En América Latina no sólo no existe la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado, sino que, en sentido contrario a la tendencia mundial, los gobiernos de la región están obstaculizando el derecho a interrumpir un embarazo que ponga en riesgo la vida de la mujer o que sea producto de una violación. El ejemplo más reciente acaba de ocurrir en Nicaragua, donde la cancelación del aborto terapéutico fue aprobada de manera expedita con el voto a favor de 52 de los 90 diputados, ninguno en contra y cero abstenciones (el resto de los congresistas no asistió o se ausentó en el momento de votar).
¿Por qué si desde 1893 se permitía el aborto terapéutico, los legisladores nicaragüenses deciden hacer retroceder esa ley? Por la presión de la Iglesia católica. De nada sirvió el exhorto que diplomáticos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea hicieran a los congresistas en una carta dirigida al presidente del Congreso. La misiva, firmada por la embajadora de la Unión Europea, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las embajadoras de Suecia y Finlandia y el jefe de la cooperación de Canadá (entre otros), solicitaba a los diputados una reunión para "dialogar y hacer reflexión profunda y no apresurada sobre el aborto terapéutico, antes de la decisión final que vayan a tomar".
La situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región ofrece un panorama preocupante. Anualmente en América Latina se practican 3.800.000 abortos en condiciones de riesgo, según la International Planned Parenthood Federation. Por eso, más de 5.000 mujeres mueren cada año debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros, cifra que corresponde al 21% de las muertes maternas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud indica que el aborto es la causa primordial de mortalidad materna en la región, y la tragedia no acaba ahí: entre el 10% y 50% de las mujeres que abortan de modo inseguro necesitan atención médica para el tratamiento de las complicaciones. Muertes, infecciones y cárcel son los riesgos que corren las latinoamericanas al recurrir al aborto clandestino.
La interrupción voluntaria del embarazo sólo está plenamente garantizada en tres países -Cuba, Puerto Rico y Guyana- y en cuatro -Chile, El Salvador, Honduras y República Dominicana- está prohibido sea cual sea su causa, pese a que estos países contaban con el aborto terapéutico desde principios del siglo XX.
América Latina ha sido un lugar privilegiado para la intervención del Vaticano que, aliado con los conservadores gobiernos republicanos de Estados Unidos en una "campaña a favor de la vida", ha logrado hacer retroceder legislaciones. Tal es el caso de Chile, que en 1989, durante las últimas semanas de la dictadura de Pinochet, eliminó la excepción del aborto terapéutico que había estado permitida por el Código de Salud desde 1931. En 1997 ocurrió lo mismo en El Salvador, cuya legislación permitía el aborto cuando el embarazo era producto de una violación sexual, cuando la vida de la mujer estaba en riesgo y cuando se detectaba una malformación grave en el feto. Ese mismo año en Honduras se derogaron por decreto los artículos aprobados por el Parlamento que despenalizaban el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas.
Sólo en dos países latinoamericanos ha habido avances en materia legislativa. En Colombia, donde el concordato con el Vaticano prohibía totalmente el aborto, la reforma constitucional de 1992 eliminó dicho acuerdo y en 2006 una acción de inconstitucionalidad logró modificar la ley para que las mujeres puedan abortar cuando un embarazo amenaza su vida o su salud, en casos de violación, y/o cuando se presenten malformaciones del feto. En México, en el 2000, el partido de izquierda PRD amplió las causas de aborto no punible en la Ciudad de México a la salud de la mujer y malformaciones del feto y agilizó los procedimientos judiciales para el acceso al aborto legal. El partido conservador PAN reaccionó con un recurso de inconstitucionalidad. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación legitimó la existencia de esas causas para interrumpir un embarazo.
Lamentablemente, la influencia vaticana sobre los políticos latinoamericanos es impresionante. Un claro ejemplo es la celebración del Día del no nacido, fijada el 25 de marzo, día de la Anunciación, que ha sido declarado oficial en Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Menem, siendo presidente de Argentina, propuso a sus homólogos latinoamericanos firmar una condena al aborto durante la IV Cumbre Iberoamericana, en Cartagena. Al no lograr su objetivo, Menem instauró el Día del no nacido, por lo que recibió una carta de agradecimiento del papa Karol Wojtyla.
Pero lo más desconcertante es que, incluso en una sociedad con menos vínculos con la Iglesia católica, como es el caso de Uruguay, un Gobierno democrático sigue la política del avestruz. El triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2004 despertó esperanzas entre las uruguayas, pues la mayoría de los diputados sostenía una postura a favor de la despenalización. Sin embargo, cuál no sería la sorpresa cuando el socialista Tabaré Vázquez anunció que mientras él fuera presidente no pasaría dicha ley, y que si el Parlamento la llegara a aprobar él la vetaría. Cuando en marzo de 2006 se dio a conocer que la bancada femenina y algunos legisladores varones insistirían, Tabaré Vázquez declaró que no sólo mantendría su decisión de veto, sino que, si el Parlamento levantara el veto presidencial, disolvería las cámaras.
Ante la gravedad de la situación, las feministas se han organizado e impulsan campañas por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. La más masiva, en la que participan organizaciones de 21 países, tiene como lema: Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Y como demanda: Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene.
Marta Lamas, antropóloga mexicana y directora de la revista Debate Feminista.