El actual Gobierno nos dijo, unas semanas antes de los crueles asesinatos de dos españoles que servían a España como guardia civiles, que aplicaría la Ley de Partidos Políticos a la nueva estructura política de ETA cuando «la jugada lo aconseje». Ahora nos andan filtrando, a través de algún periódico, que a lo mejor se deciden por fin a hacerlo cuando empiece la campaña electoral. El tiempo, y los hechos, nos han demostrado que tan desafortunada expresión no fue un lapsus, uno más, de un Gobierno a menudo imprudente. Se trató de una forma, seguramente tan frívola como el autor de la frase, de poner a los ciudadanos, y de paso también a los terroristas, sobre la pista de cuáles eran las intenciones del Gobierno y el valor que le da a la aplicación de la Ley. Esta indiscreción nos descubre, con la nitidez probatoria que otorga la confesión de parte, por qué el Gobierno de Rodríguez Zapatero fue tan desleal al pacto antiterrorista, dejó de respetarlo y lo sustituyó por otro escenario. Zapatero intuyó al inicio de la legislatura que podía protagonizar el fin de ETA haciéndolo «de otra manera». Primero le empezó a estorbar el pacto antiterrorista y la unidad de los demócratas que representaba, luego lo trituró, lo calificó de simple papelito, y se entusiasmó en crear, en solitario o con el apoyo de las minorías, un escenario bien distinto al que promovió la inmensa mayoría de la democracia española hasta 2004 basado en la derrota de ETA sólo con la Ley, pero con toda la Ley.
Y resultó que tras abusar de esa «gran oportunidad», a base de repetirse que era legítimo intentarlo de otra manera, la lucha antiterrorista, en la aplicación de la Ley y del Estado de Derecho, pasó a convertirse en «una jugada». Un juego en el que sus protagonistas, los miembros del actual Gobierno, se autoinvistieron en el papel de habilidosos estrategas, capaces de alcanzar «la paz» y de «salvar vidas», gracias a que se consideraron dotados de prodigiosa astucia en el manejo de unas enigmáticas jugadas que llevarían a cabo con maestría nunca antes alcanzada por los muchos gobiernos democráticos que les precedieron. Por fin llegaron -pensaron ellos y sus incondicionales amigos- unos grandes estrategas que son mucho más inteligentes y eficaces que la Democracia, la Ley y el Estado de Derecho juntos y que en lugar de cometer la vulgar y discreta simpleza de aplicarla con igualdad para todos, sean quienes sean, se lucen en el meritorio afán de protagonizar personalmente desde su genio innato brillantes «jugadas». Es decir, para acabar con ETA ya no se trataba de derrotarla con la Ley, sino de realizar jugadas procesales con la Justicia. Lo grave es que esta vanidosa y altiva jugada significa, en definitiva, jugar con el nervio ético de la Democracia, que es, precisamente, el respeto al Estado de Derecho y la igualdad de todos ante la Ley.
El verdadero problema de esta jugada con la Ley es lo fácil que resulta, para cualquiera que no esté cegado por la vanidosa obsesión de un protagonismo personalista, llegar a descubrir quién juega finalmente con quién. Es evidente que cuando se abandona la unidad de la democracia, por fin alcanzada en España de manera ética y eficaz, y se sustituye por una aventura personal, cuando aplicar o no una ley es fruto de una jugada procesal, se vuelve a dar esperanza a los terroristas, por muy brillante, altiva y aconsejada que sea la jugada.
Conviene saber en qué consiste exactamente la jugada de la que nos habla el Gobierno. ¿Cual es el magistral movimiento de nuestros geniales estrategas en la lucha contra ETA? La primera parte de la jugada estuvo clara. No hace falta ser un lince para saber que el primer compás del juego fue que el Gobierno permitiera a ETA volver a tener concejales y gobernar ayuntamientos. Luego, es verdad, que a los pocos días de entregarles el acta nos explicó el mismo Gobierno que todos esos cargos no sirven ni un café sin que ETA se lo ordene. Así se expresó el preciso Rubalcaba. Pero, de momento, el mostrador y la cafetera se lo ha arreglado el Gobierno; eso sí, pagado con nuestros impuestos. Se hizo en el momento en que deliberada y negociadamente ni se aplicaba la Ley de Partidos a la nueva marca de ETA, ni la ley de cumplimiento íntegro de las condenas a los terroristas. De Juana de paseaba por las calles de San Sebastián.
