En algunos corrillos políticos de Euskadi se rumorea que los catalanes están enfadados por las nuevas cesiones del presidente Zapatero al PNV. La oposición, el Partido Popular, tampoco anda contenta con el acuerdo. El Partido Socialista de Euskadi y el Gobierno vasco tratan de ocultar el enorme enfado que les ha provocado el susodicho acuerdo. Es de pensar que Zapatero esté contento porque puede culminar la legislatura. Y el PNV está contentísimo. No porque se vaya cumpliendo el Estatuto de Gernika, sino porque cree que este golpe que ha dado gracias a la debilidad parlamentaria de Zapatero le acerca a la recuperación del poder en Euskadi.
Casi todos descontentos, y los que están contentos lo están por razones que no tienen nada que ver con la supuesta razón por la que todos debiéramos estar contentos: porque se va cumpliendo el Estatuto vasco y porque Euskadi, la comunidad autónoma vasca, los ciudadanos vascos salimos ganando con ese avance estatutario. Sin embargo, Zapatero está contento porque conserva el poder y no tiene que convocar elecciones anticipadas. Y el PNV porque acaricia la vuelta al poder.
Cierto: el Estatuto vasco y su cumplimiento no han sido en toda esta historia más que la excusa, el medio y el instrumento involuntario para cumplir fines totalmente ajenos a él. Si se analizan en detalle los acuerdos se puede ver perfectamente que el Estatuto vasco ha sido una pelota de trapo con la que los actores han jugado a placer.
El PNV no ha tardado ni un minuto en decir que el Estatuto no es el punto final de su proyecto. Y ha vuelto a recordar, al minuto de firmar el acuerdo, que ahora va a por la transferencia de la Seguridad Social, no porque le importe el cumplimiento estatutario, pues su meta está mucho más allá, radicalmente más allá del ámbito estatutario, sino para acaparar poder como partido. Y Zapatero, el presidente del Gobierno central, una de cuyas responsabilidades principales es defender el sistema constitucional español, ni se ha molestado en pedir al PNV, como contrapartida en el acuerdo, que legitime el Estatuto de Gernika, el marco que ha permitido al PNV gobernar, gozar de poder político durante tantos años.
¿Se va cumpliendo el Estatuto vasco con este acuerdo? Es cierto que se han acordado transferencias previstas en la ley orgánica que es el Estatuto vasco. También es cierto que, dejando de lado las políticas activas de empleo, el resto es de muy menor importancia. También es cierto que la transferencia de las políticas activas de empleo no se habían transferido hasta la fecha porque el PNV exigía aplicar a la caja única de la Seguridad Social el sistema de concierto económico. Y que la transferencia ha sido posible ahora por una chapuza técnica: lo que pierde la caja de la SS por las bonificaciones de las cuotas empresariales se resarce desde los presupuestos generales.
Pero aún es peor para la solidez del Estatuto lo sucedido con el conjunto de la negociación: se cumple la ley acordando transferencias previstas, si dejamos de lado las que son simples delegaciones no obligadas por el Estatuto, pero vaciando el sistema de las relaciones establecidas en la Constitución y el Estatuto para proceder a dichas transferencias: negociación entre ambos gobiernos en la comisión mixta de transferencias. La negociación entre el Gobierno central y el PNV supone un ataque directo al sistema constitucional-estatutario, implica su incumplimiento en el eje del sistema.
Y no vale decir que lo han hecho todos los gobiernos hasta ahora, pues los acuerdos a los que se llegó anteriormente lo eran siempre con el Gobierno vasco de turno y con el partido que ponía ese Gobierno, el PNV. No había incumplimiento institucional alguno. Ahora sí: no es que se haya ninguneado a una persona, el lendakari Patxi López, sino que se ha incumplido brutalmente una relación institucional que es el eje del sistema estatutario. Se ha vaciado la institucionalización estatutaria de la comunidad autónoma vasca. Se ha debilitado esa institucionalización estatutaria. El autogobierno sale perdiendo. El Estatuto vasco sale debilitado porque no es una ley institucional, sino una ley propiedad de un partido.
Al PNV poco le importa, pues su meta no es la consolidación del sistema estatutario, sino su debilitamiento y superación radical. Pero se supone que al presidente del Gobierno central algo le debiera interesar la consolidación institucional del Estado y de todos sus elementos. A lo que es preciso añadir que ese sistema constitucional-estatutario no es arbitrario, sino que tiene la función primordial de garantizar la libertad de todos los españoles y de todos los ciudadanos vascos.
En esas estamos. Con el añadido de estar sujetos a la acusación de ser de extrema derecha por criticar unos acuerdos políticos tratando de argumentar la crítica política. Solo es posible asentir, y quienes mandan deciden cuál es la crítica permitida para no ser reo del delito de extremismo de derecha. ¡Pobre democracia!
Joseba Arregui, presidente de Aldaketa.