Crónica de una injusticia recurrente

In memoriam del General Alonso Manglano

Para iluminar las sombras que permanecen en las hemerotecas sobre la figura del general Emilio Alonso Manglano tras su muerte, el autor de estas líneas se siente obligado a evocar algunos recuerdos indeleblemente grabados en su memoria, durante los dos lustros que fue su abogado en todos los procedimientos penales que injustamente padeció, pues las hemerotecas no siempre merecen ser consideradas el principal protocolo notarial de la Historia y sí, en cambio, testimonio de mentiras, chantajes, pasiones e intereses generadores de injusticias.

La primera causa penal en la que fue juzgado dos veces en la Audiencia provincial de Madrid (en mayo de 1999 y en abril de 2005), fue el procedimiento derivado de las grabaciones de escuchas aleatorias de teléfonos móviles en la sede central del CESID –hoy CNI–, grabaciones instadas y conservadas por el teniente coronel Alberto Perote que, tras ser expulsado del Centro, las sustrajo y finalmente entregó al diario de Madrid que, al publicarlas, generó la inmediata prisión preventiva y la condena del exespía en un procedimiento penal militar en el que asumió su defensa un abogado, cuyo nombre se omite por haber fallecido, que también era letrado de confianza de otro personaje de relieve.

Este procedimiento fue inicialmente sobreseído por el juzgado de instrucción nº 43 de Madrid, pero la Sección 15ª de la Audiencia provincial revocó el auto de archivo ordenando reabrir la causa, actuación claramente contaminante de su imparcialidad que no impidió a los magistrados celebrar finalmente el juicio en el que se condenó a Alonso Manglano y a los demás acusados –incluido Perote–, condena que confirmó el Tribunal Supremo en 2001. En 2004 el Tribunal Constitucional declaró nulos el juicio y la sentencia, por estimar la concurrencia de parcialidad objetiva en los magistrados enjuiciantes, que deberían haberse abstenido de juzgar esa causa por su citada implicación inculpadora durante la instrucción. En abril de 2005, al repetirse el juico, el nuevo tribunal condenó sólo a Perote como autor del delito contra la intimidad de las comunicaciones. Fue pues finalmente este exespía el único condenado en los dos procesos: en el militar y en el ordinario.

Otro procedimiento que también supuso un nuevo calvario para el general, fue el enjuiciado por la Audiencia provincial de Álava que le condenó, junto a su sucesor Javier Calderón y otros agentes del centro, por escuchas ilegales en la sede de HB, si bien poco después el Tribunal Supremo absolvió a ambos en abril de 2004, al estimar el recurso de casación que se interpuso contra la sentencia de Álava.

Y tras esta reseña de los mencionados procedimientos, es el momento de centrar la atención en los relativos a los GAL, pues en su seno se produjeron los hechos más graves e injustos que sometieron a Emilio Alonso Manglano a una presión tan intensa como vergonzosa, en el ámbito de una auténtica conspiración próxima al pactum scaeleris. Este capítulo se abre cuando el juez Baltasar Garzón dimite en mayo de 1994 como delegado del Gobierno para el Plan nacional contra la Droga, al designar Felipe González como sucesor de Antonio Asunción en el Ministerio del Interior a Juan Alberto Belloch acumulando esta cartera a la de Justicia. El dimisionario juez Garzón se incorporó de inmediato a su juzgado y reabrió sin dilación las causas de los GAL, considerando que el mejor conducto para llegar al «sr. X» podría ser el exdirector del CESID, tras el frustrado intento de llegar a él a través del exministro Barrionuevo. Para esta nueva estrategia contaba con la colaboración y la presión de Alberto Perote y de su entorno, disponiendo de los documentos que éste había sustraído al mismo tiempo que las mencionadas grabaciones telefónicas. El documento más relevante era una cubierta de un informe en la que figuraba «Pdte. para el viernes», informe que anunciaba el comienzo de acciones violentas en el sur de Francia, y «Pdte.» se interpretaba por unos como «presidente» y por otros como «pendiente».

