Cuando la justicia le pone freno a una tuitera

 El 21 de marzo de 2006, se publicó el primer tuit. Desde ese año a la fecha, Twitter, se ha consolidado como una de las redes sociales con más usuarios activos del mundo. Credit Kacper Pempel/Reuters
El 21 de marzo de 2006, se publicó el primer tuit. Desde ese año a la fecha, Twitter, se ha consolidado como una de las redes sociales con más usuarios activos del mundo. Credit Kacper Pempel/Reuters

Y un buen día le pararon el carro a un tuitero. Ocurrió recientemente en la Argentina, cuando un juez condenó a la mujer detrás de una cuenta anónima de Twitter que utilizó para difamar a un empresario, al que no conocía, pero acusó de delitos que no había cometido.

La historia puede resumirse así: en febrero de 2017, la abogada Mónica Lang, abrió la cuenta @EVAargentina20 —hoy inactiva— y días después empezó a agredir a Marcelo Frydlewsky, quien denunció lo ocurrido ante la justicia al mismo tiempo que inició una investigación propia sobre quién podría ser su agresor anónimo.

El punto de inflexión llegó cuando la tuitera cometió un error en uno de sus tuits que le permitió al agredido descubrir su verdadera identidad.

¿Conclusión? Por primera vez, la justicia argentina sancionó a un usuario de Twitter por sus trinos en la red social. Lang no irá a prisión, pero deberá pagar la publicación de la sentencia en dos medios nacionales y destinar 150 horas a trabajos comunitarios.

Como cabía esperar, la decisión generó ruido en la Argentina y llevó a un debate sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión en una época en la que todo parece valer en las redes sociales. ¿Cómo lidiar con las agresiones, las injurias y las difamaciones? ¿Qué hacemos con las cuentas anónimas, ya sea en Twitter, Facebook o cualquier otra red social? ¿Y con los troles?

Twitter es la puerta del baño público del siglo XXI. Podés toparte con perlas: reflexiones, ideas, humor, poesía y campañas sociales y políticas. Pero también con lo peor: fake news, intolerancia, racismo, xenofobia, pornografía infantil y mucho más.

¿Qué hacer, pues? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Más aún: ¿hay que ponerle cascabel?

La respuesta, como tantas otras veces, debe darse caso por caso. Porque el principio general es la defensa de la libertad de expresión, claro está, pero todo tiene un límite. Así en la vida real como en el virtual.

“Hoy, en sus distintas facetas, Twitter, Instagram o Facebook ocupan un rol fundamental en la sociedad”, planteó el juez que impuso la sanción, Ángel Nardiello, en una entrevista posterior con el portal Infobae. “Te ayudan a encontrar a una persona desaparecida, a realizar una tarea solidaria o encontrarle un trabajo a alguien de forma urgente, pero también son el canal para que las personas imputen delitos a otras sin control”.

El magistrado fue más lejos y se metió de lleno en aguas pantanosas: “Si cuidamos tanto la identidad de la persona, que tenga nombre y DNI (documento de identidad), ¿cómo puede ser que desde las redes puedo suprimir una identidad sin ningún tipo de responsabilidad de la red social?”, dijo. “Hay que restringir ese anonimato”.

La idea puede parecer válida en la teoría. Pero ese anonimato es, también, un elemento vital para proteger a disidentes políticos que desde las redes convocan movilizaciones o buscan informar sin sufrir represalias, como se sucedió durante la Primavera Árabe o hace poco en Venezuela.

Las redes sociales ofrecen oportunidades maravillosas. Como periodista me permiten contactar fuentes potenciales, difundir información sensible hasta los confines de la Tierra, corregir errores y descartar pistas.

Esas mismas redes sociales también favorecen la difusión de mentiras y de las versiones más insólitas y disparatadas. Es parte de las “reglas de juego” del mundo en línea —o al menos así lo entiendo yo—, aunque también creo —como abogado que también soy— que debe haber límites. Cuando se alienta el acoso contra un menor de edad o cuando se difunde la identidad o un video de la víctima de una violación, revictimizándola, la justicia puede y debe actuar para eliminar esos mensajes o, incluso, sancionar a sus emisores.

El abogado del afectado, Jorge Monastersky, celebró el triunfo judicial. “De ahora en más, los tuits con agravios no serán gratuitos”, dijo.

Estos límites pueden abrirles la puerta a potenciales censores de mensajes políticos incómodos. Eso es muy riesgoso en una sociedad democrática. Pero por algún lado hay que empezar.

Twitter, mientras tanto, no emitió aún una posición oficial sobre la sentencia, tampoco ha dado declaraciones la tuitera, quien sí le pidió disculpas al empresario agredido durante una audiencia judicial, gesto que para el juez resultó insuficiente. Por eso le impuso el trabajo comunitario.

Una última reflexión: pese a la sentencia contra la tuitera, el futuro de los agravios e insultos en las redes sociales —el troleo— seguirá su marcha. Porque solo un error garrafal de Lang explica que la atraparan. Si no, continuaría impune como tantos otros que agreden desde la puerta del baño público de nuestro siglo.

Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario de redacción del diario La Nación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Su libro más reciente es La piñata: El ABC de la corrupción, de la burguesía nacional kirchnerista y del ‘capitalismo de amigos’.

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