Esta es la única profesión en la que, cuando alguien quiere elogiarte, te dice que no pareces militar”. La frase es de un teniente coronel destinado en Herat (Afganistán), uno de los 120.000 hombres y mujeres que sirven a nuestro país, a menudo con más voluntad que medios y siempre con más obligaciones que derechos. Si las Fuerzas Armadas son la suma de los profesionales y sus recursos materiales, en estos cuatro años el Gobierno ha cuidado mucho más estos últimos, en detrimento de un valioso capital humano que no merece la dirección política y militar que tiene.
La gestión de los Programas Especiales de Armamento (PEAs) así lo acredita. Hace cuatro años, el Gobierno se enfrentaba a unos compromisos de pago de 30.000 millones de euros aproximadamente destinados a abonar esos 19 programas. Se trata de submarinos, fragatas, carros de combate, etc., cuya fabricación comenzó en 1997, siendo Pedro Morenés secretario de Estado. Sumido nuestro país en el pozo de la crisis económica, 2012 era el año idóneo para replantear esos programas y formularse numerosas preguntas que siguen sin respuesta. ¿Cuáles responden realmente a una necesidad estratégica? Por citar un caso, ¿necesitamos los más de 200 carros de combate Leopard cuyo peso los hace incompatibles con el avión de transporte A400M?
Dado que muchos de esos programas han sido desarrollados por las empresas gracias a créditos de Industria, ¿no mereceríamos los ciudadanos que corremos con los gastos saber cuánto ha prefinanciado este Ministerio? ¿Cuánto de ese dinero realmente está justificado en términos de innovación tecnológica? Oficialmente se afirma que “en muchas ocasiones esas fases de I+D son transferencias basadas en desarrollos e innovaciones tecnológicas de otros países”. ¿Cuánto se ha devuelto ya y cuánto queda por pagar? La posición dominante de un puñado de empresas obligaría a un esfuerzo adicional de transparencia, ante la posibilidad de que no exista competencia real y se estén vulnerando las reglas del mercado. ¿Por qué no se penaliza a las empresas que se retrasan en las entregas? Los contribuyentes y los militares, ¿no tienen derecho a una respuesta?
A pesar de las restricciones presupuestarias, Defensa ha abonado en total 4.388 millones de euros en esta legislatura, aunque se hayan empleado en aviones de combate que duermen enfundados en un hangar para evitar su deterioro, pues la necesidad de ahorrar combustible ha reducido drásticamente las horas de vuelo y los días de mar de nuestros profesionales, mermando la calidad de su adiestramiento.
Sin duda, se trata de un problema estructural y debe abordarse como tal: repensando los 19 programas, eligiendo los verdaderamente necesarios y explicándole a la industria que, puesto que Defensa es su principal cliente, si su presupuesto llega a ser insostenible, les irá mal a todos. Y ocurrirá, porque el Ministerio hizo una así llamada “reconducción” de los programas, en condiciones de opacidad y que ha aumentado la deuda y ha alargado el plazo de pago hasta 2030. De nuevo, una fórmula más ventajosa para la industria que para el Estado.
La pésima gestión del problema tendrá consecuencias sobre el presupuesto de Defensa y el Gobierno lo sabe. La previsión oficial estima que el gasto en los PEAs seguirá creciendo hasta situarse en torno al 30% del presupuesto de Defensa en el año 2020. Es sencillamente insostenible.
El informe del anterior secretario de Estado, que curiosamente ha desaparecido de los archivos del Ministerio, mostraba a las claras el problema estructural: “Los contratistas adquirieron un excesivo poder (…) y la industria no dudó en aprovechar las ventajas de esta situación”. Estos cuatro años han sido una huida hacia adelante del Gobierno que debía haber hecho algo más que huir hacia adelante. Este lastre improductivo amenaza con hundir al propio Ejército, vampirizando los recursos y descuidando las condiciones de trabajo y entrenamiento de sus profesionales. Existen además necesidades reales de armamento para la seguridad del país, como los drones, cuya adquisición resulta complicada por la escasez de recursos que causa el equipo inservible ya recibido y aún no pagado. Por último, este problema lastra nuestra política exterior al impedirnos usar a nivel internacional el activo militar tan proactivamente como pudiéramos. Deshacer el nudo gordiano de los PEAs será requisito imprescindible para cualquier política exterior y de Defensa que quiera hacer el próximo Gobierno.
Irene Lozano es diputada y Bernardo Navazo es analista de Defensa (King’s College London).