Curar al enfermo de Sur de Asia

Pakistán está pasando por tres transiciones al mismo tiempo. La manera como se desarrollen importa no sólo para Pakistán, sino también para gran parte del mundo musulmán, especialmente a medida que la primavera árabe va generando cambios en los gobiernos de Oriente Próximo en su conjunto.

La mayoría de los países musulmanes han sido gobernados durante décadas por autócratas surgidos directamente de las fuerzas armadas, o que han tenido un fuerte apoyo "caki". Fue el caso de Egipto, Libia, Yemen, Siria y, por supuesto, Pakistán.

La Primavera Árabe hizo añicos la espuria legitimidad que ese estilo de gobierno haya podido tener en algún momento. Pero, en Pakistán, la deslegitimación del régimen militar había ocurrido en realidad tres años antes, y la presión por el cambio vino de la misma fuente: una nueva clase media inquieta y movilizada.

Hace varias décadas, el politólogo estadounidense Samuel P. Huntington sostuvo que la prosperidad económica en los países en desarrollo con instituciones débiles de gobierno no conduciría necesariamente a la estabilidad política. Por el contrario, en esos contextos el crecimiento económico puede ser (y es a menudo) políticamente desestabilizador.

Resultó ser el caso de Turquía y Pakistán en la década de 1990 y principios de 2000, y más tarde en gran parte del mundo árabe. En efecto, las crecientes aspiraciones de la juventud árabe en Egipto y Túnez, fuente de la primavera árabe, ocurrieron tras un impresionante crecimiento económico que no se derramó al resto de la sociedad. Podemos ver estas expectativas en ascenso en todos los grandes países musulmanes.

Como sugiere Huntington, cuando los jóvenes ven que sus economías crecen, comienzan a exigir participación en decisiones que afectan a todos los aspectos de sus vidas, no sólo su bienestar económico. Los sistemas políticos dominados por los militares impiden esa participación, por lo que, con el crecimiento económico, la desmilitarización de la política se ha terminado por convertir en el gran grito de guerra de todos los grandes Estados musulmanes dirigidos por militares, desde Indonesia hasta la costa mediterránea. Incluso Irán, donde los Guardias Revolucionarios controlan cerca de un tercio de la economía, se vio afectado cuando los resultados de las elecciones presidenciales en 2009 provocaron grandes protestas contra el gobierno en Teherán y otras ciudades importantes.

Sin embargo, la desmilitarización es más que la transferencia del poder y la formulación de políticas de las fuerzas armadas a los parlamentos electos. En su reciente libro Why Nations Fall (¿Por qué fallan las naciones?) los economistas Daron Acemoglu y James Robinson sugieren que las elecciones -incluso las que son libres y justas- no necesariamente hacen que las sociedades pasen de lo que llaman sistemas "extractivos" a "inclusivos". De hecho, la extracción de la riqueza de un país para su uso por la elite puede ocurrir incluso en las sociedades democráticas, cuando quienes dominan el sistema político no enfrentan otras limitaciones que las elecciones periódicas.

Aquí es donde entra en escena el esfuerzo por diseñar mecanismos institucionales para controlar y equilibrar el comportamiento de las elites. De hecho, la búsqueda de esos mecanismos es precisamente lo que está en marcha en Pakistán

Allí, la opinión pública obligó a un Ejército desacreditado a retirarse del poder, creando espacio político para representantes electos que asumieron el control (aunque no sobre los militares), pero no gobernaron sabiamente. Mientras sus fortunas personales aumentaban, los niveles de vida de todos el resto se estancaron o, en el caso de los grupos de menores ingresos, incluso se redujeron. Así, mientras Pakistán negociaba su transición política, experimentaba un significativo declive económico.

Como resultado, el sistema judicial, los medios de comunicación y muchas organizaciones de la sociedad civil de Pakistán están intentando no sólo mantener a los soldados en sus cuarteles, sino también restringir la rapacidad de la clase política.

Tres casos que se llevan ante la cada vez más asertiva Corte Suprema prometen conducir al país desde la fase de desmilitarización a un sistema en que se puedan ejercer controles significativos sobre quienes detenten el poder. Uno de los casos es un intento por obligar a la administración del primer ministro Yusuf Raza Gilani a reabrir el juicio en un tribunal suizo en que se examinan cargos de lavado de dinero y malversación de fondos públicos por el presidente Asif Ali Zardari. El juicio se había detenido a petición del gobierno pakistaní cuando Zardari llegó al poder.

En el segundo caso, la Corte Suprema quiere que las agencias militares de inteligencia de Pakistán den cuenta de los cientos, si no miles, de personas desaparecidas que fueron detenidas como parte de la campaña para contener el ascenso del extremismo islámico, o para socavar las aspiraciones separatistas en la inestable Beluchistán.

El tercer caso abrió una antigua queja presentada por un político hace décadas en contra de la "troika" -compuesta por el presidente, el primer ministro y el jefe de estado mayor del ejército- que entonces gobernaba Pakistán. El demandante alegó que grandes cantidades de fondos se canalizaron a los candidatos favorecidos por la troika para participar en las elecciones generales de 1990, en que el partido de Nawaz Sharif obtuvo una gran victoria sobre el Partido Popular de Benazir Bhutto.

Por último, Pakistán está pasando por una transición en que el poder se está transfiriendo desde la administración central a los gobiernos subnacionales. La 18ª Enmienda a la Constitución, adoptada en 2010, hace precisamente eso, pero su ejecución se está viendo retrasada por partidos que prefieren una estructura política altamente centralizada.

Si Pakistán tiene éxito en la transformación de su sistema político, podría servir de modelo para otros países musulmanes que están tratando de pasar de sistemas extractivos a inclusivos de gobierno. Turquía ya ha avanzado por este camino. Si Pakistán también lo hace, no estaremos muy lejos de la desmilitarización de la política también en otras partes del mundo islámico.

Shahid Javed Burki, former Finance Minister of Pakistan and Vice President of the World Bank, is currently Chairman of the Institute of Public Policy, Lahore.

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