Cuánto saben los ciudadanos de política

Por Marta Fraile, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y doctora-miembro del CEACS, Instituto Juan March. Ha enseñado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Universidad de Essex. En la actualidad es profesora ayudante-doctora en el departamento de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid (FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, 08/05/07):

Para que cualquier ciudadano sea competente debería presentar un mínimo conocimiento de las reglas de funcionamiento del sistema democrático en el que vive. Las ventajas de una ciudadanía competente en el ámbito de la política son evidentes: los dirigentes políticos que desarrollan sus programas de gobierno ante ciudadanos competentes tendrán más dificultades para incumplir sus mandatos y para traicionar el interés general que las elites políticas de países donde la mayoría de sus ciudadanos presenta un bajo nivel de competencia política.

A pesar de las dificultades técnicas para medir de forma fiable cuál es el nivel de conocimiento político de la ciudadanía, se ha presentado evidencia que muestra un nivel medio-bajo de conocimiento político de los ciudadanos en España. Además, se observa una desigual distribución de este recurso político entre la ciudadanía. En concreto, se muestra que las desigualdades socioeconómicas se reproducen en el terreno de lo político, ya que el nivel más alto de competencia política se localiza entre los hombres de edad intermedia (entre los 30 y los 55 años) y con mayores niveles de educación, justamente los ciudadanos que disfrutan de mayores oportunidades para la adquisición y procesamiento de información política.

Asimismo, la desigualdad de oportunidades se refleja en las motivaciones para la información y el entendimiento de lo político. Este trabajo muestra que el nivel de conocimiento político de los ciudadanos es mayor conforme más tiempo dedican a informarse de política. No obstante, las fuentes que se utilizan para conseguir dicha información parecen ser relevantes: los medios de comunicación escritos. Por el contrario, el consumo de información política en la televisión no presenta ninguna influencia en el nivel de competencia política de los ciudadanos.

De acuerdo con estos resultados, se discuten propuestas localizadas en dos áreas generales de actuación: los medios de comunicación y el sistema educativo. Por lo que se refiere a los medios de comunicación, se ha identificado un contexto de polarización de la información política en España en el que las medidas de promoción del conocimiento político de los ciudadanos que se proponen tienen que ir dirigidas, en primer lugar, a intentar suavizar esa polarización; y, en segundo lugar, a lograr una mejor distribución de la información política.

  • Se discuten, por tanto, medidas destinadas a mejorar la calidad de la información política de los telediarios de la televisión pública, como la aprobación de algunas reglas estandarizadas para dar cobertura igualitaria a todos los partidos políticos en las noticias. También se discuten propuestas de financiación del uso de la televisión por cable y de Internet para todos los hogares como una política de inversión en la competitividad futura del país. Y en el marco de las nuevas tecnologías, las subvenciones para la creación de páginas web informativas o incluso de videojuegos políticos educativos.
  • Otras propuestas van dirigidas al fomento (a través de subvenciones) de la creación de periódicos locales que no pertenezcan a ninguno de los grandes grupos mediáticos, así como el fomento de la lectura de periódicos en los colegios e institutos, para crear hábitos en el futuro ciudadano.
  • Por lo que se refiere a la educación cívica, se distingue entre la educación a jóvenes y a adultos, destacando el mayor potencial de inversión y efecto en la educación a jóvenes, puesto que constituyen la materia prima de la ciudadanía para el futuro. Se ha propuesto incentivar la educación cívica, sobre todo en los institutos, ya que sus efectos a largo plazo parecen ser mayores que en la escuela (primaria y/o secundaria). También se ha defendido la necesidad de un mayor compromiso por parte del Gobierno que impulsa la educación cívica para que las medidas legislativas vayan acompañadas de apoyo presupuestario que permita aumentar la formación del profesorado y mejorar las condiciones estructurales de la oferta educativa pública. Sólo así la educación por la ciudadanía contribuirá a aumentar las competencias políticas de los estudiantes.
  • Finalmente, los programas de educación cívica para adultos deberían concentrarse en lugares donde mayores desventajas socioeconómicas existan, pues es donde los ciudadanos adultos han carecido durante más tiempo de los recursos necesarios como para poder informarse e implicarse en política. Además, se defiende que estos programas deberían ser gestionados a través de las organizaciones políticas que operan en el ámbito local o de barrio, puesto que son ellas las que cuentan con la capacidad de conectar con los ciudadanos.

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