Hace casi cuatro años, en diciembre de 2017, el entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski enfrentó el primer intento de vacancia por parte de la oposición en el Congreso. Kuczynski, conocido popularmente como PPK, era uno más de los varios políticos peruanos salpicados por los múltiples escándalos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Luego de anunciar públicamente que no renunciaría, PPK sobrevivió a ese primer asalto por poco: hacían falta 87 votos (dos tercios del número total de congresistas) para que la moción de vacancia prosperara, pero los vacadores solo alcanzaron 79.
Para el siguiente asalto, tres meses después, el ahora expresidente no tuvo tanta suerte. El nuevo intento de vacancia en marzo de 2018 no llegó a votarse en el Pleno del Congreso. El 14 de ese mes, un día antes del debate y votación, PPK renunció al cargo cercado por nuevas acusaciones de corrupción y de compra de votos para evitar su destitución, así como por la sombra de duda que se posó sobre el indulto humanitario que había concedido al exdictador Alberto Fujimori.
Si bien en sentido estricto PPK no fue vacado por el Congreso, esos dos intentos y su renuncia final inauguraron la temporada de caza al presidente que se vive en Perú desde entonces.
Menos de tres años después, en septiembre de 2020, el sucesor de PPK, su antiguo vicepresidente Martín Vizcarra, sobrevivió a un primer intento de vacancia en el Pleno del Congreso. Vizcarra había hecho de la confrontación diaria con el Congreso, una de las instituciones menos populares entre los peruanos, su principal —y a ratos única— estrategia política. Al punto de que un año antes, el 30 de septiembre de 2019, había disuelto el poder Legislativo. Sería un nuevo Congreso, elegido en enero de 2020, el que intentaría en dos ocasiones deshacerse de él, y el que finalmente lo vacó por incapacidad moral permanente con el voto de 105 congresistas, 18 más de los que hacían falta para sellar su suerte.
De ahí en adelante, y antes de las elecciones de este año, el Perú sumó dos presidentes más, uno de los cuales no llegó a cumplir una semana en el cargo. Se esperaba, con no poca ingenuidad, que las elecciones generales de 2021 aportaran algo de calma y permitieran al país reencontrar el rumbo en el año del Bicentenario de su independencia.
Ocurrió, por supuesto, todo lo contrario.
Pedro Castillo asumió la presidencia el 28 de julio de este año, luego de largas semanas en que sus rivales políticos gritaron que su victoria era producto de un fraude sin aportar ninguna prueba medianamente convincente. Con ese antecedente, era más que esperable que la oposición intentara removerlo de la presidencia a la primera oportunidad.
Los dubitativos inicios del mandato de Castillo, que no fue capaz de nombrar un gabinete completo sino hasta un par de días después de asumido el cargo y que ha debido cambiar a 10 ministros —incluido un presidente del Consejo de Ministros— en poco más de cuatro meses, no auguraban nada bueno.
Para sorpresa de casi nadie, ha sido incluso peor. A las idas y venidas y contradicciones habituales en sus mensajes, al nombramiento de figuras cuestionables como ministros y otros cargos claves, a su negativa a conceder entrevistas y transparentar las acciones de su gobierno, se han sumado en semanas recientes indicios de corrupción y tráfico de influencias, que involucran a personas pertenecientes a su círculo íntimo.
Pese a que cuando asumió el gobierno se le había indicado ya que no podía hacerlo, el presidente Castillo ha venido despachando de forma clandestina —sin registros publicados— en una vivienda privada, en lugar de en su oficina de Palacio de Gobierno. Ahí ha recibido, según informes periodísticos y la confirmación de algunos allegados, a ministros y empresarios.
Esa revelación, sumada a los casos de posible tráfico de influencias y corrupción por parte de miembros de su entorno, hizo que ganara tracción una primera moción de vacancia presentada por 28 legisladores a finales de noviembre.
La moción, finalmente, no pasó a votarse en el Pleno ya que el 7 de diciembre no consiguió los 52 votos necesarios para ello. Castillo, sin demasiados méritos, esquivó este primer ataque en buena medida debido a la torpeza de la oposición y sus aliados mediáticos, que prometieron o insinuaron en los días previos a la sesión del Congreso que contaban con la prueba irrefutable de la corrupción y, por ende, de la incapacidad moral del presidente. La prueba nunca llegó y los ánimos de parte de la oposición se enfriaron, a sabiendas de que solo una pistola humeante en manos de Castillo podría justificar ese asalto de cara a la mayor parte de la ciudadanía.
Castillo, lejos de comprender la gravedad de la situación y mostrar ánimo de enmienda, ha negado todo e incluso se ha permitido ironizar sobre lo ocurrido. El presidente continúa lanzando arengas y victimizándose como si, en lugar de tener que enderezar un gobierno herido por distintos flancos, se encontrara todavía en campaña.
La supervivencia de un mandatario en Perú —que llegue a cumplir los cinco años que la Constitución dicta—, lastimosamente y debido a la deshonesta interpretación constitucional que viene haciendo el Congreso desde que se inauguró la temporada de caza al presidente en 2017, es ya una mera cuestión aritmética. Se cuenta o no se cuenta con los votos —52 de 130— para llevarlo al Pleno. Y, una vez superado ese primer escollo, se cuenta o no con los 87 (también de 130) necesarios para dictaminar su incapacidad moral permanente —ese concepto gaseoso— y, con ello, removerlo del cargo.
Lo que los peruanos hemos entendido en estos cuatro años de crisis política es que, cuando el Congreso dispara una primera vez, sin lugar a dudas volverá a disparar una segunda. También, que los tiempos son cada vez más cortos: de los tres meses entre la primera y segunda moción de vacancia contra PPK, pasamos a un interregno de solo un mes en el caso de Vizcarra.
Por otro lado, si algo hemos aprendido en estos casi cinco meses de mandato de Castillo, es que el presidente, pese a su formación de maestro, es alérgico al aprendizaje y no parece comprender la endeblez de su gobierno, desaprobado por más de la mitad de los peruanos. Puede que haya sobrevivido a este primer ataque, ¿pero sabrá prepararse para el siguiente?
Por el bien de nuestra endeble democracia, me gustaría pensar que Castillo será capaz de enderezar el rumbo, empezar a cumplir las expectativas de quienes le confiaron su voto y hacer frente a ciertos sectores poco democráticos de la oposición empeñados en quitárselo de en medio. Pero, la verdad, permítanme dudarlo.
Diego Salazar es periodista y autor del libro ‘No hemos entendido nada: Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo’