Ahora que paulatinamente vamos recuperando la actividad investigadora en nuestros centros sería maravilloso que la “nueva normalidad” se tradujera en la simplificación de la burocracia en la investigación. Si hay algo que atañe (y desespera) a todos los investigadores por igual son las enormes dificultades de gestión de sus proyectos y actividades. Recordemos algunos ejemplos recientes: la resolución de la concesión de los proyectos de 2018 se publicó el 28 de agosto de 2019, con efectos retroactivos del 1 de enero del mismo año. Es decir, ocho meses en blanco para muchos grupos de investigación, lo que ha puesto en riesgo la continuidad de muchas líneas de trabajo. Las ayudas complementarias del programa de Formación del Personal Universitario de 2019, para estancias en centros extranjeros, no han sido aún publicadas. El Ministerio de Ciencia comunicó que ‘presumiblemente’ la convocatoria se realizaría en el primer trimestre de 2020 para desdecirse semanas más tarde y la convocatoria vuelve a estar en el aire. Las normas específicas de gestión de los proyectos cambian continuamente, de modo que, lo que era un gasto elegible en el año 1, puede no serlo en el año 2, con la obligación de devolver el importe correspondiente, más los intereses de demora, durante el proceso de justificación.
Con ser grave lo anterior, la gestión de los fondos de investigación se ha visto agravada desde la aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), resultante de la transposición de Directivas Europeas. Pero, a diferencia de otros países vecinos que han optado por un articulado reducido y sintético, en España la ley contiene 345 artículos, más numerosas disposiciones adicionales, lo cual hace su aplicación, cuando menos, compleja. Pensada para la gestión centralizada de organismos administrativos, nacida bajo los casos conocidos de corrupción, está convirtiendo la gestión de los proyectos del Plan Estatal de I+D en un calvario. Porque, si bien en otros organismos administrativos, el abanico de necesidades puede ser limitado y previsible, los proyectos de investigación presentan particularidades y necesidades que hacen que su encaje en esta norma sea casi imposible, dada la especificidad de sus procesos y suministros. Cada investigador, de forma descentralizada – no el gerente o la autoridad académica – es el responsable del buen desarrollo del proyecto y quien conoce el equipamiento y los productos y pasos más adecuados para alcanzar sus objetivos y que pueden depender de múltiples variables. La inadecuación de la LCSP al desarrollo de los proyectos de investigación quedó patente nada más nacer, habiendo sido objeto de remiendos, como la elevación de la cuantía para los contratos menores o la reciente modificación del artículo 118 que los regula.
Mientras tanto, en la era del Big Data, los científicos estamos obligados a adquirir los ordenadores que necesitamos para tratar terabytes de datos mediante catálogos generales, normalmente pensados para equipos de trabajo administrativo. En la era del comercio electrónico, no podemos adquirir suministros por internet, lo que supone dilatación de plazos, precios más elevados y un desesperante tiempo de gestión. Tampoco los viajes (necesariamente ahora muy reducidos, pero que en ocasiones seguirán siendo imprescindibles) se salvan: todos los billetes se deben adquirir por procesos centralizados que, conllevan precios más elevados, gastos de gestión adicionales, y no son fáciles de cambiar ante cualquier eventualidad. Recientemente un director de OPI fue citado a una reunión oficial en otra ciudad. Lo sobrevenido de la situación condujo a que la reserva del hotel superase en unos céntimos la dieta oficial correspondiente. El resultado fue una mañana de gestiones por parte del director, el gerente y el habilitador para ‘legalizar’ la comisión de servicio, de modo que el coste en horas de trabajo del personal involucrado duplicó el gasto ejecutado. Cualquier investigador podría relatar situaciones similares casi a diario.
“Somos conscientes de que vivimos años difíciles, con presupuestos prorrogados y geometrías parlamentarias complicadas. Pero, precisamente porque esto puede mantenerse en el futuro, es necesario poner algunas pequeñas-grandes cosas en funcionamiento automático”
Las dificultades continúan – e incluso se agravan – varios años después de concluido el proyecto. Desde hace años, el proceso de justificación de gasto está externalizado, es decir, es realizado por agentes ajenos a la administración, que desconocen – o prefieren ignorar – la especificidad de la gestión de la investigación. Nada que objetar al máximo control y transparencia, pero a su debido tiempo y con criterios razonables. Actualmente se están revisando proyectos de la convocatoria de 2010 (unos siete años después de la finalización de la mayoría de ellos), lo que obliga a Universidades y OPIS a un esfuerzo administrativo y de gestión mayúsculo: reavivar todas las facturas y (volver a) explicar el porqué de cada gasto, ya sea un taxi, un reactivo, un fungible informático o una visita del experto internacional en el área. Las cantidades no justificadas ‘debidamente’ o cuyo gasto sea considerado no elegible, han de ser reintegradas con un interés un 25% superior al legal en cada momento. Un ejemplo real ilustrativo: un investigador tiene que desplazarse a un país que precisa visado de entrada; el gasto del billete resulta elegible, pero el coste del visado (imprescindible para poder entrar) no, al no estar contemplado en las normas correspondientes. Y se le dice 7 años después. Puede parecer una anécdota, pero las hay a docenas y Universidades y Centros de Investigación se ven obligados a emplear parte de sus presupuestos ordinarios anuales para la devolución al fisco de elevadas cantidades derivadas de la ejecución de proyectos pasados. Mientras tanto, el cumplimiento de los objetivos científicos – que son la razón de ser de la evaluación y concesión de los proyectos – queda minusvalorado y olvidado.
Nuestro sistema de I+D ha dado muestras de una enorme resiliencia. Pero todo tiene un límite. Somos conscientes de que vivimos años difíciles, con presupuestos prorrogados y geometrías parlamentarias complicadas. Pero, precisamente porque esto puede mantenerse en el futuro, es necesario poner algunas pequeñas-grandes cosas en funcionamiento automático. A nuestro juicio, la apuesta por la investigación y su gestión de manera ágil, es una de ellas. ¿Tal vez en la “nueva normalidad”?
Carlos Andradas es Catedrático de Álgebra de la UCM y Rector 2015 a 2019. Valentín García Baonza es Catedrático de Química Física de la UCM. Director del Instituto de Geociencias IGEO (CSIC-UCM). Ricardo García Herrera es Catedrático de Física de la Atmósfera de la UCM y Director de la FGUCM de 2015 a 2019.