Cuando nos limitan nuestra capacidad de generar ingresos limitan también la capacidad de desplegar nuestras políticas sociales, industriales o culturales. El nuevo hachazo del Tribunal Constitucional (TC), al dictado del Gobierno del PP, destinado a cortocircuitar toda nueva fuente de ingresos del Gobierno catalán, es la constatación de la voluntad manifiesta del Estado de perjudicar deliberadamente al conjunto de la sociedad catalana y de someterse a los caprichos, arbitrariedades y ahogo del Gobierno español. En todo caso, tenemos una mala noticia para el Ejecutivo del PP: la Generalitat se compromete a volver a aprobar un nuevo impuesto, y hacerlo de manera inmediata, que mejore el articulado y que suba los tipos impositivos, para contribuir a la financiación de los proyectos audiovisuales del país.
Simultáneamente, el Gobierno del PP también ha decidido intervenir -de hecho estamos intervenidos desde el 2012 con el inicio del FLA- todavía un poco más la Generalitat que, en la práctica, significa añadir más dificultades a la gestión ordinaria de nuestros recursos. El Gobierno del PP, el mismo que se ha fundido la hucha de las pensiones, actúa con criterios arbitrarios y contra la lógica económica y el sentido común, día sí día también.
Nosotros seguiremos haciendo lo que hemos hecho este último año y medio: garantizar el pago puntual a todos los proveedores. Es el Gobierno del referéndum el que ha reducido a la mitad el plazo de pago a proveedores. Y es el Gobierno del PP quien hace diferencias entre comunidades y trata a unos peor que a otros, cuando toma decisiones que discriminan solo y específicamente a la sociedad catalana.
El Gobierno catalán creó el impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector audiovisual y para la difusión cultural digital, en julio del 2014. El tributo, con carácter finalista, tenía como principal objetivo dotar al sector audiovisual catalán de nuevas herramientas de financiación. O dicho de otro modo, la voluntad del Govern era y es fortalecer, dinamizar y ayudar a la producción propia audiovisual en línea de lo que hacen otros países europeos como Francia o Alemania.
Los recursos han servido, en primer lugar para nutrir un fondo dedicado al fomento de la industria cinematográfica y audiovisual; y en segundo lugar a la difusión de la cultura digital. En proyectos que promuevan el acceso de la ciudadanía a internet. Tal como prevé la ley, el sujeto pasivo eran las compañías operadoras de internet, con una cuota fija de 0,25 euros / mes por cada conexión contratada en Catalunya, ya fuera a través de telefonía fija o de dispositivo móvil.
Con la voluntad de velar por los usuarios, el Govern incluyó explícitamente en el redactado de la norma que el nuevo tributo no conllevaría ninguna carga tributaria para los ciudadanos que tienen contratado el servicio de acceso a los contenidos existentes en las redes de comunicaciones electrónicas. Dicho de otro modo, serían y han sido los mismos prestadores de servicios los obligados a pagar la cuota sin posibilidad de repercutirlo en el contribuyente.
Durante estos años el impuesto, que cuenta con el apoyo del sector, ha destinado los 34,6 millones de euros recaudados desde el 2015 y hasta 30 de junio de este año en medidas como la producción de obras; la distribución independiente; la exhibición; la difusión y la promoción de la cultura cinematográfica; la competitividad empresarial; o la difusión cultural digital, entre otros.
La sentencia del TC inhabilita la capacidad, no solo de Catalunya, sino del conjunto de las comunidades autónomas de aprobar tributos propios. El objetivo no es otro que hacernos absolutamente irresponsables y dependientes. Ante la voluntad de la Generalitat de asumir responsabilidades irrumpe el TC actuando de brazo ejecutor del Gobierno del PP. Ante la voluntad de disponer de más recursos y ser más eficientes e innovadores, surge un Estado que toma decisiones que no tienen más pretensión que perjudicar a las instituciones y la sociedad catalana.
Estamos ante un Estado que no hace y que no deja hacer, en el marco de una ofensiva que se acentúa cada día, aunque no es nueva. Recordemos la larga la lista de impuestos recurridos y suspendidos por el alto tribunal: el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear, depósitos bancarios o el euro por receta.
Hay una máxima que guía nuestro día a día: ser eficientes y ayudar a resolver problemas. Desgraciadamente, el Gobierno de Madrid no solo no ayuda a resolver ningún problema, insiste en crear otros nuevos.
Oriol Junqueras, vicepresidente del Govern y presidente de ERC.