¿Cuántos jueces hacen falta?

Por José Luis Requero, magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (EL MUNDO, 01/03/03):

Más bien preferiría preguntar qué jueces nos hacen falta, pero mantengo la pregunta aunque ambas -cuántos y qué jueces- vayan unidas. Y es que la oposición parlamentaria, la minoría progresista en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Jueces para la Democracia, hermanados bajo el lema «más jueces», imputan al Consejo y al Ministerio no ya que desoigan ese clamor sino que osen decir que sobran jueces.

Para desinflar esa polémica, artificial e interesada, bastaría con remitirse a las cifras y a los hechos pues en los últimos años la creación de órganos judiciales ha sido constante, como lo prueba el dato esperanzador de que el tiempo que media entre la incoación y finalización del proceso se va reduciendo de forma sustantiva. Además, el Consejo está estudiando cuántos órganos judiciales se van a precisar en los próximos años, teniendo en cuenta la incidencia de las últimas reformas procesales, y de ahí, debido a la carga de trabajo que puede soportar un tribunal y como es imprescindible un instrumento de planificación, se ha previsto crear el Plan de Transparencia Judicial para planificar la política judicial, conocer sus exigencias y la evolución previsible.Entonces, si esto es así ¿por qué tanta insistencia en que hay que crear más juzgados y nombrar a más jueces?

La apelación tozuda al número de jueces puede obedecer a razones ideológicas, también puede indicar falta de ideas o una actitud frívola, o las tres a la vez. En este caso la crítica tiene mucho de frívolo. Como el anterior Consejo convocó en las últimas oposiciones a juez más plazas de las realmente vacantes -lo que es una ilegalidad-, ahora no hay órganos vacantes para todos los nuevos jueces y los autores de tal desaguisado no tienen otra solución que huir hacia adelante: si no hay juzgados para todos, que se creen y, si no se hace, es que se quiere colapsar la Justicia. Esa frivolidad participa de una patología bastante común en la política judicial y es que cuando no se sabe qué hacer, por donde tirar o qué criticar o, simplemente, cuando se hace política de cifras, lo que se hace, vende, se propone o publicita es aumentar el número de jueces precisamente cuando la respuesta a la pregunta de cuántos se necesitan debe ser la última que culmine un discurso coherente en política judicial.

Como España lleva viviendo de una forma u otra de la respuesta que se dio en 1870, no parece responsable que toda la política consista en aumentar el número de jueces y de órganos judiciales alumbrados bajo unos esquemas que ya no dan para más; por eso nuestra Justicia tiene todavía grandes preguntas por responder y de ellas depende el número de jueces. Por ejemplo, si frente a litigantes oportunistas o temerarios, que generan litigiosidad inútil, se diseñan medidas disuasorias eficaces (multas, reforma de la condena en costas o que se partícipe en el costo de poner en marcha sin fundamento el aparto judicial) qué duda cabe que la respuesta a cuántos jueces hacen falta no sería el «más y más».Otro tanto ocurriría si para que la sociedad solvente por sí sus conflictos se incentiva el arbitraje, transacciones judiciales y extrajudiciales, de forma que los tribunales estén para lo más relevante.

Además, con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ya sabemos qué proceso civil se quiere, luego qué y cuántos jueces exige; sin embargo, en lo penal no sabemos qué va a ocurrir con el juez de instrucción, pues de que desaparezca o no depende que sobren jueces o falten fiscales y, entretanto, con el sistema de juicios rápidos, más que jueces, hacen falta fiscales. El modelo del proceso contencioso-administrativo también está zanjado, pero como el sistema de juzgados se introdujo a prueba habrá que evaluar su experiencia para ver si se mantiene o se generaliza. También habrá que dilucidar el papel del Tribunal Supremo, pues de eso depende un Supremo masificado o reducido o el cometido de los Tribunales Superiores de Justicia como órganos de apelación o casación en lo civil y penal, de lo que depende que se amplíe o no su plantilla, etcétera.

