Cuando el problema es la prensa

Dice el viejo proverbio chino que sólo los necios miran al dedo cuando apunta a la luna. Esto es lo que está sucediendo con la campaña de deslegitimación que está sufriendo la prensa, que ha coincidido -y no por casualidad- con la publicación de diversos escándalos que afectan al partido en el Gobierno.

Hay, sin duda, un intento de desviar la atención sobre los casos de corrupción que han sacudido a la opinión pública, pero existe también un propósito de matar al mensajero mediante un juicio de intenciones que presenta a los medios como un poder paralelo que socava las instituciones y amenaza la democracia.

En este contexto surge la propuesta de José Manuel Maza, fiscal general del Estado, que sugirió la idea de penalizar a los periodistas que violen los secretos sumariales. Dado que los jueces tienen la facultad de prorrogar indefinidamente la confidencialidad de la instrucción de un procedimiento penal, la prensa tendría vedado informar sobre determinados temas, aunque fueran de la máxima relevancia e interés público.

De aplicarse la lógica de quienes quieren penalizar a los periodistas por revelación de secretos, estaríamos ante la muerte del periodismo porque, de ahora en adelante, prácticamente no se podría informar sobre ningún caso de corrupción. Y de haber estado en vigor esta prohibición, nuestro periódico no hubiera podido publicar ni el crimen de Estado de los GAL, ni el saqueo de los fondos reservados, ni el chivatazo de El Faisán, ni la rapiña de Gürtel o Púnica, ni el enriquecimiento de la familia Pujol.

Pero lo preocupante es que lo que empezó siendo una polémica sobre el equilibrio entre el derecho a la información y la presunción de inocencia, ha acabado por convertirse en un debate en el que se cuestiona abiertamente el papel de la prensa y se justifican medidas legales para amordazarla.

Parece evidente que la iniciativa de Maza no puede prosperar porque no existe una mayoría parlamentaria dispuesta a asumirla, pero lo que subyace detrás es el propósito de crear un clima en la opinión pública para desprestigiar a los periodistas y presentar a los medios como depredadores insaciables que sólo buscan aumentar sus tiradas o el número de clicks.

Quienes sostienen este discurso caen en la falacia de plantear el falso dilema entre el respeto a la presunción de inocencia y el derecho a la información, de tal suerte que los medios deberían guardar silencio para no perjudicar de forma irreparable el honor de las personas. Hay que subrayar al respecto que la primacía de la información está reconocida en decenas de sentencias del Supremo y del Constitucional, que siempre han defendido el derecho a publicar hechos relevantes y de interés público, incluso aunque la procedencia de la filtración sea de origen ilícito.

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, citó a Alemania como un Estado que protege el secreto sumarial frente a la prensa cuando la verdad es la contraria, como explicaba el profesor Enrique Gimbernat, dado que ese país cuenta con un marco legal que ampara el secreto de las fuentes y el derecho de los medios a publicar información relevante.

Aquí hemos visto cómo el juez Zamarriego ordenaba el registro del ordenador de un profesional de este periódico, vulnerando a mi juicio el artículo 20 de la Constitución y la jurisprudencia que amparan el derecho del periodista a no revelar sus fuentes. Nadie ha alzado la voz ante una iniciativa tan insólita y peligrosa.

Esta actitud es excepcional porque la inmensa mayoría de los jueces defiende el trabajo de los periodistas y sería injusto afirmar que la libertad de información está amenazada en nuestro país. La realidad es que en España existe un ordenamiento que garantiza el ejercicio del periodismo con entera autonomía.

Lo que quiero enfatizar en estas líneas es que se ha iniciado una campaña para deslegitimar a los medios de comunicación, sugiriendo que denuncian la corrupción y los abusos de poder para favorecer determinados intereses. Incluso se ha escrito que hemos sido utilizados para desacreditar a Cristina Cifuentes por habernos hecho eco de un informe de la UCO, argumentado que la presidenta de Madrid no está acusada de nada.

