Cuando Europa se acerca a gran velocidad a una grave crisis económica, política y social, llama mucho la atención que no nos preocupemos por la posibilidad de que nuestros Estados, tal y como los conocemos en la actualidad y que llamamos «del bienestar» colapsen y no puedan subsistir. Convivimos con ese problema con la misma pasmosa tranquilidad con la que miramos un modelo energético que los días pares es infantil, casposo los impares y siempre suicida e ineficaz.
Ya vimos en su día los logros conseguidos por las políticas liberales de Reagan y Thatcher en sus respectivos países a los que hicieron progresar de manera notable. También hemos visto el abandono progresivo del fracasado modelo socialdemócrata por parte de quienes eran los epítomes del mismo, los países escandinavos.
Pero quizás el mejor ejemplo en el que nos podemos mirar hoy en día sea la política realizada por el canciller alemán Gerhard Schröeder del 2003 al 2007. El político socialdemócrata previendo la entrada en caída libre de su economía, actuó con valentía aplicando medidas drásticas de corte liberal, como la bajada de impuestos y la disminución contundente del gasto público. Fue criticado con dureza por su propio partido y por sus socios de Gobierno los verdes; lo calificaron de verdadero atentado contra el estado del bienestar. Pero su programa salió bien con resultados muy positivos y hoy nadie duda de que su sistema de protección social es más sólido y eficiente.
Sorprende que no se tomara en la comunidad internacional esa reacción de un político socialista, como un serio aviso a los navegantes del fracaso de la socialdemocracia como modelo capaz de mantener el llamado «Estado del bienestar». No hemos visto que tras la experiencia alemana alguien haya puesto «sus barbas a remojar». En cualquier caso, antes de sus «risky & dirty business» con Putin, hizo un gran servicio a su país.
Pero vayamos a concentrarnos en España. Tenemos una estructura de Estado de un tamaño paquidérmico que, además, ha dejado de funcionar correctamente; véanse las listas de espera en la sanidad pública con el aumento de las defunciones o lo caótico del SEPE y la Seguridad Social. Un modelo que es un pozo sin fondo y que precisa ir detrayendo dinero de los ciudadanos por lo que se produce una reducción constante de la renta disponible; que es el dinero del que disponen los contribuyentes descontados los impuestos y cotizaciones. Para que no aumente la pobreza la renta disponible ha de ser creciente, en caso contrario la clase media disminuye en favor de los ciudadanos con menos recursos. El Estado entra entonces en un bucle que hace que no sea sostenible. Y aquí la palabra está correctamente utilizada.
En nuestro país más del 50 % del gasto público se ubica en las estructuras y Gobiernos regionales. Con independencia de que las Comunidades Autónomas se hayan convertido en un dislate de nepotismo y derroche del dinero de los ciudadanos en chiringuitos absurdos y prescindibles, lo cierto es que se trata de la parte gruesa de nuestros costes y la primera que debe experimentar algo más que una liposucción. Debieran ser muy claros y francos con nosotros y preguntarnos directamente. ¿Qué prefieren ustedes el Estado de las autonomías o el Estado del bienestar? Ambas cosas son incompatibles. Que cada uno se responda con la mano en el corazón.
Pero es que en el supuesto de que la mayoría optemos por salvar el bienestar frente al autonomismo, no terminan ahí nuestros problemas. Porque contamos con una pirámide de población invertida, que no tiene pinta de que lleve camino de rejuvenecerse para poder mantener nuestros sistemas de protección social. Además tenemos un gasto público por habitante superior a la media europea, lo que indica que no somos administrativamente eficientes.
Volvemos al concepto de renta disponible ya que de este depende no sólo el incremento de la riqueza de la población, también depende de ella el aumento y rejuvenecimiento de la población. Si la renta en manos del público sube, aumenta la natalidad y los futuros cotizantes. De nuevo nos debieran preguntar. ¿Le gustaría a usted una reforma profunda del Estado para salvar su bienestar? De modo que si la respuesta fuese positiva, proceder a una modificación estatal importante, conceptualmente coherente y que permita una fuerte reducción del gasto público y una bajada de impuestos que libere fondos para los ciudadanos con el consiguiente crecimiento de la renta disponible y de sus efectos curativos.
Por otro lado, hay que indicar que la política fiscal no debiera buscar una subida de los tipos de impositivos para financiar el déficit público, sino provocar un aumento de las bases imponibles. A menos gasto público le corresponden unos menores impuestos y su correspondiente crecimiento de la renta disponible y de las bases imponibles y, por lo tanto, un aumento de la recaudación que redunda en beneficio de la ciudadanía.
Una administración pequeña y eficiente libera recursos para los ciudadanos, aumenta la calidad y el nivel de los servicios públicos y los de protección social y hace a las personas menos dependientes de un déficit generado por políticos irresponsable. Ello implica recuperar la importancia de la persona individualmente considerada como objetivo y destino del bienestar y preservar su libertad ya que esta se ve afectada si queda supeditada y condicionada al pago del derroche de las cuentas públicas. Ahora la última pregunta. ¿Cuánto valora usted que su libertad y bienestar sean sostenibles? Palabra utilizada correctamente, otra vez.
José Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario.