Cuba hoy: la pugna entre el racismo y la inclusión

 Una niña ondea dos banderas de Cuba durante un aniversario de la Revolución cubana, en abril de 2019. Credit Ramón Espinosa/Associated Press
Una niña ondea dos banderas de Cuba durante un aniversario de la Revolución cubana, en abril de 2019. Credit Ramón Espinosa /Associated Press

Este es un ensayo de Revolución 60, una serie que examina las seis décadas de la Revolución cubana. La sección reúne a escritores, intelectuales, artistas, protagonistas, disidentes y partidarios de la Revolución para discutir su papel en el desarrollo histórico de América Latina y sus relaciones con Estados Unidos en los últimos sesenta años.

Es una escena común: cuatro turistas españolas, en compañía de dos hombres afrocubanos, se dirigen a uno de los muchos clubes nocturnos de La Habana: “Ustedes sí, pero ellos no”, les dice el portero, “la casa se reserva el derecho de admisión”. Las turistas protestan, caracterizando tales prácticas como propias de “un país racista”, pero sus compañeros no logran entrar. Hay que probar suerte en otro establecimiento, a ver si admiten negros.

El portero del club, Yúnior, es también negro. Graduado de Contabilidad y Finanzas por la Universidad de La Habana, Yúnior es un vivo ejemplo de las contradicciones y tensiones racializadas que caracterizan a la sociedad cubana contemporánea. Tras concluir sus estudios obtuvo un puesto de profesor, pero lo abandonó para buscar trabajo en el sector privado.

Las prácticas laborales privadas, sin embargo, son abiertamente racistas (y sexistas), como lo ilustra el anuncio a través del cual obtuvo su empleo: “Se busca personal calificado con experiencia: dependientes (mujeres, trigueñas o rubias, de buena figura y con idiomas) y seguridad y protección (hombres fuertes de color)”. El salario de profesor (unos 20 dólares mensuales) no alcanzaba, así que Yúnior decidió buscar trabajo donde no importa su educación, sino atributos físicos supuestamente asociados al color de la piel: negro y fuerza bruta. La contabilidad y las finanzas son cosas de blancos.

O del decadente sector público, donde, como muestra la experiencia de Yúnior, es posible para los afrocubanos —que según el censo del 2012 conforman el 36 por ciento de la población— obtener posiciones que requieren preparación y que, al menos en el pasado, implicaban cierto reconocimiento social, pero cuyos salarios apenas dan para vivir.

Aunque el liderazgo cubano ha sido criticado por la poca diversidad de la cúpula de poder, durante décadas el sector estatal, prácticamente la única fuente de empleos en la isla, funcionó como un motor de igualdad, dado que sus salarios, legalmente regulados, aplicaban a todos por igual, con independencia de circunstancias personales como el género, el color de la piel, el origen socioeconómico o las redes sociales y familiares.

La sociedad igualitaria cubana fue el producto de varias de décadas de políticas en pos de la igualdad. En 1959, Fidel Castro hizo un llamado para ganar “la batalla contra la discriminación” racial, particularmente en el terreno laboral. En su visión, una distribución igualitaria de oportunidades en áreas como la educación y el empleo terminarían por derrocar el racismo. La “patria nueva” sería construida a través de políticas sociales de inclusión para los pobres y los desfavorecidos, cualquiera que fuera su color. El racismo era concebido como un subproducto de la estratificación clasista de la sociedad y desaparecería con el tiempo.

Esa estructura garantizaba, además, que la distribución del ingreso se realizara dentro de márgenes muy estrechos, pues en la década de los ochenta las diferencias salariales máximas en el sector estatal eran de 4,5 a 1. El Estado garantizaba, además, el acceso igualitario y libre a la educación, a niveles básicos de nutrición, a un sistema de salud pública que era la envidia del tercer mundo y a opciones culturales diversas. En consecuencia, hacia esa década de 1980 la sociedad cubana había logrado niveles de igualdad racial sin paralelo en las Américas en áreas tan importantes como la esperanza de vida, la escolaridad, la distribución de empleos o incluso la representación en las estructuras de poder.

En este sentido, el experimento social cubano constituye un laboratorio excepcional para analizar el impacto de las llamadas políticas universales sobre el racismo y la desigualdad racial. ¿Cómo explicar la creación de un sector privado plagado de prácticas discriminatorias a partir de una sociedad igualitaria como la sociedad cubana de los ochenta? ¿Es que los ideales de igualdad e inclusión que guiaron la gestión estatal durante décadas han sido abandonados?

