Cuatro prioridades nacionales

En el año 2009, cuando EEUU se acercó a un desempleo de dos dígitos, Tom Donohue, Presidente la US Chamber of Commerce, colgó unos enormes pasquines con la palabra “JOBS” (empleo) en las ventanas del edificio neoclásico que alberga la patronal estadounidense desde 1906, y que está enfrente de la Casa Blanca. Al cabo de los años, un sistema económico flexible y tecnológicamente avanzado junto a una política monetaria laxa han permitido a EE.UU. llegar casi al pleno empleo. Sin embargo, Tom mantiene todavía los pasquines respondiendo a la pregunta del porqué diciendo: “Quiero que desde la Casa Blanca se recuerde cada mañana que crear empleo es nuestra prioridad nacional”.

Este año 2016 viene plagado de inquietantes presagios: parón brusco en China y otras economías emergentes, desgobierno en Europa, guerra en Siria, crisis de refugiados, nuevas burbujas financieras y agotamiento de instrumentos de política monetaria. Además, la eclosión de tecnologías disruptivas en todos los sectores está cambiando la forma en que producimos bienes y servicios, los distribuimos y los consumimos, en lo que ya se llama la Cuarta Revolución Industrial.

En este contexto nuestro país tiene poco margen de maniobra. Pese a que se crece a buen ritmo, aumenta la base exportadora y se vuelve a crear empleo, los fundamentales son todavía muy débiles. España es un país endeudado, con una deuda neta exterior superior a todo nuestro PIB (la segunda deuda exterior neta más abultada del mundo en términos absolutos) y una deuda pública de también casi el 100% del PIB, que ha crecido exponencialmente desde el año 2007. Este doble endeudamiento obliga a ser riguroso con el gasto público y a reducir costes de producción para exportar más. Cualquier programa de gobierno realista tiene que tener en cuenta que es difícil endeudarse (la UE y otros actores internacionales vigilan muy de cerca el déficit público español), y tampoco es fácil aumentar los ingresos sin erosionar aún más a las sufridas clases medias (que ya soportan el esfuerzo fiscal más alto por contribuyente de la UE). Además, el tejido productivo español no puede abandonar la senda de la competitividad si quiere defenderse con éxito de la disrupción tecnológica que viene.

En este escenario España parece tener, no una, sino cuatro prioridades nacionales que podrían congregar amplios apoyos.

La primera es crear empleo masivo y de calidad sin perder competitividad. España, una de las 15 principales economías del mundo, no puede seguir con una tasa de desempleo superior al 20% que arrastra desde hace un lustro con un preocupante desempleo juvenil cercano al 50%. A los riesgos mencionados en el párrafo anterior habrá que añadir los avances en robótica que pueden llegar pronto a sustituir empleo en muchos sectores industriales. Por ello conviene seguir incentivando la inversión privada mediante la contención salarial y el fomento de modalidades atractivas de contratación. Solo el aumento del empleo privada permitirá un plan social duradero para los más necesitados, incluyendo una mejora de la ley de dependencia y una renta mínima y digna.

La segunda prioridad es mejorar la educación. La educación en España es mala (puesto 77 mundial según el informe del WEF). Mala en la escuela, donde estamos a la cola de la OCDE en comprensión lectora y matemáticas, y mala en las universidades. El abandono escolar duplica la media europea. No hay ninguna universidad española entre las 150 principales universidades según los dos principales ránkings internacionales (THES y ARWU). Se precisa pragmatismo y poca ideología para lograr cuanto antes lo que la mayoría desea para sus hijos: una educación de calidad. Por lo que parece el problema no es económico. Según la OCDE, el presupuesto per cápita destinado al sistema educativo público español es superior al promedio de países industrializados, y nuestros profesores están mejor pagados que la media en todas las etapas educativas. Parece ser, pues, más una cuestión de incentivo a la meritocracia y la excelencia. La contratación del talento en escuelas y universidades públicas puede ser incompatible con las rígidas escalas jerárquicas del funcionariado. En muchos países con buenos sistemas educativos los profesores son atraídos, retenidos e incentivados según sus méritos, periódica y objetivamente evaluados, y no por el paso de los años, un sistema caduco de oposiciones o, peor aún, sintonías personales. Además, la educación debe evolucionar para que los jóvenes se puedan adaptar a la nueva economía, por lo que será necesario una revisión estratégica de los planes de estudio y complementar el sistema educativo con una formación profesional eficiente y prestigiada. Otro importante apartado es el del idioma inglés. La segunda potencia turística tiene paradójicamente un bajísimo nivel de inglés (el verdadero esperanto del singlo XXI), que podría mejorar fácilmente con mayor refuerzo en las escuelas y proyectando películas y series en versión original, tal y como hacen la mayoría de países europeos.

