Las elecciones del 27 de septiembre han dejado un panorama incierto en Cataluña. Si los partidos independentistas siguen adelante con el proceso de secesión, como han anunciado, se aplicarán la Constitución y las leyes, produciéndose un choque institucional de consecuencias gravísimas. En esta coyuntura es esencial tomar la iniciativa para evitar que la situación continúe deteriorándose. He sostenido en todas las instancias durante los tres últimos años la necesidad de la concordia y el diálogo. Este diálogo debe concretarse con urgencia en pactos que abran un nuevo periodo de entendimiento entre Cataluña y el resto de España.
El primero de ellos debe versar sobre los muchos e importantes problemas acumulados en lo que podríamos llamar la «gobernación ordinaria» del país. El 30 de julio de 2014 Artur Mas entregó al presidente Rajoy un documento con «las 23 propuestas» de temas prioritarios que deberían ser objeto de negociación y acuerdo divididas en seis ámbitos diferenciados: economía, infraestructuras, políticas sociales, Administraciones Públicas, lengua y cultura, y otros temas relevantes, que incluyen una extensa lista de medidas como la consolidación presupuestaria, reformas en el transporte metropolitano, modificaciones fiscales, becas universitarias o desarrollo rural. Todo ello está detalladamente explicado en un denso documento de 20 folios, que según mi información no ha sido negociado por el Gobierno y la Generalitat, salvo en algún tema aislado. Muchas de estas medidas tienen posibilidad de diálogo y acuerdo. Por ellas habría que empezar.
El segundo debería ser un acuerdo de cooperación institucional entre los gobiernos de la Nación y la Generalitat, para abordar los principales desencuentros. Hay que recuperar un clima de comprensión, cordialidad y cooperación entre Cataluña y el resto de España. Es absolutamente imprescindible superar la desafección entre una parte de la sociedad catalana y otra de la española. Para ello sería preciso un plan de cooperación cultural y de desarrollo de los mutuos valores históricos a promover desde Madrid y Barcelona, con la necesaria cooperación de importantes instituciones de la sociedad civil radicadas en ambas ciudades. Asimismo es urgente resolver o suavizar los numerosos conflictos jurídicos existentes sobre las sentencias del Tribunal Constitucional y sobre legislación de ambas partes pendientes de aplicación. Por último se deben iniciar los estudios que lleven a una revisión consensuada del Estatut de Catalunya, que se plantearía en la próxima legislatura.
Las comunidades autónomas y su sistema de financiación (SFA) son claves para el equilibrio institucional del Estado. Hoy es prácticamente unánime la opinión de políticos y expertos de que el SFA ha de ser revisado, pues existe una fuerte asimetría en su financiación a competencias homogéneas por «habitante ajustado». El SFA de 2009, ahora vigente, ha producido efectos discriminatorios, desequilibrios y asimetrías horizontales entre las comunidades. El nuevo SFA debe dotarlas de la financiación necesaria para cubrir de los servicios fundamentales (sanidad, educación y prestaciones sociales representan un 65-80 por ciento del total). Sería prolijo enumerar en este breve espacio las bases fundamentales del nuevo SFA. Recomiendo la lectura del excelente estudio de los profesores Ramón Tamames y Jaime Lamo de Espinosa. En todo caso, un acuerdo sobre la financiación autonómica y eventualmente la mutualización de la deuda viva de la comunidades es una prioridad inevitable para la nueva legislatura.
Y como colofón, el acuerdo sobre «un gran proyecto de futuro integrador de la España común» que fortalezca la democracia en el período 2016-2020 y que responda a la gran demanda de consenso que late en la sociedad española. Este acuerdo se basaría en los siguientes pilares: consolidación de la estructura territorial del Estado, redefiniendo las competencias estatales y de las comunidades, con estudio de las posibles modificaciones a consensuar en el Título VIII de la Constitución; regeneración democrática con un más enérgico plan de transparencia frente a la corrupción y al fraude fiscal, un programa de reducción de las estructuras administrativas, y una nueva legislación sobre partidos políticos y su financiación; el pacto sobre Educación, tantas veces frustrado, que mejore decisivamente nuestros niveles educativos; y por último un vigoroso plan de empleo juvenil, con amplia difusión de las políticas activas de empleo del Gobierno, la Unión Europea, las patronales y los sindicatos, potenciando todas las iniciativas de formación para el emprendimiento. Y habría que incluir la reforma gradual de la Constitución a lo largo de la legislatura cuando se logren los consensos establecidos en su artículo 167.
En el otoño de 1977, en representación del presidente Suárez, negocié durante largas horas con el inolvidable Josep Tarradellas y con los principales dirigentes políticos catalanes, en París, Saint Martin le Beau y Madrid, para llegar al acuerdo de Perpiñán que supuso el restablecimiento de la Generalitat y el retorno del honorable-president. Este acuerdo fue adoptado por unanimidad de todos los partidos políticos catalanes y sus correspondientes de ámbito nacional. La situación política y social entonces no era más sencilla que la actual; sin embargo, la buena voluntad de todos los que nos sentamos a conversar llevó al entendimiento. Sabemos que «fue posible la concordia». Ahora también lo es.
Salvador Sánchez-Terán fue Ministro de la Transición.