La incógnita del significado de la abreviatura «Pdte.» se resolvió a favor del general cuando, en marzo de 1997, la Sala 3ª del Tribunal Supremo desclasificó trece documentos auténticos del CESID, entre los que se encontraban los mencionados que Perote había sustraído en fotocopia, comprobándose que dicha portada no correspondía a ese informe relativo al inicio de las acciones violentas en el sur de Francia, sino a otro nada relevante a tales efectos, desvaneciéndose así la falsedad en la que se basaba la imputación a Alonso Manglano, que pasó desde entonces de imputado a ser testigo en todos los procedimientos de los GAL.

Pero mucho antes de la desclasificación, el general fue citado a declarar como imputado ante el juez Garzón, y la tarde antes de su primera declaración el abogado de Perote llamó por teléfono al autor de estas líneas diciendo: «Di a tu cliente que mañana tiene una declaración de alto riesgo. O dice que despachó con Felipe González sobre los GAL, o se va a la prisión militar con Perote».

Advertido el general por este relator del riesgo real o ficticio, pues se non era vero era ben trovato, su respuesta fue: –«Si yo cediera a este chantaje pasaría a la historia con la fama de haber provocado una grave crisis de gobierno, forzando la dimisión de Felipe González, en unas circunstancias en las que ya no tengo nada que perder, al haber dimitido como director del CESID y carecer de expectativas de nuevas oportunidades profesionales. Pero si cediera a este chantaje mentiría, porque nunca despaché con el presidente de Gobierno sobre estos temas».

Asumió en consecuencia el riesgo pero su abogado se puso en contacto con el entonces Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, quien tras recibir tan alarmante información designó para que asistiera a esa declaración a un fiscal distinto del que llevaba ese procedimiento. Finalmente no se produjo la anunciada prisión, a pesar de haber negado Alonso Manglano que despachara con el presidente sobre los GAL.

Otro suceso relevante, que también contribuyó a la realidad del chantaje, tuvo lugar a través de otra llamada del abogado de Perote, que el autor de estas líneas nos sabe si acaeció antes o después de la llamada anterior, posiblemente antes. En cualquier caso, en esta otra llamada le dijo: «Buenos días, he estado en La Moncloa entrevistándome con Felipe González en presencia del ministro Belloch, negociando a “nivel de Estado” en nombre de otro cliente que conoces. Te llamo para que negociemos tu y yo sobre el futuro de tu cliente entre otras cosas, también a “nivel de Estado”».

–«Jesús, yo sólo defiendo a un ciudadano que ya no es cargo publico y él será mi único representado en cualquier negociación. Yo no puedo tener el honor de representar al Estado porque no tengo poderes para ello».

La larga historia procesal del general, como se ha dicho, terminó bien, pero después de diez años de sufrimientos injustos que afectaron a su impoluta fama. De tan trágicas circunstancias le queda a su abogado la satisfacción de haber conocido a un cliente de excepcional categoría humana. Sus virtudes eras las propias de un auténtico militar, con un patriotismo y un respeto por lo público ejemplares, que le permitieron soportar con estoicismo esta persecución. Como anécdota le comentó a este relator un miembro del CESID que, al cesar como director «don Emilio», dejó en el centro, con una nota indicando procedencia y fecha de cada objeto, todos y cada uno de los regalos que durante su mandato había recibido de colegas extranjeros y demás encuentros principalmente internacionales, al considerar que no eran regalos recibidos por sus méritos personales sino sólo por razón del cargo.

Pues bien, si toda absolución o sobreseimiento son, como decía Carnelutti, un error judicial porque esa persona no debería haber sido sujeto pasivo de ninguna imputación penal y del consiguiente «estigma» personal y social, Emilio Alonso Manglano, además de ser víctima de todos los errores descritos, lo fue del relatado chantaje continuado durante dos lustros, maltrato más inmerecido si se considera su condición de caballero especialmente honorable y de fiel servidor del Estado. Que descanse en paz y que este modesto homenaje póstumo sirva de testimonio público ante sus hijos y demás familiares, en compensación de la ingrata soledad que le acompañó tras su dimisión como eficiente director del que hoy es el Centro Nacional de Inteligencia, rodeado de infamias al resultar perseguido por la Justicia, cuando muy pocos sabían que era una persecución injusta, y sirva también esta crónica para que toda la sociedad reciba con sentido crítico todos los mensajes informativos de los medios, pues con frecuencia las apariencias siguen engañando.

Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal y abogado del general Alonso Manglano.

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