De la definición e implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia y de la organización de la secretaría judicial depende el modelo final de órgano judicial, lo que influirá también en el número de jueces: no es lo mismo crear una plaza de juez auxiliado por funcionarios comunes a otros jueces que se siga con el modelo un juez, un juzgado. También habrá que establecer una estadística judicial fiable -ni inflada en unos casos ni muda en otros- que diga cuántos asuntos se tramitan realmente en los tribunales; habrá que perfilar los instrumentos que nos digan cuánto trabajo puede soportar un tribunal para administrar justicia de calidad; habrá que diseñar el mapa judicial, creando o reconvirtiendo órganos judiciales, pero sobre la base de los que la Justicia precise y donde los precise y no los que se deseen desde intereses ajenos a las necesidades reales de la organización judicial.Con frecuencia vemos que hay órganos creados por puro interés de los profesionales o en función del interés de un político local o regional, como si crear un juzgado fuese ofrecer al electorado una zona ajardinada.

Pero el «más y más jueces» puede también responder al oportunismo de quienes, ajenos a la Justicia, no quieren reformarse y trasladan toda solución a la organización judicial a costa de su deterioro.También puede haber una opción ideológica, pues, concebida la Justicia como un servicio público administrativizado mientras que para otros servicios se buscan formas alternativas de prestación o de participación en su coste, el progresismo judicial apuesta por una política de gratis total, de facilitación mal entendida, lo que conduce a un organismo en permanente e ilimitada expansión.Esto no es asumible y, del mismo modo que en lo medioambiental hay un desarrollo sostenible, también en lo judicial, en cuanto al número y calidad de los jueces, habrá que hablar de un crecimiento sostenible.

Exigencia de la política del «más y más» es que, al primarse el número, se renuncia a tener buenos jueces para generar funcionarios burocratizados. Así se explica que llevemos años viviendo de algo temerario como son las reclutas masivas de jueces. Ya en 1989 se sostuvo que con 400 jueces más en cuatro años los problemas acabarían; 10 años después, el anterior CGPJ dijo que con 700 jueces más y trabajando más, todo arreglado. Ahora algunos dicen que, para que todo vaya bien, a los 1.700 jueces sustitutos habría que convertirlos en jueces de carrera. Total, que para ser juez no hace falta una especial formación jurídica, como prueba esa masa de sustitutos que ejerce sin haber superado prueba alguna y la minoría progresista se apunta al dato de que en los próximos diez años harán falta ¡2.000! jueces. Con estas ideas, durante años la selección del juez más que una operación de artesanía, de jardinería, se ha aproximado a la agricultura extensiva e intensiva con unos resultados que hielan la sangre. Para reclutar más y pronto se llegaron a diseñar ejercicios escritos en los que se podía ser juez sin acreditar el saber en Derecho Civil o Penal, se rebajó el nivel de exigencia, el sistema de turnos -previsto para atraer a los mejores de otras profesiones- se convirtió en medio de recluta rápida… Se han hecho convocatorias multitudinarias con la consecuencia de que esa masificación judicial -al margen de que al final se seleccione como sea con tal de llenar el escalafón- desdibuja la idea vocacional del juez y se propicia un modelo de sindicalizado, de mentalidad funcionarial.

Vuelvo a preguntar: ¿cuántos jueces necesitamos? La simple invocación de medias europeas de juez por habitante no siempre es la respuesta.Lo que precisamos es ante todo buenos jueces; de ahí que la respuesta tenga que ir por un solo camino: los que se puedan seleccionar y formar bien y resulten de alumbrar un sistema judicial coherente y moderno. En definitiva, responder a esas preguntas no es otra cosa que afrontar la responsabilidad histórica de desarrollar el pacto de Estado para la reforma de la Justicia, algo que no admite dilaciones y que hay que acometer ya, «con consenso o sin él», como se dice ahora.

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