Por Carmen Montón Giménez, diputada del Partido Socialista por Valencia y coordinadora federal de Organización Sectorial y Participación Ciudadana del PSOE (EL MUNDO, 21/05/06):
La transexualidad es una realidad desconocida, incomprendida, excluida y discriminada.
Cuando una persona se siente de un sexo diferente a aquel con el que ha nacido tiene que superar muchas barreras. La personal es la más difícil de franquear, porque estar obligado a ser lo que no se siente es una de las peores situaciones que puede padecer cualquier persona. Después viene la barrera familiar y, por último, la social.
No sólo debemos hacer el esfuerzo de comprender el drama de aquellos ciudadanos o ciudadanas que se encuentran en esta situación, sino que toda la sociedad debe asumir este problema como propio, y actuar junto a ellos, a fin de dar solución a una situación que sólo puede percibirse como injusta.
Por eso, nuestra obligación es legislar para corregir esa injusticia y por eso se plantea la Ley de Identidad de Género.
Algunos países de nuestro entorno ya cuentan desde hace tiempo con una legislación específica, que da cobertura y seguridad a estas situaciones: Suecia (1972), Alemania (1980), Italia (1982), Holanda (1985), Turquía (1988) y Reino Unido ( 2004).
Desde 1989 hay también una resolución del Parlamento Europeo «sobre la discriminación de los transexuales» y una Recomendación del Consejo de Europa «relativa a la condición de los transexuales».
El sexo morfológico no puede y no debe convertirse en una jaula, que constriña al individuo y le limite con respecto al sexo que siente como propio.
Esto ya lo prevé nuestra Constitución cuando proclama el derecho al libre desarrollo de la personalidad y establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación, entre otras, por razón de sexo.
¿Qué mayor discriminación hay que aquélla que no permite a una persona vivir con el sexo que siente?
La futura ley no es una propuesta frívola, sino que es un compromiso con los derechos humanos, que es donde se enmarca el derecho a la identidad de género.
¿Quién puede negar que no existe una discriminación, si nueve de cada 10 transexuales no tienen trabajo y gran parte se ve obligada a dedicarse a la prostitución porque no pueden hacer otra cosa para vivir?
¿Y quién puede negar que las personas transexuales no se sienten excluidas si el 50% de los casos diagnosticados de disforia de género termina en suicidio?
Los distintos y complejos efectos que se derivan de la transexualidad, unidos a la necesidad de fijar los requisitos para acceder al cambio registral de sexo, aconsejan, sin lugar a dudas, la elaboración de una ley específica.
La ley dará solución a los problemas vinculados a la identidad de género y contemplará el cambio registral relativo al sexo y al nombre, para así adecuarlos al sexo psicosocial, con garantías médicas y legales.
Con esta ley, comprometida en el último programa electoral del PSOE, conseguiremos un país con menos hipocresía y con menos doble moral. En definitiva, un país más decente.