Las agendas políticas en Euskadi no han sido siempre coincidentes con las de los modos de ver y proponer prioridades de los grandes partidos españoles. La tradición ha sido más bien la contraria. Por eso ahora resulta en cierto punto sorprendente, también desde una mirada vasca, la expectativa generada en torno a una eventual adecuación del discurso del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy a las demandas relativas a la política penitenciaria.
El futuro de los presos de ETA no estaba en las primeras páginas de la agenda del proceso vigente. En esas primeras páginas estaban la imperiosa necesidad de un final declarado de la violencia, dictado por la no menos imperiosa necesidad de rehabilitación política de la izquierda aberzale. Estas primeras páginas constituían lo que la propia estrategia política del mundo radical asumía como fase unilateral. Una fase marcada por un vaciado de contenido de la estrategia político-armada que implicó el compromiso de ETA de suspender la actividad violenta en todas sus formas de modo definitivo. Se ha acompañado de declaraciones expresas que abogan por el reconocimiento de las víctimas de esa violencia y por la sustanciación de un nuevo movimiento social soberanista que agrupe bajo el paraguas de una nueva plataforma política a un espectro más amplio del núcleo duro de lo que fue Batasuna.
Son páginas importantes, pero se han pasado demasiado deprisa y no han dejado el poso debido. Desde luego no en materia de víctimas ni en la de la seguridad del proceso de liquidación de ETA. Pero quienes manejan esa agenda han llegado ya a la fase de reclamar bilateralidad. Y están haciendo de la situación de los presos la piedra clave de esa fase. El asunto del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas en euskera) ni siquiera lo pusieron sobre la mesa en primer lugar las plataformas políticas de la izquierda aberzale (Bildu, Amaiur o la pendiente Sortu). Fue el presidente del PNV, Íñigo Urkullu, quien meses atrás advirtió de que ese asunto debía acometerse superando la excepcionalidad de la disciplina de la dispersión y aplicando a la reinserción de los presos de ETA los mismos criterios sobre cumplimiento de condena y grados penitenciarios que están reconocidos para el resto de presos. El asunto ocupó su lugar en el decálogo de paz del lendakari Patxi López, que hizo suya esa reflexión.
No habiendo llegado primero a este debate, la izquierda aberzale ha elegido llevarlo más lejos. Reiteradamente, ha convertido la demanda de una amnistía en el eje de su discurso. Ha creado en torno a ella una actividad social que proyecta sistemáticamente y que protagonizó una manifestación el pasado 7 de enero en Bilbao, exitosa en volumen, pero decepcionante en sus contenidos. El reflejo de su agenda política en materia de pacificación quedó retratado en los mensajes y los silencios de esa jornada con tres elementos fundamentales e igualmente dificultadores de cualquier consenso: en primer lugar, la ausencia de cualquier atisbo de corregir la exigua e insuficiente apelación al dolor causado por la violencia de ETA; en conexión, la insistente tabla rasa con la que se califica al conjunto de condenados como presos políticos, tengan o no delitos de sangre; y, por último, la ya comentada difusión social de que es posible, oportuno y necesario un proceso de liquidación general de condenas por la vía del indulto global o la amnistía.
En esa estrategia, Sortu-Bildu-Amaiur no han cruzado agendas con nadie. Su hoja de ruta es la estrategia de la reivindicación porque la movilización activa les ha aportado siempre pingües rendimientos en términos electorales. Si de nuevo es ese el objetivo último, el horizonte temporal de las próximas autonómicas se sitúa en un año de plazo, lo que requerirá incorporar algún elemento al discurso (la verificación del alto el fuego lleva ya tiempo dormitando en un cajón y en el futuro próximo alguien la rescatará). Pero si hay una sincera disposición a obtener consensos, debe haberla a entender las agendas ajenas y sus hojas de ruta. Alberto Ruiz-Gallardón dibujó la del Ministerio de Justicia con nitidez y en ella no cabían amnistías, pero tampoco desdijo a sus correligionarios del PP vasco que admiten que la legislación penitenciaria es flexible y da juego a la reinserción.
Objetivamente, el asunto de los presos tiene la capacidad de apuntalar o hacer temblar el proceso de liquidación de ETA. Y, en esta perspectiva, la estrategia de presión constante y fijación de una expectativa irreal con un borrón y cuenta nueva solo será motivo de futuras frustraciones que alimenten las posiciones más extremas y quién sabe si la tentación redentora de algún iluminado dispuesto a liderar otro proceso revolucionario armado. A la izquierda aberzale le hace falta el valor de renunciar a un escenario que domina y encuentra cómodo en la denuncia y la exigencia a los demás. Porque puede serle útil a corto plazo, pero no es más que su propia versión de la ley del embudo y acabará provocando confrontación social.
Por Iñaki González, periodista.