La tercera prioridad es la lucha contra la corrupción. La corrupción existe en todos los países. Incluso en aquellos países de tradiciones luteranas estrictas surgen muy a menudo ovejas descarriadas. Pero lo que ha pasado en España no tiene que ver solo con la ética, sino con el sistema de financiación de partidos y con la impunidad. Algunos políticos y empresarios han actuado con la seguridad de que sus fechorías no saldrían a la luz, y que si salían, la justicia sería tan lenta, leve y garantista, que al final nada pasaría. Así se han financiado partidos y se han conformado algunas fortunas de origen ilícito. Peor que eso para nuestros bolsillos, algunas inversiones multimillonarias en obra pública, causa principal de nuestra ingente deuda pública, pueden haberse decidido solo para sacar tajada y no por criterios de necesidad. El clamor popular contra la corrupción es tal que sería muy conveniente ponerse cuanto antes a modernizar y despolitizar a la justicia y a reforzar los organismos de control para que sean objetivos y ágiles. También podrían auditarse periódicamente los partidos, hacer más nítida su financiación, y establecerse rigurosos mecanismos de vigilancia ex ante y ex post para cada euro comprometido por las administraciones públicas, con la mayor trasparencia posible, de forma que los contribuyentes puedan monitorizar en cada momento el destino del dinero público, que al fin y al cabo es suyo.

Y la última prioridad es la territorial. Es obvio que la descentralización diseñada en la Constitución, meritoria en su momento, hoy en día provoca una creciente ajenidad de las periferias. Una cuestión a revisar es el modelo de financiación que genera agravios reales y también mucho victimismo. Quizás la solución sea la de introducir criterios mesurados de ordinalidad fiscal, con una mayor corresponsabilidad en los ingresos. Parece todavía más relevante mejorar el sistema de rendición de cuentas. En estos años algunos gobiernos autonómicos y locales pueden haber utilizado el dinero de los contribuyentes para crear redes clientelares, económicas e intelectuales, controlar los medios públicos e influir en los privados e incluso contratar grupos de liberados con el objetivo de protegerse en redes sociales y tertulias. Cualquier caso que el lector pueda pensar no es una excepción, sino la punta de lanza de un sistema que no cuenta con limitaciones ni contra-balances.

En la nueva legislatura se podrían hacer esfuerzos para establecer mecanismos verdaderamente trasparentes de rendición de cuentas. Podría ser también conveniente impedir la utilización del dinero público en propaganda política, del signo que sea, quizás privatizando aquellas televisiones y radios que no se dediquen exclusivamente a formar e informar objetivamente a los ciudadanos. Parece también obvio la necesidad de consolidar nuevas o reformadas instituciones donde las tensiones reales entre el centro y las periferias encuentren acomodo y sosegada discusión, y establecer una legislación electoral más justa que represente fidedignamente el número de votantes. Y, en general, podría intentar priorizarse la inclusión de la periferia en la gobernanza del todo, con un relato ilusionante e integrador – incluso mediante la relocalización geográfica de algunas instituciones del Estado - que parece ser lo mínimo necesario en cualquier país descentralizado que quiera preservar en el tiempo la unidad de todas sus partes.

Obviamente hay otras prioridades, aunque muchas son imposibles de asumir en el actual contexto político y con las limitaciones de nuestras cuentas públicas. Pero quizás baste centrarse en estas cuatro. Si finalmente nuestros líderes, haciendo de la necesidad virtud, consiguen un amplio consenso para acabar con el paro endémico, mejorar la calidad de la enseñanza, reducir la corrupción e integrar a más ciudadanos en el proyecto común, estos años de zozobra pueden llegar a recordarse como los mejores de nuestra atribulada Historia.

Jaime Malet es presidente de AmChamSpain.

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