Cuenta atrás para ETA

Las operaciones contra ETA con las que se inició el año situaron en sus justos términos el comunicado de la banda fechado el 31 de diciembre. Furgonetas cargadas de explosivos y preparación probada de atentados, felizmente frustrados, confirmaban por enésima vez lo que la banda entiende por «política», y mostraban el alcance que hay que dar a la torpe jerga etarra cuando dice que «de ahora en adelante el eje de la actuación de la izquierda abertzale será el proceso democrático».

ETA no deja lugar a dudas cuando habla en nombre de la izquierda abertzale, cuando dicta la estrategia que ésta ha de seguir, y le comunica lo que tiene hacer. Por eso, no tiene inconveniente en reafirmar «los esquemas de Anoeta» porque, ya sean dos o doscientas las mesas de negociación que pudieran abrirse, ETA se asegura de que mandará en todas ellas. De la misma forma, a pesar de su debilitamiento operativo evidente y continuado, ETA ha zanjado las dudas e inquietudes manifestadas en algunos movimientos internos cuyo alcance como impugnación de la violencia terrorista ha sido sobrevalorado.

Ahora bien, conviene estar advertidos de que, en el comunicado en cuestión, ETA agita señuelos que en un pasado no lejano ha sido eficaces para la estrategia de la banda. La banda deja en ese comunicado ciertos cabos a los que en otros momentos algunos se han agarrado para construir expectativas fallidas. Con el calendario corriendo en su contra, presionada por la cuenta atrás electoral, ETA parece querer dejar alguna vía para algún movimiento táctico con el que, llegado el caso, eludir la ley en las elecciones municipales y forales del próximo año.

Desde que el Gobierno volvió a la estrategia antiterrorista de eficacia acreditada, ETA sigue debilitándose mientras sus representantes políticos se encuentran en la cárcel y acumulan causas criminales precisamente por los hechos que en la legislatura anterior les dieron una proyección inaudita, a pesar de que sus organizaciones ya habían sido ilegalizadas.

En esta pendiente política y organizativa en la que se encuentra ETA, las próximas elecciones forales y municipales plantean a la banda terrorista un problema crítico: la desaparición de estos ámbitos institucionales donde sus representantes aún se mantienen.

Es obligado actuar con la hipótesis de que ETA y sus diferentes instrumentos van a maniobrar de aquí a un año para evitar ese escenario que les resulta absolutamente terminal.

El riesgo de que estrategias de confusión como las que ETA pondrá en marcha tengan acogida política parece reducido -afortunadamente- si no se presta oídos a los que todavía fantasean con procesos de paz y en algún momento intentarán vender que hay nuevas oportunidades que no pueden ser desaprovechadas.

Para entonces, el presidente del Gobierno será, además, candidato del Partido Socialista y ésta es una condición que puede ofuscar el juicio o hacer que la prudencia se ignore. Rodríguez Zapatero ha demostrado que como candidato es particularmente imprevisible, y se muestra adicto a la improvisación y al golpe de efecto sin calcular las consecuencias ni cuantificar sus compromisos. No es probable, pero si en 2011 aparece el Rodríguez Zapatero que, por ejemplo, en 2003 se comprometió a apoyar lo que aprobara el Parlamento catalán, podría hacer un serio roto a la estrategia terrorista, hoy de nuevo compartida. La política antiterrorista sólo debería salir a escena electoral para que el PP y el Partido Socialista se reafirmaran en su acuerdo.

Si ETA va a maniobrar, si se mantiene controlado el riesgo de que sus maniobras puedan tener eco político, sólo quedará poner a punto la respuesta legal. Es evidente que no puede repetirse el grotesco episodio de 2007 a propósito de las candidaturas de ANV, cuyo resultado, de hecho, fue aceptar la continuidad de una organización política sucesora de las anteriores marcas electorales de ETA ya ilegalizadas. Es preciso recordar que la Ley de Partidos y los procedimientos de ilegalización llevados a cabo han quedado plenamente convalidados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que éste Tribunal ha establecido una doctrina avalando la ilegalización de las organizaciones políticas de ETA que va más allá de la adoptada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El pronunciamiento del Tribunal Europeo fortalece los instrumentos jurídicos para impedir la impunidad y legitima la máxima exigencia para que nadie que no condene sin reservas la violencia terrorista pueda participar en el proceso político democrático. El Gobierno y el PP deberían considerar si, a la luz de la doctrina del Tribunal de Estrasburgo, no sería conveniente estudiar posibles mejoras en la legislación electoral y de régimen local para afrontar desde el Estado de Derecho las maniobras fraudulentas del entramado etarra.

Es evidente que una adecuada respuesta legal al eventual intento de ETA de hacer pasar sus listas electorales sólo es posible si la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sus servicios de información aportan a los tribunales el material probatorio necesario. De nuevo, lo ocurrido en 2007, cuando consideraciones de oportunidad condicionaron la eficacia de los informes policiales, no puede repetirse. Si la hipótesis verosímil es que ETA intentará otra vez el fraude a la legalidad, es preciso que quien debe hacerlo otorgue a esta maniobra de ETA y su entramado la prioridad que requiere para que los tribunales puedan actuar sobre la base firme que el derecho necesita.

Javier Zarzalejos