Cuando la Constitución salvó a España

Hemos llegado al final del trayecto; se había pronosticado un choque de trenes y lo que se ha producido en cambio es el descarrilamiento de un tren antes de llegar a estación alguna.

El maquinista ha saltado del tren y se ha dado a la fuga después de haber hecho gala de una indecisión y de una falta de dignidad, coraje y entereza que ha sorprendido –y defraudado– a propios y extraños. El tren de la Generalidad independentista decidió acelerar al máximo y después de las vergonzosas jornadas del 6 y 7 de septiembre, procedió a declarar unilateralmente la independencia, no sabemos si simbólica. Era literalmente el último cartucho y duró apenas un minuto; pero fue suficiente para provocar una reacción en cadena.

No se entendía que un ataque tan directo y tan frontal contra nuestra Constitución y en definitiva contra nuestra convivencia no tuviera la respuesta merecida y tuvo que ser el Rey quien, en modo análogo a su padre el 23 de febrero del ya lejano 1981, se erigiera en defensa del orden constitucional y democrático.

Primero fue el pueblo, el pueblo catalán, animado y catalizado por la Sociedad Civil Catalana, quien se puso en pie ante tamaño desmán pidiendo sensatez (seny) y convivencia; luego los creadores de riqueza, las empresas y los bancos, quienes habiendo aguantado hasta el límite de sus fuerzas, iniciaron un innumerable proceso de traslados hacia otras regiones españolas en las que la seguridad jurídica estuviera mejor garantizada. La falta de realismo, los coqueteos con la quimera es lo primero que un gobierno debe evitar y fue lo primero que olvidó el Gobierno de Puigdemont.

Y por fin el Gobierno de la Nación, una vez asegurado el apoyo del PSOE, se decidió a utilizar el artículo 155 de nuestra Constitución, hasta entonces inédito.

Los lamentables sucesos del 1 de octubre, fruto, una vez más, de la ingenua confianza en los desleales, debieron hacer ver al Gobierno que era preferible la vía jurídica a la vía de hecho y la Constitución ofrecía ese artículo 155 para el caso de que «una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», que era exactamente lo que estaba sucediendo.

Nuestra Constitución, hoy tan criticada, nos ofrece pues un camino directo para proteger lo que más nos debe interesar a todos: el interés general de los españoles. La Constitución que instituyó el llamado Estado de las Autonomías (que no soberanías) debía garantizar que los gobiernos de esas parcelas territoriales no fueran en contra del interés general de la Nación, cuya tutela corresponde al Gobierno nacional asegurando así la unidad del ordenamiento jurídico con sus prioridades y jerarquías, y eso es precisamente lo que hace el artículo 155. Creo que pocas veces se ha visto de un modo tan palmario la utilidad de un precepto jurídico para salvaguardar el bien más esencial de una comunidad nacional: su unidad.

¿Cuáles han sido los efectos de esa non nata declaración unilateral de independencia? Los inmediatos los estamos viendo cada día pero, a mi juicio, merece la pena resaltar algunos no tan inmediatos y evidentes.

En primer lugar Europa, la Unión Europea. Los líderes secesionistas han dicho hasta la saciedad que la independencia no tendría por qué implicar la salida de la Unión Europea. Por el contrario, la respuesta de las autoridades europeas ha sido contundente y demoledora: la independencia no solo es incompatible con la pertenencia a la Unión, es su peor enemigo. La reacción de Puigdemont ya la relató Esopo en la fábula de La zorra y las uvas. En segundo lugar la citada huida de empresas. Todavía es posible ver en internet las declaraciones tajantes de líderes independentistas asegurando que no se iría ninguna empresa de Cataluña. ¿Es posible que lo creyeran o simplemente intentaban engañar? Sobran los comentarios.

Un tercer efecto es la quiebra que, según las encuestas, se está produciendo en los nuevos partidos populistas quienes podrían llegar a perder hasta un 25% de los votos, reduciendo nuestro reciente panorama de cuatro partidos nacionales a solo tres. De ser así, se abriría una posibilidad inédita en nuestra historia democrática: la de que en caso de no existir una mayoría absoluta, podría existir un partido-bisagra que no tuviera carácter particularista, quiero decir, nacionalista. Pienso que si se produjera esa hipótesis, podríamos salir ganando no solo en cohesión nacional sino también en eficacia de nuestro sistema político.

Pero sobre todo, creo que se ha producido un efecto taumatúrgico: debemos haber perdido el miedo a cualquier amenaza de secesión. Porque es incompatible con Europa, porque es ruinosa y porque, en definitiva, es imposible en el actual mundo globalizado. De cara al futuro inmediato y más allá de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, tenemos dos tareas: la primera es recuperar los devastadores efectos que se han producido en la convivencia en Cataluña. Un gravísimo defecto de los gobiernos centrales ha sido el permitir que España no estuviera apenas presente en Cataluña; hemos dejado indefensos a los catalanes no independentistas. Debemos ahora demostrarles nuestro afecto y nuestra cercanía y procurar por todos los medios que desaparezca la división que hoy existe en la sociedad catalana. La segunda, si hemos aprendido la lección, es no seguir cediendo terreno a las pretensiones independentistas pues ya hemos visto a dónde nos llevan. Los independentistas no se satisfarán con mayor autonomía o más autogobierno; solo se les satisface con la independencia, por tanto cualquier nueva concesión no hace sino robustecerlos a ellos y debilitarnos a los no independentistas, catalanes y no catalanes. Así sea.

Eduardo Serra Rexach, presidente de la Fundación Transforma España y exministro de Defensa.

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