Nos encontramos ante una nueva crisis energética. Tal como sucedió en los años 1973 y 1978, entramos en un periodo de cambios en el comportamiento de nuestra sociedad desde el punto de vista energético. La escalada de precios afectará a toda la economía y muchos sectores esperan resolver la cuestión con ayudas de la Administración.
Desde hace tiempo, se sabe que, por lo que respecta a la energía, los precios tienen que reflejar los costes. Es el camino por el que el usuario modifica el uso de la energía, ahorrando. No hacerlo o retrasarlo pasa factura a la economía. Tenemos experiencia de ello en las dos crisis anteriores. Ciertos sectores sociales piensan que no hay que aplicar aumentos de tarifas. El camino está abonado para la demagogia a la que hay que responder con claridad.
Si bien en la gasolina, el gasoil y el gas la aplicación de los precios es automática, en la electricidad aún no es así. El mercado de electricidad es libre para los grandes consumidores, dejando el resto del mercado a precios de tarifa. A pesar de que también existe un mecanismo por el que los precios deben revisarse automáticamente, desde que se puso en marcha, el Gobierno ha evitado su aplicación estricta, siempre por cuestiones políticas.
Por lo tanto, ahora nos encontramos con que los precios de tarifa regulada están lejos de los precios que se configuran diariamente en el mercado eléctrico, engrosando así el déficit tarifario. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha propuesto una subida al Gobierno para ajustarlo. Este ascenso hoy hace mucho daño a la economía; es un aumento que fomenta todavía más la inflación y que llega cuando la economía tiene problemas para resistir. La tentación de hacer trampa es, pues, real. Y en estos temas ni se puede esconder la cabeza bajo el ala ni tenemos que llevarnos a engaño.
Un argumento fácil es decir que una parte de la infraestructura eléctrica no debería ir a cargo de la tarifa, sino a cargo de los presupuestos del Estado. El mismo argumento se ha escuchado en el Agència Catalana de l'Aigua (ACA) hablando de infraestructuras hidráulicas. Ni es bueno evitar dar la señal adecuada al consumidor ocultándole costes ni los presupuestos son ilimitados.
El anterior secretario de Energía, Ignasi Nieto, tenía una auténtica obsesión por acotar los precios eléctricos. ¿Podemos actuar todavía para bajar los precios en el mercado? Parece que sí. Por una parte, se puede actuar en el propio corazón del funcionamiento del mercado eléctrico. Hay que preguntarse por qué la generación nuclear y la hidráulica tienen que formar parte del mercado eléctrico cuando no siguen ninguna regla de mercado. En un mercado libre, si un componente tiene beneficios extraordinarios, la consecuencia es el aumento de la producción de este elemento. En el caso eléctrico, el efecto sería la construcción de nuevas centrales nucleares o de más pantanos a partir de los elevados márgenes de hoy. Pero esto no es así porque la Administración no otorgará permisos para realizar ninguna de las dos generaciones, ni es posible por cuestiones sociales. Por tanto, si ninguna de las dos generaciones siguen reglas de mercado, no tienen nada que hacer en una lonja de precios con reglas de mercado libre. Es razonable, pues, separar esta generación de la formación de precios y remunerarla a precios fijos basados en sus costes de producción.
Por otra parte, puede mejorarse la eficiencia del sector eléctrico. Me refiero a allanar la curva de demanda eléctrica. La diferencia entre el consumo valle y el consumo punta en España es de 1,5 veces, pero en Francia es de 1,2; suministrar la demanda punta significa más pérdidas de sistema y tener más generación disponible. La doble tarifa doméstica que se legisló ahora hace un año y medio implica el cambio de todos los contadores. Es urgente definir el plan de este cambio que posibilite en un plazo de un año este ajuste. En la misma línea, también se puede trabajar para no tener que recurrir a generación eléctrica sujeta a restricciones técnicas: desde resolver cuellos de botella en la red y aplicar la interrupción a clientes de menor potencia que la de ahora, discriminando por áreas específicas de red, hasta mejorar las conexiones eléctricas con Europa. Generar el último 20% de la curva de consumo es carísimo.
Todo ello sin olvidar que hay que impulsar el ahorro en todos los actores empresariales y domésticos. El Gobierno piensa introducir una tarifa llamada social. Puede ser un argumento que le ayude a defender la necesidad del aumento de la tarifa. Pero desde el punto de vista técnico es una injusticia. Porque facilita al sector beneficiado no hacer el esfuerzo de ahorro y adaptación a los nuevos tiempos, y porque carga esta diferencia sobre el resto de la sociedad. La redistribución social hay que hacerla con las rentas, no vía tarifas. Este camino solo introduce confusión y falta de control.
Con estas reflexiones es bueno preguntarse quién defiende los intereses de los 45 millones de usuarios ante la Administración, frente a la presión de las tres eléctricas. ¿Puede Foment del Treball en Catalunya defender estos intereses con su president, consejero de Fecsa Endesa? ¿Puede la CEOE hacer esta defensa de los usuarios y a la vez también la defensa de las eléctricas que tiene en su ejecutiva? Ahora más que nunca tenemos que encontrar senderos con patronales que nos permitan compensar la presión de las grandes empresas.
Joan Vila, cátedra de Energía de la UG.