Cuidado con el perro de Ione Belarra

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 Ione Belarra

Suele decirse que debería haber un examen o algún tipo de cursillo para poder ser padre. Yo creía que en broma, pero no está la cosa para dar ningún chiste por supuesto. Porque parece que de momento empezaremos por los perros y ya iremos viendo. Aunque no sea así como se presenta esta ley de protección y bienestar animal, claro.

Se presenta, como suele hacerse desde el Gobierno, como algo totalmente radical y novedoso que nos hace pioneros y demás cuando hablan ante los suyos, y como algo que en realidad ya se hace en tiendas y perreras y que es de sentido común y que ahora sólo se formaliza en ley cuando lo hacen entre escépticos.

Pues bien, como decía Marx (Groucho, por supuesto): Whatever it’s, I’m against it (sea lo que sea, estoy en contra). Si es porque sólo formaliza lo que ya es de sentido común, porque las leyes inútiles e innecesarias no son inocuas. Y lo digo, entre otras razones, por aquellas que hacían tan ridícula y por lo tanto chistosa la idea del cursillo para ser padres.

Imaginemos qué gobierno progresista se atrevería a decirle a las mujeres que pidan permiso. Si importase tanto en general tener hijos como importa abortar, las mujeres dirían, y esta vez con toda la razón, que su cuerpo es suyo y que hacen con él lo que quieren y que si quieren quedarse embarazadas no es nadie el Gobierno para impedírselo. Eso vale ya en casi todo menos en los vientres de alquiler, donde va extendiéndose además el lema antes perruno del no compres, adopta.

Me veo incapaz de saber si esta es una ventana que se abre o una puerta que se cierra. Pero el cursillo para ser padre era de chiste porque se entiende, se supone, que donde hay amor no hace falta ley. Como esta es seguramente la única cursilada que todavía no ha dicho este Gobierno, pues ya la digo yo. Pero sólo para recordar que es por esa misma lógica aristotélica que el lugar que ocupa la ley ya no tiene que ocuparlo el amor. Y que a eso, a esa progresiva sustitución de los vínculos entre ciudadanos por la ley, se le llama totalitarismo.

Esta lógica del tener que ir formalizando en ley el sentido común nos va acostumbrando a aceptar que el sentido común no es fiable hasta que es ley. Que la ley es lo único fiable. Y que la confianza social disminuye al mismo tiempo y en la misma proporción en la que crece la dependencia, casi espiritual, del Estado.

Y ya sé que este ejemplo sirve poco, pero precisamente por eso hay que ponerlo: para entender el peligro liberticida de esta lógica basta ver la cantidad de gente que sigue andando con el bozal puesto por la calle.

Por otra parte, la izquierda vive, actúa y legisla convencida de la necesaria compatibilidad de todas las buenas causas (que son las suyas). Ya no de las intenciones, que son inconmensurables, sino de las acciones, que no tanto. Y por eso puede decir y dice cosas tales como que “las competencias de protección animal muestran la interrelación entre la agenda social y la animal”.

Es cierto que esta ley trabaja en la misma dirección que su política de cuidados, que es el auténtico núcleo irradiador de las políticas progresistas del Gobierno y que consiste, básicamente, en mandarnos al psicólogo. Y el perro y el psicólogo son competencia directa. Yo diría que el psicólogo es competencia desleal del perro, pero ese ya es otro tema.

El caso es que los psicólogos son ahora tan importantes para el Gobierno y para el debate público como lo fueron los economistas tras la crisis de 2008 y los politólogos tras el 11-M. La función del psicólogo es ofrecerle al Gobierno soluciones técnicas a problemas que no lo son y exculparlo así de la pesada carga que arrastra porque heavy is the head that wears the crown (pesada es la cabeza que lleva la corona). El perro, lógicamente, no puede ni debe interponerse en asuntos tan serios como los de la salud mental. Esta ley, al dificultar la compra de animales de compañía, deja a las personas más solas y facilita el trabajo del psicólogo o, al menos, facilita que el psicólogo tenga trabajo.

No está claro, en cambio, que las políticas del cuidado de las personas sean siempre y necesariamente compatibles con las del cuidado de los animales. Ni que, cuando no lo sean, tengamos ya muy claro a cuáles hay que dar prioridad ni quién tiene que decidirlo. Es una triste y recurrente estampa para los animalistas, por ejemplo, el ver esos pobres perros pulgosos condenados a vivir en la calle con el vagabundo de su dueño. Y no está claro tampoco que la compañía de las personas mayores sea la mejor compañía posible para los tiernos cachorros de los anuncios.

Y en esta situación, en la que ambos podrían estar bastante mejor de lo que están, al único que se puede ayudar de verdad, aunque perjudicando seriamente al otro, es al perrito en cuestión.

Es ya un tópico de nuestra época, y no sólo de nuestro Gobierno, que toda política se vea y se presente siempre como una política de ampliación de derechos. Como si los derechos pudiesen crecer indefinidamente y en todas las direcciones, incluso las de las bestias. El precio a pagar por esta infantil ilusión expansiva es, claro está, la justa y correspondiente expansión del Gobierno, que cuida y por eso obliga, por aquello de que el espacio que ocupa la ley ya no puede, ya no sabe, ocuparlo el amor. Ni siquiera el amor a los animales.

Ferran Caballero es profesor de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad Pompeu Fabra y de Pensamiento y Creatividad en LaSalle-Universidad Ramon Llull.

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