Curarnos mejor

Por Jordi Xuclà, portavoz de CiU en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados (EL PERIÓDICO, 22/04/06):

La ley de garantías y uso racional del medicamento ha finalizado su tramitación en el Congreso y muy pronto será debatida y votada en el Senado. A estas alturas, ya pueden hacerse algunas consideraciones sobre una verdadera política de uso racional del medicamento.
En primer lugar, que el proyecto de ley tal como llegó a las Cortes no era considerado, ni por mi grupo parlamentario ni por otros, como una verdadera ley integral sobre el medicamento. Más bien como un proyecto de ley encaminado a recortar la factura farmacéutica. ¿Es éste un propósito suficiente para una ley? Con rotundidad, no. Remendar los excesos en el crecimiento del gasto público en medicamentos es no ver dos aspectos previos muy importantes. En primer lugar, evitar afrontar un debate en profundidad y sincero sobre la sostenibilidad de la financiación de la sanidad. En segundo, no entrar a valorar el peso presente y futuro de la industria farmacéutica innovadora en España, que en una parte básica, más del 35%, se concentra en Catalunya.
Cuando hablamos de la factura farmacéutica y, de un modo más general, de la factura sanitaria, hace demasiado tiempo que falta el coraje suficiente para presentar la realidad difícil de la financiación de la sanidad. Falta coraje y sobra tactismo de los socialistas y los populares en este punto. Del mismo modo que hace más de 10 años que todos los grupos políticos del arco parlamentario se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un pacto de Estado sobre las pensiones, el llamado Pacto de Toledo, ahora es el momento de construir un pacto de Estado en materia sanitaria. Un acuerdo que saque un punto tan esencial de la sociedad del bienestar del centro de las querellas parlamentarias. Deberíamos tener un horizonte de certidumbre para saber hasta dónde la cuentas públicas pueden cubrir el gasto sanitario. Y tan importante como esto es que el conjunto de los ciudadanos, de los pacientes y usuarios de la sanidad pública sepan el coste de sus atenciones.

EN SEGUNDO lugar, esta es una ley que también tiene que asegurar el fortalecimiento de la industria farmacéutica innovadora de nuestro país. Y eso tiene que decirse sin complejos. Después del sector del automóvil, el sector farmacéutico es el segundo que invierte más en investigación, desarrollo e innovación. Y la investigación de hoy serán mejores medicamentos para mañana y, por lo tanto, mejores garantías de curar enfermedades o de curarlas mejor. Éste es un punto de vista tal vez más de política industrial que de política sanitaria, pero ambos están conectados. El sector farmacéutico español no está situado aún en una posición dominante y de primer nivel mundial, pero tampoco tenemos que resignarnos a que se convierta en mero importador y comercializador de medicamentos. En este punto también hemos modificado a mejor la ley para que exista una estrategia industrial pública farmacéutica.
Pero, por encima de todo, ésta es una ley que tiene que garantizar el uso racional del medicamento. Los fármacos nos ayudan a curar enfermedades, pero se hace de ellos un uso a menudo abusivo o desencaminado. Es por ello que la ley refuerza el papel de los agentes sanitarios en la prescripción y dispensación de los medicamentos. Tendremos que acostumbrarnos a que cuando hablemos de medicamentos con receta realmente sólo sean dispensados con receta y, por lo tanto, con una prescripción previa de un médico. Son muchos los que necesitan receta y que podemos conseguir hoy sin ella. Empezando por los antibióticos. Tan cierto como esto, es que habrá que revisar la lista de los que tienen que ser dispensados con receta para que se reduzca. La prescripción nos garantiza un correcto uso de los medicamentos que tiene que conducir a una disminución, aquí sí, del gasto farmacéutico.

PERO QUEDA pendiente la posibilidad de que otros agentes sanitarios también puedan intervenir en el acto de recetar. Estaría bien que se hubiese introducido la distinción que rige en Gran Bretaña entre prescripción (acto médico) y receta (expresión formal de la prescripción). Con esta distinción sería posible que la enfermería pudiera realizar el seguimiento de las recetas de enfermos crónicos. Asimismo, si no lo resolvemos mejor, los podólogos quedarán en una mala posición porque no podrán prescribir algunos medicamentos indispensables para su actividad.
Con la nueva ley, la receta tendrá dos grandes transformaciones. Por un lado, ya no será sólo un documento para que se entiendan médico y farmacéutico, sino que incorporará indicaciones claras y esclarecedoras para el paciente. Y, en segundo lugar, la receta electrónica permitirá una mejor conexión entre médico y oficina de farmacia y seguramente una contención del gasto. Ésta será una buena ley que va a ayudarnos a tomar de forma más racional los fármacos que nos permiten curarnos.