Cuando crece la desigualdad

La literatura económica se ocupa del análisis de la distribución de la renta desde, al menos, tres ópticas diferentes: la personal, la espacial y la factorial. Atendiendo a la dimensión personal, se puede estudiar cómo evoluciona la renta de hogares e individuos en función del nivel de formación, la edad, el sexo y la relación con la actividad (ocupados, parados, inactivos), entre otros aspectos económica y sociológicamente relevantes. En España, la encuesta de condiciones de vida (ECV-INE) proporciona información útil en este sentido, no sólo caracterizando los flujos de rentas que atienden a estos aspectos sino también estimando indicadores como el riesgo de pobreza y la carencia material.

Desde un punto de vista espacial, se analiza la distribución de la renta entre países o regiones, o entre categorías geográficas fundamentales como, por ejemplo, las zonas urbanas frente al medio rural. La orografía, la climatología, la facilidad de acceso a recursos naturales o la proximidad a rutas de comercio marítimo son, junto a aspectos históricos e institucionales, factores que explican no sólo por qué unas economías son más prósperas que otras sino cómo se distribuyen los flujos de renta en un mundo globalizado.

Finalmente, la dimensión factorial reviste singular importancia porque atañe a la distribución primaria de la renta entre los factores productivos, capital y trabajo. Permite analizar cómo el sistema productivo distribuye el valor añadido, previamente a la intervención de las Administraciones públicas que, en una amplia casuística de políticas fiscales, distorsiona las decisiones de los distintos agentes económicos con una finalidad a la vez regulatoria y redistributiva. En tanto que distribución primaria de la renta, la distribución factorial está ligada directamente al conflicto entre eficiencia y equidad, cuestión fundamental en la historia del pensamiento económico desde Smith en el siglo XVIII a Piketty en el siglo XXI, pasando por Ricardo, Veblen, Marx, Schumpeter y Keynes, entre otros muchos autores.

La disminución de la participación del factor trabajo en la renta nacional es un fenómeno que se viene observando en las economías desarrolladas desde hace tres décadas. Está asociado a un deterioro de los indicadores de igualdad, de distribución de la renta, y viene explicado, fundamentalmente, por el progreso tecnológico y la globalización. Si la remuneración del trabajo crece sistemáticamente menos que la productividad, la remuneración del capital incrementa su participación en la renta nacional. Puesto que el capital tiende a concentrarse en hogares con un mayor nivel de renta, la menor participación de los salarios en la renta nacional aumenta la desigualdad.

La evolución de la economía española los últimos años se ha caracterizado por un incremento de la productividad por hora trabajada (derivado del ajuste de plantillas durante la fase más aguda de la crisis) y por una notable devaluación competitiva operada a través de la moderación salarial. La reducción de la masa salarial ha supuesto una reducción de la participación del factor trabajo en las empresas no financieras. En efecto, la distribución primaria de la renta aporta conclusiones relevantes: aproximadamente el 80% del incremento experimentado por el PIB de la economía española entre el primer trimestre de 2007 y el primero de 2017 ha remunerado el capital, frente al 20% al factor trabajo. Como resultado, el peso de los salarios en el conjunto de la economía ha disminuido aproximadamente un punto porcentual de PIB en los últimos diez años. Si nos circunscribimos al perímetro de las sociedades no financieras, como preconiza la literatura, la remuneración de los asalariados ha disminuido su peso en 6,9 puntos sobre el VAB empresarial en los diez últimos años. Este cambio sustancial en la distribución primaria de la renta ha facilitado el desapalancamiento empresarial, saneando parte del tejido productivo de la economía española, y ha proporcionado ganancias de competitividad que tienen su reflejo en la intensa corrección del desequilibrio en la balanza por cuenta corriente. No obstante, también está en el origen de un sustantivo deterioro de la distribución personal de la renta y en el retroceso en la convergencia real, en renta por habitante, con las economías más avanzadas de Europa.

Según la última encuesta de condiciones de vida (ECV-INE), el índice Gini para España ha pasado de 32,9 en 2008 a 34,5 en 2015 (a mayor valor, peor distribución de la renta). A pesar de que la crisis ha provocado un incremento en la desigualdad en otros países de nuestro entorno, España sigue figurando entre las economías europeas con mayor concentración de rentas, sólo superada por algunos países de la Europa del Este.

La misma encuesta estima que la tasa de riesgo de pobreza, que no mide la pobreza en términos absolutos sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la población, ha pasado del 19,8% en 2008 al 22,3% en 2015. Por categoría de edad, el incremento de la desigualdad afecta de manera especialmente relevante a la población comprendida entre 16 y 29 años, cuyo riesgo de pobreza ha pasado del 18,3% en 2008 al 29,6% en 2015. Asimismo, la relación entre la renta disponible del 20% de la población con ingresos más elevados y la del 20% con ingresos más bajos ha pasado de una proporción de 5,9 en 2008 a 6,6 en 2015, poniendo de manifiesto el incremento de la concentración de rentas desde el inicio de la crisis.

Ese deterioro en los hogares de menor renta ha coexistido con un proceso de desendeudamiento que no será más costoso cuando el BCE inicie la retirada de sus estímulos excepcionales. No ha de extrañar, por tanto, la menor aportación del consumo de los hogares a la demanda agregada, unos 30.000 millones de euros por debajo del nivel observado a mediados de 2008, cuando la economía española alcanzó el PIB que ahora recupera. Conviene señalar a este respecto que, siendo la remuneración de asalariados la primera fuente de ingresos de los hogares (75% de la renta bruta disponible), el número de empleos equivalentes a tiempo completo en el primer trimestre de este año es 2,1 millones inferior al de entonces. El resto de partidas de la demanda interna, fundamentalmente la inversión en equipo y el gasto en consumo final de las Administraciones, vienen a representar casi diez años después aproximadamente la misma proporción que a mediados de 2008.

Conclusiones como las anteriores renuevan la vigencia de la tensión tradicional entre eficiencia y distribución, y con ella la necesidad de adopción de medidas de política económica e incentivos adecuados que permitan revertir una dinámica que se aleja del óptimo económico, pero también social y político.

Daniel Fuentes y Emilio Ontiveros trabajan en Afi.

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