamado Estado de bienestar (EB) y especialmente para el sistema público de pensiones. La problemática del déficit público con la reducción de los ingresos presupuestarios por la caída de la actividad económica y la consiguiente necesidad de recortar el gasto público para evitar que haya que recurrir a nuevos endeudamientos afecta claramente a los distintos ámbitos de la protección social.
En el caso de las pensiones públicas hay un factor singular por el aumento del paro, que disminuye las cotizaciones con las que se financian las rentas de los pensionistas, según el “sistema de reparto”. Y a esta desproporción, causada por la crisis, entre el número de cotizantes y el de pensionistas se añade otro factor: el de la evolución demográfica, que desde hace años viene provocando diferentes reformas.
La gravedad de la situación actual, por lo que se refiere a las pensiones contributivas, se manifiesta en el déficit que, por primera vez, se registra entre la cantidad dedicada al pago de las pensiones y las aportaciones de la población ocupada, situación impensable hace sólo algún tiempo. Naturalmente estas dificultades se plantean por el mecanismo del “sistema de reparto”, que afortunadamente, no está en cuestión y que, aunque de naturaleza distinta, no son peores que las que también en los momentos actuales tendría el modelo de “capitalización”.
El acuerdo conseguido por el Gobierno y los agentes sociales para la reforma de las pensiones el 27 de enero del 2011 ha sido un paso más en el conjunto de reformas, que se vienen realizando en nuestro país desde 1985. A través de un proceso gradual y flexible, se llegará a establecer en el 2028, como edad legal de jubilación los 67 años, sin excluir incentivos para que los que puedan prolonguen su actividad laboral. También se hará de un modo gradual la ampliación de los 15 a los 25 últimos años cotizados para hacer el cómputo de cada pensión.
Sin negar el acierto de estas y otras reformas que o ya se han tomado o se puedan ir tomando por la evolución demográfica, pues la crisis se superará, nos parece que estamos ante una gran oportunidad para garantizar la sostenibilidad no sólo de las pensiones sino también de todo el sistema de la protección social.
La crisis presente nos muestra una vez más las limitaciones y las consecuencias negativas de atribuir al Estado competencias que superan sus posibilidades. Por eso siempre que tenemos oportunidad llamamos la atención sobre los riesgos inherentes a una mala interpretación de la locución Estado de bienestar. En el sistema de organización social y económica de la Unión Europea, conocido como Economía Social de Mercado (ESM), se considera que el Estado tiene una función propia e irrenunciable de garantizar que los resultados del mercado, como mecanismo principal de la actividad económica, cubran las necesidades de toda la población, pero como lamentablemente habrá grupos sociales que por causas involuntarias no puedan participar activamente en el mercado, el Estado ha de arbitrar los medios para que también a ellos les lleguen los beneficios del mercado. Pero en esta responsabilidad el Estado ha de actuar respetando los principios propios del mercado, lo cual no ocurre cuando en circunstancias como las actuales se recurre a un endeudamiento público excesivo por pretender fomentar un bienestar por encima de las posibilidades de la economía de un país y sin contar y exigir la participación activa de los ciudadanos.
En cada capítulo de la protección social, según las reglas establecidas, se ha de contar con la presencia activa y responsable de la ciudadanía y, por lo que se refiere al tema de las Pensiones contributivas, esto es particularmente necesario para garantizar su sostenibilidad.
Pensamos, pues, que para garantizar el nivel de vida de los futuros pensionistas se debería complementar el “sistema de reparto” fomentando eficazmente planes individuales, según las posibilidades de cada ciudadano lo cual se hace ya en algunos países. Con ello se pondría en práctica un principio fundamental de la Economía Social de Mercado de que el principal valedor ante las circunstancias de la vida ha de ser el propio ciudadano. De esta manera, se conseguiría el equilibrio entre un sistema público viable, al margen de las tendencias demográficas, y un nivel de bienestar con el que cada ciudadano, además de contribuir con sus cotizaciones a la financiación de los pensionistas coetáneos, se aseguraría, según sus posibilidades, la pensión deseada para cuando se jubile.
Por E.M. Recio, profesor honorario de ESADE.