Cuando ‘londra’ pasa a ser alondra

Es indudable que, en el uso de sus funciones reglamentarias, cualquier diputado o grupo parlamentario puede llevar a cabo las propuestas más sublimes o más necias que se les vengan a sus preclaras y luminosas mentes; las mismas que tan a menudo alumbran, a veces de modo totalmente inesperado, disposiciones legislativas destinadas a enriquecer la vida de quienes debieran ser sus representados, subvirtiendo la realidad al convertir a estos en aquellos; es decir, en unos representados delante de los que, de forma harto sutil, resulta que no son en absoluto responsables. Sucede así porque es probable, por no decir seguro, que, si en vez de ser responsables ante la cúpula dirigente de su partido, los diputados lo fuesen ante sus electores, sus acciones habrían de estar mucho más medidas y decantadas de lo que suelen estarlo con más frecuencia de la considerada prudente.

Por poner a los lectores algún ejemplo que pueda cogerles de soslayo, se recordará aquí la ocasión en la que el hoy algo fragmentado Bloque Nacionalista Galego (BNG) llevó a la Cámara de Galicia una proposición gracias a la que, en sus pruebas de acceso a la universidad, los estudiantes gallegos pudiesen hacer sus exámenes en cualquiera de las tres normativas ortográficas entonces en vigor, más en otras dos que parecían asomar la oreja, o en cualquier otra que lo hiciese en el futuro. Cuando los grupos se disponían a votar a favor de tal medida, se levantó un irónico diputado independiente que, por considerarla en su más democrática extensión, pidió la aplicación de tal norma a los exámenes en español, inglés o francés. Al considerar que eso significaría la admisión de faltas de ortografía y que esa realidad sería la misma aplicada al caso del gallego, la propuesta del BNG, con gran escándalo, fue desechada. Nunca un partido nacionalista había pretendido hacer tanto por la destrucción del idioma que quería defender sin darse cuenta de que debería hacerlo de sí mismo y de unos dirigentes políticos que las hacían sin pensarlas.

UNIÓN PROGRESO y Democracia (UPD) lleva ahora a la Cámara española otra proposición no de ley en la que insta al Gobierno, como otrora hiciera el BNG, a que recupere por ley las denominaciones oficiales en castellano de provincias, ciudades, municipios y accidentes geográficos en las comunidades con lengua propia. A quien suscribe le vienen a la mente aquellos no tan lejanos tiempos del franquismo en los que algunos topónimos gallegos fueron objeto de castellanizaciones como las que ahora pudieran estar siendo reclamadas. Por ejemplo, Niñodaguia (niño da águia) es decir, Nido del águila, fue hermosamente traducido por Niño de la guía, con lo cual algo elevado se vio reducido a poco menos que una estampita de las hermanitas de cualquier orden religiosa surgida alrededor de la figura de un rubicundo y rubito infante, armado con una vela encendida para enseñarnos a todos el camino de la salvación.

Abundan los ejemplos de este tipo y en cualquiera de los territorios españoles con lengua propia, una geografía y un clima singularizados, por no insistir en otro tipo de diferencias, se podrían exponer ahora a tal respecto. Nos limitaremos a recordar otro en gallego: Burato da Londra devino en Agujero de la Alondra, cuando en gallego londra significa nutria y un burato fuese, en esta ocasión, una madriguera, que, en gallego, también se dice tobo. Sería curioso ver, por ejemplo, si a partir de la iniciativa de UPD nombres hermosos como el de Pazo da Golpelleira (Pazo de la Guarida del Zorro) podría incitar a Antonio Banderas a su compra. ¡Ah, qué cosas! Si eso es, como pretende UPD, bilingüismo real, que baje de nuevo el Pentecostés y que lo vea.

Como la propia UPD indica, los topónimos son patrimonio cultural inmaterial y mejor es respetarlos. Cuando las lenguas son utilizadas políticamente, cuando se convierten en un instrumento político, suelen armarse marimorenas que si llevan a alguna parte esta no suele ser nunca grata. No fue, la recuperación de topónimos, tal como afirma UPD, «una forma de esterilización cultural destinada a eliminar todo vestigio del adversario y su cultura», sino más bien una recuperación de la pureza de una realidad construida, como toda realidad humana, a base de palabras. Las lenguas no son enemigas de las otras lenguas, e históricamente el uso que propone la UPD es lo que ha podido convertir en enemigos a unos pueblos de otros. Si podemos aceptar con toda naturalidad que ahora algunos escriban y pronuncien Beijing en español, cuando siempre escribimos y dijimos Pekín, por qué no hemos de decir Lleida donde Lérida. ¿Tan poco esfuerzo se necesita en un caso y tanto en otro?

ESTÉNSE tranquilos los algo arrebatados miembros de UPD que ha de ser el uso, ha de ser la gente ,quien acabe imponiendo el topónimo que la conciencia colectiva dicte, no las disposiciones políticas. Ni siquiera las académicas han de hacerlo. Al menos si es cierto que las academias han de sancionar el uso, han de reconocer y fijar el uso de lo que la sociedad decida, pues son criterios sociológicos los que determinan las realidades lingüísticas y nunca estas o aquellas decisiones impositivamente tomadas.

Por Alfredo Conde, escritor.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *