Crónica de un secuestro anunciado

Mi primer recuerdo, al hablar del secuestro del ‘Alakrana’, es para los marinos del buque, sus familiares y los armadores que viven con preocupación la suerte que pueden correr las personas retenidas. Vaya desde aquí, para todos ellos, mi solidaridad, cariño y compromiso. Seguiremos haciendo cuanto esté en nuestras manos para evitar que nadie pase otra vez por un trance semejante.

El secuestro del ‘Alakrana’ no es fruto de la casualidad. Los piratas de Somalia saben que los atuneros con pabellón español son los más desprotegidos de la zona. No secuestran pesqueros franceses o italianos, porque llevan militares a bordo. Por eso han intentado, y ahora lamentablemente conseguido, hacer presa en el buque bermeano. En consecuencia, la solución que planteamos, embarcar infantes de marina, ha demostrado su eficacia.

Frente a las peticiones de marinos y armadores que EAJ-PNV apoyó en las instituciones en que estamos presentes, el Gobierno español afirma que legalmente no puede ofrecer este servicio y propone que se contrate seguridad privada. Nos consta que el Ministerio de Defensa dispone de informes jurídicos que avalan la posibilidad de prestar a los pesqueros la misma protección que ofrecen Francia o Italia. Los armadores han ofrecido pagar el coste adicional de este operativo. Hoy, además, no hay condiciones jurídicas, pero tampoco técnicas, para cubrir este servicio con seguridad privada. A demandas de los armadores, Defensa respondía la semana pasada que «estamos agilizando los trámites para que esto sea posible». No hay personal civil cualificado para desempeñar esta tarea. Además, me llegan noticias de que debemos estar muy atentos al currículum y la trayectoria de las empresas que se están postulando para, en el futuro, prestar este servicio.

La ministra de Defensa dio en el Congreso otros dos argumentos para negar la protección que solicitan los atuneros. El primero, el coste. El segundo, que la pesca es una actividad privada y que debían ser sus beneficiarios quienes corriesen con los costes de la protección. Defender los atuneros de los piratas cuesta a las arcas públicas 75 millones de euros al año, según la ministra. Lo que no cuenta es que esa cifra financia toda la participación española en el operativo internacional Atalanta que se diseñó pensando en la marina mercante y no en la pesca, como esta misma semana reconocía en el comité de pesca del Europarlamento un representante de la Comisión Europea. Por lo tanto, esa cantidad no es imputable a las limitadas operaciones de protección de los atuneros.

El transporte de mercancías por vía marítima es una actividad desarrollada por empresas privadas. No ha habido problema alguno para dar cobertura con medios públicos a los centenares de compañías y miles de barcos que realizan esta actividad por el cuerno de África. ¿Puede alguien explicar por qué el cabotaje, actividad netamente privada, es protegible, y la pesca de altura no? Además, ¿qué hace la Ertzaintza cuando incrementa las patrullas en un polígono industrial porque se lo piden los empresarios tras una oleada de robos?

Quizás a alguien se le ocurra ahora decir que la operación Atalanta no defiende a las empresas de transporte marítimo, sino el derecho a circular por el mar con la libertad y seguridad que garantizan las leyes internacionales. Exactamente lo mismo ocurre con la actividad de los atuneros. La flota pesquera afectada por los ataques faena al amparo del acuerdo de pesca para el Océano Índico meridional, aprobado por la Unión Europea el 29 de septiembre de 2008. Las fragatas, los infantes de marina, los aviones y el aparataje que los acompaña deberían garantizar la aplicación de este acuerdo. No están protegiendo actividades privadas, sino la vigencia y derechos que se derivan de un documento del que España es signataria, en tanto pertenezca a la UE.

Los datos que acabo de exponer me sugieren cinco conclusiones: La primera es que la prioridad absoluta para todos es la liberación de los tripulantes del ‘Alakrana’. La segunda, que su apresamiento es la crónica de un secuestro anunciado. La tercera, que no hay soluciones para el resto de la flota. La cuarta, que no hay explicación razonable para la inacción del Gobierno de España en este tema. La quinta, que el Gobierno vasco no ha estado a la altura de las circunstancias. Esperábamos de él, desde el lehendakari a la consejera del ramo, una acción más decidida en defensa de los intereses de los ciudadanos a los que gobierna y nos hemos encontrado con el abogado defensor de las incomprensibles posiciones del Gobierno de España. No me queda sino desear que cuando lean estas líneas los marinos del ‘Alakrana’ estén en libertad y el resto de la flota pueda volver a faenar en las condiciones de seguridad que merece.

Izaskun Bilbao Barandica, europarlamentaria de EAJ-PNV.