¿Cuánto mercado puede tolerar la democracia?

Al desapego ciudadano en las democracias occidentales -debatido durante más de un cuarto de siglo-, se suma ahora la gran crisis económica del último bienio. ¿Coincidencia? Conviene analizar el asunto antes de achacar nuestras desgracias a la mala fortuna, a la incompetencia de los políticos o a la perversidad de ciertos sujetos especialmente hábiles para sacar partido de las circunstancias. Probablemente haya algo más.

Para explicar el fenómeno del desapego ciudadano en la mayoría de las democracias contemporáneas, no puede olvidarse la persistente descalificación de la política que ideólogos y grupos de presión han predicado desde los años setenta del pasado siglo. “La política es prescindible”. “Cuanta menos política y cuanto menos gobierno, tanto mejor”. “Las grandes decisiones de trascendencia colectiva deben tomarse al margen de la política”. A esta doctrina se sumaron los dirigentes políticos conservadores, coherentes con sus presupuestos ideológicos.

Pero la adoptaron también políticos de la izquierda, lanzando mensajes que sembraban desconfianza en la política. Convenía apartarla del mercado para liberarlo de intervenciones abusivas por parte de las instituciones democráticas. Su regulación indispensable -admitida con más o menos convicción- correspondería en todo caso a instancias situadas al margen o por encima de la política: bancos centrales, agencias de calificación, organismos independientes, reguladores autónomos, jurisdicciones especiales, organizaciones internacionales alejadas de la legitimidad democrática. Se pedía a los ciudadanos que confiaran ciegamente en estas instancias porque las instituciones que ellos elegían con sus votos no eran de fiar.

Si los propios políticos insistían en la escasa idoneidad de las instituciones nacidas de la voluntad popular, ¿no era esperable que los ciudadanos fueran perdiendo confianza y respeto hacia las instituciones representativas y hacia sus titulares? Es cierto que este creciente desafecto se ha visto agravado por errores y delitos de algunos políticos. Pero no han sido estos errores ni estos delitos su motivo principal.

En este contexto se desencadena la descomunal crisis financiera y económica de los últimos años. Sus efectos dejan claro que un mercado someramente tutelado por las llamadas instancias “independientes” ha obtenido resultados muy alejados de lo que pronosticaban los partidarios del “minimalismo político”. Para mayor sarcasmo, la factura monumental de este desaguisado está recayendo no sobre sus principales responsables sino sobre el conjunto de la ciudadanía. Una ciudadanía a la que se había convencido de que le convenía apartarse de las grandes decisiones colectivas en beneficio de aquella trama de auditores, reguladores, calificadores y supervisores.

En último término, ¿no estaremos ante una nueva manifestación de la crónica tensión entre el principio liberal y el principio democrático? Pese a las apariencias de armonía, liberalismo y democracia han constituido siempre una pareja de conveniencia, en lo doctrinal y en lo práctico. La economía liberal tolera de mala gana las instituciones democráticas. La democracia igualitaria no entiende que sus reglas se detengan a las puertas del sistema económico. La historia europea del siglo XX es en gran parte la historia de este conflicto: en lo económico, en lo social, en lo jurídico-constitucional. Para neutralizarlo se pactó una tregua interesada que duró desde el final de la II Guerra Mundial hasta la década de los setenta del siglo pasado. La amenaza del modelo soviético hizo que los gestores del mercado aceptaran un mayor grado de regulación democrática. Pero tal aceptación se disipó cuando la amenaza fue debilitándose. Se rompió la tregua. Se desató la ofensiva para reducir el control democrático de las relaciones socioeconómicas, especialmente en el mundo financiero. La ofensiva prosperó y desarmó -también ideológicamente- a sus teóricos adversarios. Treinta años después el resultado está a la vista: quiebra económica, precaria solidaridad social, profundo desapego político.

No creo, pues, que apatía democrática y crisis financiera sean fenómenos paralelos sin ninguna relación. Una determinada visión de las relaciones socioeconómicas hacía previsible -e incluso deseable para algunos- la apatía democrática de unos ciudadanos convertidos en dóciles consumidores. Lo que no tuvieron en cuenta quienes sostenían aquella visión del mundo era la crisis financiera que iban a provocar.

Salir ahora del embrollo y prevenir su repetición exige un nuevo arreglo de conveniencia entre liberalismo y democracia. En este nuevo arreglo, hay que definir otra vez cuánto mercado es soportable para un grado creíble de democracia. Y cuánta democracia está dispuesta a tolerar el mercado. No ya a escala estatal sino a escala europea y global, donde se ventila nuestro futuro. Pese a los malos resultados de su pírrica victoria, la resistencia de los gestores del mercado a admitir una mayor dosis de regulación está siendo feroz. Cada día parece menos probable que la política democrática consiga terminar con la barra libre abierta a los denominados mercados. Pero si no lo consigue, pocas esperanzas podrán albergarse en una recuperación duradera de más confianza democrática, de más estabilidad social e incluso de mayor crecimiento económico.

Josep M. Vallès es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

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