Crónica de una amnistía fiscal chapuza e inconstitucional

“Tempus irreparabile fugit”, el tiempo pasa irreparablemente. Este clásico adagio romano es perfectamente aplicable a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado ocho de junio. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional declaraba nula e inconstitucional la amnistía fiscal del PP de Montoro y Rajoy, con el apoyo de CiU, que además no era necesario para la aprobación de la medida, ya que el PP tenía mayoría absoluta. Habían pasado más de cinco años desde que el Gobierno del PP, el 30 de marzo de 2012 aprobase la “declaración tributaria especial”, en la que a los defraudadores que se acogiesen se les perdonaban los impuestos debidos a cambio de un módico, y teórico 10%.

Esto era una amnistía fiscal, aunque el PP se ha resistido hasta ahora a llamar a la cosas por su nombre. Además, era una medida “injusta”, “impresentable” y “antisocial”, e iba frontalmente contra el principio constitucional de justicia tributaria consagrado en el artículo 31 de la Constitución. Ahora es fácil decirlo, pero estos eran los términos literales del Comunicado de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del mismo 30 de marzo de 2012, el día que el Gobierno del PP aprobó el Decreto Ley de amnistía fiscal. Este comunicado también criticaba que “a los que pagan impuestos se les suban”, y “a los que no los pagan, se les perdonen”.

Probablemente, no se pueda resumir la esencia de la política fiscal del PP en menos palabras. Palabras, que por supuesto me costaron varias broncas, y alguna otra consecuencia, a mí como portavoz y secretario general de la Organización de Inspectores. Era algo que sabía que iba a pasar porque era perfectamente previsible, y precisamente por esa razón volvería a emitir el comunicado. En fin, prácticamente todo en este proceso chapucero de amnistía fiscal era perfectamente amargo y previsible. Por ejemplo, que la amnistía era inconstitucional, tanto en la forma como en el fondo, y que era una cuestión de tiempo que así se declarase. Y la prueba es que la inconstitucionalidad estaba avisada desde incluso antes de que se publicase en el BOE el decreto ley.

Por eso, lo único que sorprende es que al Gobierno del PP le haya sorprendido la Sentencia del Tribunal Constitucional. Por una parte, hacer una amnistía fiscal mediante decreto-ley es claramente inconstitucional. La razón es bastante elemental: los decretos leyes, según se establece en el artículo 86 de la Constitución, no pueden regular los derechos y deberes fundamentales del título I de la Constitución. Entre estos deberes, está el deber fundamental de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, contenido en el artículo 31 de nuestra Carta Magna. Resulta evidente que perdonarle los impuestos, multas, recargos e intereses a los defraudadores, sustituyéndoselos por una tarifa plana, teóricamente del 10%, afecta, y de forma sustancial al deber de contribuir de estos defraudadores fiscales.

Esto para el ministro portavoz Méndez de Vigo, es un “mero defecto formal”, motivado por las prisas para que la amnistía entrase en vigor. Que ni el Congreso ni el Senado, por el que ni llega a pasar un decreto ley, puedan tocar una coma a una amnistía fiscal es algo más que un mero defecto formal. O por lo menos, debería serlo para un demócrata que piense que los impuestos sólo puede establecerlos la representación de los españoles, que está en las Cortes Generales y no en el Gobierno: “No taxation without representation”.

Por otro lado, la extraordinaria y urgente necesidad de la amnistía fiscal en la práctica no existió. Nadie se pudo acoger a la amnistía fiscal entre el 30 de marzo y el 4 de junio, día en el que se aprobó el modelo de declaración. En ese lapso de más de dos meses se puede perfectamente tramitar una ley por procedimiento de urgencia, especialmente si se dispone de mayoría absoluta en Congreso y Senado, como era el caso del PP en 2012. En realidad, lo único que el PP quería evitar era el debate y la publicidad mediante una chapuza lamentable. A la vista está que no lo consiguió.

El decreto ley que establecía la amnistía era una inmensa chapuza, pero sólo fue el comienzo de una larga cadena de despropósitos. Así, se permitió declarar el dinero efectivo en la amnistía fiscal, aunque evidentemente no se pudiese probar que el efectivo se hubiese obtenido en el periodo de regularización, es decir antes del 31/12/2010. Esto hizo que algunos defraudadores declarase renta de 2011 y 2012 en la amnistía fiscal, en lugar de hacerlo en la correspondiente declaración ordinaria, perjudicando a los ingresos del Estado. Lo peor es que como el efectivo no es rastreable, con esa medida se facilitaba el blanqueo de capitales, es decir la reintroducción en el circuito legal de dinero procedente del delito. Esto era amargo y previsible, y lo advirtieron varios inspectores incluso en los medios de comunicación…

En un país donde existen mecanismos para que algunas rentas elevadas no paguen elevadas facturas fiscales, sólo se iba a acoger a la amnistía fiscal “lo mejor de cada casa”. Por esa razón, tampoco ha sido extraño que muchos apellidos ligados a casos de corrupción, especialmente cercanos a los partidos que aprobaron la amnistía fiscal, PP y CiU (actual PDeCAT), estén entre los que se acogieron a la amnistía fiscal.

Incluso así, lo más impresentable de toda esta cadena de despropósitos fue el ilegal informe de la Dirección General de Tributos, que permitió a los defraudadores de la amnistía fiscal no pagar el impresentable e inconstitucional 10% previsto en el Decreto Ley, sustituyéndolo por un ridículo 3%. Esto atacaba al único objetivo por el que el Gobierno afirma que se hizo la amnistía fiscal: la recaudación fiscal, que de hecho se quedó en menos de la mitad de lo previsto. Éste es uno de los puntos fundamentales que Montoro debería aclarar en el Congreso, como hemos exigido desde Ciudadanos desde el mismo momento en que se conoció la sentencia del Constitucional. Y no sólo debería aclararlo por decencia, sino porque si no lo hace, la única explicación que hay a todo esto, es que se hizo una amnistía para amiguetes y compañeros de partido.

Por cierto, el más ridículo e impresentable argumento en defensa de la amnistía fiscal es que “la amnistía ayudó a evitar la catástrofe del rescate a España”. Por una parte, España se vio sometida a un rescate parcial, materializado en el Memorándum de Entendimiento (MoU), que se puede consultar aquí: (BOE del 10/12/2012). Por otra parte, la amnistía pretendía recaudar 2.500 millones, y finalmente recaudó 1.193 millones. España tuvo un déficit en 2012 de 108.886 millones de euros, unas 90 veces la recaudación de la amnistía. Seamos serios, el rescate total de la economía española lo evitó el Banco Central Europeo comprando en los mercados deuda pública española (y de otros países), y en una cuantía infinitamente superior, en cientos de veces, a la recaudación de la amnistía fiscal. Como guinda, la recaudación de la amnistía fiscal llegó en noviembre de 2012 en más de un 90%, cuando ya no había riesgo de rescate total.

En fin, lo más relevante de la sentencia del Tribunal Constitucional es precisamente lo que no es la inconstitucionalidad derivada de la chapuza formal, sino la derivada de razones sustantivas. El Tribunal Constitucional señaló que: la amnistía fiscal supone “la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”. El TC también declara que “en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal”, con la amnistía el Gobierno validó “la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”, haciendo que los defraudadores estuviesen “en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

Esto declarado por unanimidad del Tribunal Constitucional, y siendo ponente, además, un exdiputado del Partido Popular, el magistrado Andrés Ollero, no indica que la amnistía fiscal tuviese un mero defecto formal, sino que era una vergüenza, una indecencia e intrínsecamente injusta e inconstitucional, como algunos habíamos dicho reiteradamente desde hace más de cinco años.

Ciudadanos exigió en el acuerdo de gobierno con el PSOE, autor de otras dos amnistías fiscales, y en el acuerdo de investidura con el PP, que se procediese a la comprobación masiva de la amnistía fiscal. Si se hubiese hecho, ahora la sentencia sería aplicable a los defraudadores porque los expedientes estarían en curso.

Ésta es otra de las cuestiones que el Ministro Montoro debería explicar en sede parlamentaria, como hemos exigido desde Ciudadanos. Hay tantos aspectos opacos en la amnistía fiscal que, por salud democrática, es necesario dar un paseo por la oscuridad, como expliqué en mi libro ‘¿Hacienda somos todos?‘. Entonces concluía, algo que los hechos tristemente han demostrado: “Una amnistía fiscal nunca es una vía de salida de la crisis fiscal sino un hito más de una crisis moral e institucional”.

Francisco de la Torre Díaz es diputado y portavoz de Hacienda de Ciudadanos. Ex-secretario General de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.

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