Los estudiosos del racismo en las Américas han debatido los méritos y limitaciones de diversas políticas de justicia racial, incluyendo la acción afirmativa y la utilidad de leyes específicas contra el racismo y la discriminación. El ejemplo estadounidense es frecuentemente mencionado para destacar los logros y limitaciones de la acción afirmativa: la creación de una clase media afroamericana, por una parte, pero también el hecho de que dichas políticas no han beneficiado a amplios sectores de la población, aquellos que el sociólogo William Julius Wilson ha llamado the truly disadvantagedlos “verdaderamente desfavorecidos”. Es decir, las políticas de acción afirmativa promueven el ascenso social de sus favorecidos, que típicamente logran acceder a los beneficios de la clase media, pero alcanzan a un número relativamente pequeño de personas.

Las políticas sociales del Estado cubano, en cambio, beneficiaron a amplios sectores de la población —cualquiera que fuera su color—, pero no lograron acabar con el racismo.

A partir de los años noventa, tras el colapso de la Unión Soviética y del Estado socialista de bienestar, los afrocubanos se han visto obligados a sortear obstáculos racistas que dificultan su acceso al creciente sector privado, que genera los empleos mejor remunerados en la isla. Tan pronto comenzaron a abrirse oportunidades de empleo en ese sector, especialmente en el turismo, las ideologías racistas entraron en acción, argumentando que para trabajar en el turismo era necesaria una “buena presencia”, una cualidad supuestamente incompatible con la melanina.

El creciente impacto del racismo es solo explicable si dicha ideología formaba ya parte de la sociedad igualitaria de los ochenta, aunque en un contexto social distinto. La experiencia cubana sugiere que el racismo puede coexistir con la igualdad.

Desde los noventa, la sociedad cubana ha experimentado una especie de bifurcación: el sector público continúa operando bajo una lógica igualitaria, como en el pasado, pero ha perdido importancia como fuente de movilidad y ascenso social. El creciente sector privado (según cifras oficiales, el 32 por ciento de la fuerza laboral trabaja en el sector no estatal), en cambio, ha generado una estructura ocupacional claramente discriminatoria y ha contribuido al crecimiento de las desigualdades del ingreso según el color de la piel.

Un reporte reciente destaca que mientras el 58 por ciento de los cubanos blancos tiene ingresos inferiores a los 3000 dólares anuales, entre los afrocubanos esa proporción alcanza el 95 por ciento. Los afrocubanos, además, reciben una porción muy limitada de las remesas familiares provenientes de la comunidad cubano-americana del sur de Florida, que es mayoritariamente blanca. Hay dos proyectos de país en pugna en el interior de Cuba, pero uno tiene dólares y es blanco; el otro no.

Para enfrentar estas nuevas realidades y barreras ha surgido un vibrante movimiento afrocubano que demanda políticas efectivas de inclusión desde una variedad de organizaciones cívicas, comunitarias y culturales.

Esas demandas comienzan por la necesidad de imponer prácticas laborales incluyentes y antidiscriminatorias en el sector privado para que la mano de obra a todos los niveles refleje la composición racial de la población cubana. A diferencia de otros países, en Cuba no es posible argumentar que la población negra carece de la educación necesaria para desempeñar ciertos trabajos. El acceso masivo a la educación es, de hecho, uno de legados más importantes del proceso revolucionario cubano.

En segundo lugar, las entidades privadas que implementen políticas de admisión basadas en criterios discriminatorios, de matiz racial o de cualquier otra naturaleza, violan la ley y deben ser penalizadas. El Código Penal cubano condena la discriminación racial: lo que falta es aplicarlo.

Finalmente, es necesario desarrollar políticas crediticias que ayuden a contrarrestar la falta de acceso de los afrocubanos a fondos de inversión. Los dólares que sustentan la expansión de los negocios privados en la isla, procedentes de la comunidad cubano-americana, eluden a los afrocubanos. El dólar, en Cuba, es blanco. El gobierno cubano no creó esta realidad, pero eso no implica que no pueda hacer nada por cambiarla. En ese empeño, las políticas universales de antaño son de poca utilidad. Ahora es necesario implementar políticas específicas que garanticen la inclusión de los afrocubanos en todos los sectores de la sociedad.

Alejandro de la Fuente es director del programa de estudios de Cuba en la Universidad de Harvard.

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