Respondo a los que nos critican: yo estoy firmemente convencido de que Cristina Cifuentes es una persona honesta, pero no puedo dejar de publicar como director de un medio un informe de la policía judicial en el que se afirma que una alta autoridad del Estado ha podido cometer presuntos delitos o irregularidades.

Nuestra obligación como periodistas es contextualizar y valorar esa información, incluso poner en duda las conclusiones de ese informe, pero no podemos omitir su contenido salvo que fuera manifiestamente falso o mal intencionado. Los ciudadanos tienen derecho a saber porque ello es inherente al ejercicio de sus derechos.

He comentado en más de una ocasión que los periodistas cometemos errores y que, con frecuencia, nos dejamos llevar por el impacto de la noticia. A veces, los árboles no nos dejan ver el bosque. Pero eso son limitaciones de esta profesión que no invalidan lo esencial de nuestro cometido: informar, sobre todo, cuando se trata de verdades incómodas.

No es una casualidad -y vuelvo a insistir en ello- que es precisamente en el momento en que asumimos la desagradable obligación de denunciar los abusos del poder cuando surgen voces para cuestionarnos y poner en solfa el periodismo. Curiosamente jamás he escuchado reproches sobre nuestro trabajo cuando éste se vuelve anodino y no molestamos a nadie.

Doy por supuesto que los periódicos debemos estar sometidos a un permanente escrutinio y tenemos que reflexionar sobre las críticas que se formulan sobre nuestra labor, pero lo que suscitan los casos de corrupción que han aparecido no es un debate sobre la prensa sino sobre los abusos en el ejercicio del poder.

Lo realmente escandaloso en estos momentos es la conducta de dirigentes políticos que se han aprovechado de su cargo para enriquecerse de forma ilegal y para favorecer a sus amigos y familiares. Y la incapacidad de los partidos para combatir comportamientos no justificables. Pretender desviar el problema a los medios es no sólo una manipulación sino una manera de tomar por tontos a los ciudadanos.

No puede haber democracia sin libertad de prensa. Y éste es el momento de defender este principio y de reivindicar la labor de los medios de comunicación que han denunciado la corrupción en este país a pesar de sufrir amenazas e intimidaciones y a pesar de perjudicar sus propios intereses económicos.

Quienes quieren centrar el debate en la responsabilidad de la prensa están desviando la atención y engañando a la opinión pública. Es difícil de entender que haya periodistas que llenan folios sobre los errores que cometen los medios y no dedican ni un sólo párrafo a comentar la corrupción, el nepotismo y la patrimonialización de los recursos públicos.

Los periodistas no estamos para hacernos famosos o para convertirnos en estrellas de la televisión. Ni siquiera para dar lecciones a los políticos de lo que tienen que hacer, ni tampoco para adoctrinar al Gobierno o a los jueces sobre cuáles deben ser sus decisiones. Estamos para informar. Ese es nuestro oficio y nuestra obligación porque el derecho a la información no nos pertenece, es de los ciudadanos.

Quienes se han arrogado el papel de desprestigiar a la prensa y cuestionar su legitimidad están diciendo al público que mire al dedo y no a la luna. Y están incurriendo en el tramposo juego de la posverdad, que consiste en meter a todos en el mismo saco y en crear un estado de opinión en el que los hechos no importan, a la vez que se desliza que los medios obedecen a una mano invisible al servicio de oscuros intereses.

Nada resulta más útil al populismo que la deslegitimación de la prensa, a la que líderes como Trump caricaturizan y restan toda credibilidad, cuestionando de forma permanente sus intenciones. En España está empezando a pasar algo similar. Por ello, los periodistas tenemos la obligación de defender esta profesión en la que todavía creemos porque, además de ser nuestro oficio, la información sigue siendo el mejor antídoto contra los abusos del poder.

Pedro G. Cuartango es director de ELMUNDO.

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