Se abandonó unilateralmente el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, un instrumento ético, eficaz y de toda la democracia, para tratar de poner nombre y apellidos -ahora simplemente una inicial- al nuevo líder que iba a traer, por fin, la paz. Quizá pudo haber un primer momento de ingenua bondad por parte de algunos. El derecho a intentarlo decían quienes querían justificar el abandono de una senda que se venía demostrando útil. Pero se fue demasiado lejos. ¿Vanidad? ¿Frivolidad? ¿Necesidad de hacer algo distinto e importante? Cualquiera que fuese el motivo, la realidad es que se desandó el camino andado por nuestra democracia, y se hizo con la amable compañía de todos los que se opusieron al muy mayoritario Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Y se dieron pasos que nunca debieron darse. ¿Fue parte de la jugada llamar hombre de paz a Otegi? ¿Fue parte de la jugada nombrar ministro de Justicia al fiscal que en el supremo legalizó el PCTV y que se opuso con su proverbial acritud al pacto antiterrorista? ¿Fue parte de la jugada apartar a los propios compañeros del Partido Socialista que estaban por el pacto, hasta obligarles a defender sus ideas en un nuevo partido? ¿Fue parte de la jugada negar la negociación con ETA que hoy es una vergonzosa evidencia? ¿Fue parte de la jugada decirle a ETA que si se llamaba ANV podía volver a vivir de nuestros impuestos? Todas estas cuestiones tienen una respuesta común indudable: en todo caso fue parte de la jugada abandonar la aplicación de la Ley y el pacto antiterrorista para sustituirlo por un intento personalista.
Para algún miembro del Gobierno jugar con la Ley y la Justicia al servicio de intereses puramente personales, bien cubiertos por el pasaporte que otorga su muy definido sectarismo ideológico, fue siempre una auténtica profesión. Menuda jugada dedicar el puesto de fiscal jefe para perseguir a más de 20 políticos; eso sí, todos del partido opuesto al del Gobierno que le nombró para un puesto gubernamental y entonces vitalicio, como en el franquismo, por cierto. No importa que ninguna de ellas tuviera éxito y fueran todas las artificiales e infundadas denuncias desestimadas por los jueces. Cuando la denuncia política del fiscal «progresista» pero vitalicio se archivaba, la jugada ¡ya estaba hecha! Ya había filtrado la noticia primero, dado una o varias ruedas de prensa después, y atizado con las prepotentes puñetas de fiscal vitalicio la jugada meramente política para desacreditar al adversario político totalmente indefenso ante esas armas nada ajustadas a la Justicia pero eficaces mediáticamente.
Y ahora se atisba la segunda parte de la jugada que quedó clara gracias, de nuevo, a la temeraria indiscreción de ese reciente miembro del Gobierno. Se trata, por un lado, de ir filtrando a la prensa que parece que el Gobierno se va a decidir, por fin, a aplicar la Ley de Partidos e iniciar la ilegalización de la mitad de ANV que no quiso ilegalizar hace seis meses. Incluso se pone fecha al día en que esa jugada se considera más rentable: coincidiendo con el inicio de la campaña electoral. Parece que una parte de la jugada gubernamental consistirá en aplicar la Ley de Partidos que no se quiso aplicar cuando el presidente del Gobierno decía que Otegi era un hombre de paz. Pero eso es sólo una parte temporal de la jugada, porque, por otro lado, el Gobierno nos aclara con solemnidad y en el Parlamento, que en «el futuro» se volverá a negociar. Y para que no quede duda se mantiene en el Parlamento una puerta abierta al diálogo, votando contra una resolución que, en palabras de Ignacio Astarloa el pasado día 12 de Diciembre en el Pleno del Congreso, se limitaba a decir: «Uno: que con los terroristas no se va a negociar nunca. Dos: que los terroristas no pueden ser alcaldes, ni concejales ni financiarse con nuestros impuestos. Tres: que el camino de la derrota pasa por la aplicación de la Ley». A esto dijo no el Gobierno para no dar por finalizada la jugada.
Y al final ésta es la jugada: jugar con la Ley. La aplico, no la aplico. La aplico pero poco, la aplico pero mucho, y además podría dejar de aplicarla. Lo triste es que en este juego pierden siempre la Ley, la Democracia y el Estado de Derecho. La Ley o es Ley y se aplica para todos y por igual o no es nada. Y el Gobierno, en el diálogo con ETA, ha dejado de respetar la Ley para hacer de su aplicación una táctica sin convicción.
Es doloroso tener que contar esta verdad. Pero también hay que hablar de futuro y sabemos que este juego penoso tiene arreglo. España ya sabe cómo derrotar a ETA, sólo con la Ley, sin juego sucio, y nada más que con la Ley, sin jugar con ella ni con los terroristas. Los atajos y las jugadas son dos manifestaciones distintas de un mismo mal: la derrota de la democracia por quienes más obligados están a defenderla, el desprecio a la ética democrática por quien debería encontrar en ella la fuerza que vence siempre al chantaje terrorista. Basta con un Gobierno con convicción democrática, que crea en la fuerza ética de la democracia, en la unidad de todos en torno a la Ley para acabar derrotando a los terroristas. En España, tras tantos años de intentos, sacrificios y algunos errores, ha quedado demostrado cuál es el único camino para derrotar a los terroristas: la convicción ética y no la jugada táctica. Y esto vale para hoy, para el futuro y en el futuro del futuro.
José María Michavila, diputado del PP en el Congreso y ex ministro de Justicia.