Recientes noticias nos señalan que las Tablas de Daimiel, espacio protegido por la Unesco y la Unión Europea, se encuentran en un estado extremo de degradación que puede conducir a su total desecación. Es el último episodio de una serie de fenómenos políticos, económicos y medioambientales, que no sólo deberían indignarnos, sino hacernos pensar colectivamente sobre las razones que han propiciado la ruina socioeconómica de nuestro país y la pérdida generalizada de confianza en sus instituciones.
Hasta el año 2005, la gestión de los parques naturales en España, que normalmente no entienden en su configuración de límites territoriales, correspondía por igual a las comunidades autónomas y al Estado. Aquel modelo de gestión era un buen ejemplo de lo que debe ser la intervención política en espacios protegidos: participación entre actores implicados, corresponsabilidad entre administraciones y transparencia. En 2005, a instancia de las comunidades autónomas de Andalucía y Aragón, el Tribunal Constitucional entendió que en este sistema compartido el Estado invadía competencias autonómicas y que, a partir de dicho momento, serían las regiones en solitario las que gestionarían los espacios protegidos. Las organizaciones ecologistas pusieron el grito en el cielo, señalando que nuestro Alto Tribunal había puesto por delante de la protección de la biodiversidad las pretensiones de poder de las comunidades autónomas. En este sentido, se preguntaban cómo y quién iba a velar por el interés general de espacios naturales como Picos de Europa, que ahora dependen de tres administraciones diferentes: Asturias, Castilla y León y Cantabria.
Las últimas informaciones señalan que la Junta de Castilla-La Mancha no se ha hecho cargo de las Tablas de Daimiel después del pronunciamiento constitucional. Tampoco el Estado. Ahora comenzarán los gritos políticos y las acusaciones entre gobiernos, con el objetivo de tapar la mar de fondo que está detrás del final del humedal manchego. La mar de fondo nos indica un contexto político-institucional caracterizado por una creciente ausencia de intervención de los poderes públicos en aspectos que interesan al conjunto de la sociedad. En lo relativo al territorio, la situación es realmente paradójica: la proliferación de normativa sobre desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, cuidado del paisaje o urbanismo es correspondida con un desgobierno que atañe a todas las administraciones y que ha conducido a un panorama territorial caracterizado por la cementación descontrolada, la degradación medioambiental y una corrupción política que alcanza niveles preocupantes.
¿Cómo se ha llegado a esta situación? La respuesta no es unívoca, pero aquí nos interesa llamar la atención sobre la pérdida de centralidad del Estado como garante del interés general. Durante años, sesudos profesores e investigadores hemos celebrado sin el menor atisbo de crítica los procesos jurídicos y políticos que en el nivel supranacional e infranacional reclamaban una pérdida de soberanía del Estado. Hoy en día sigue siendo defendible la pérdida de soberanía, si ello realmente comporta una gestión más eficaz y cercana de las políticas públicas. Y es que el problema no es ceder poder, sino ser conscientes de las consecuencias perversas que su pluralización puede llegar a tener para el desarrollo de la sociedad y de los individuos. Los ejemplos son claros y abundantes, tanto en términos económicos como institucionales.
En lo que respecta al primer aspecto, la incorporación de España a la Unión Europea y a la moneda única, supuso el desmantelamiento del sector público y su correspondiente privatización, la desaparición de la autonomía presupuestaria y la renuncia a ejercer políticas de estabilización monetaria. Sin embargo, la retirada del Estado en estas áreas no se compensó con un verdadero gobierno de la economía en el nivel comunitario. La prevalencia del mercado y la ausencia de instrumentos para dirigir la economía explican que la Comisión Europea proponga sin pudor un mero control 'moral' de los productos financieros que han arruinado a muchos ciudadanos. Sin comentarios. Y ahora, cuando nos enfrentamos a una de las mayores crisis financieras y económicas de la historia, nos encontramos con que la posible intervención del Estado se reduce en buena medida al levantamiento de zanjas en nuestras calles, la creación de fondos para que bancos y cajas puedan provisionarse ante la morosidad y la contratación de setenta jubilados para la intermediación en la concesión de crédito. Con este panorama es difícil siquiera pensar en recuperar el círculo virtuoso keynesiano. El Gobierno ha prometido además una ley de economía sostenible, que como tantas otras iniciativas se quedará por el camino de la irresponsabilidad política organizada por la conjunción de poderes autonómicos.
Porque a la ingente reducción de la influencia de la política en la economía de modo centralizado, durante toda la década de 1990, le ha seguido el desmantelamiento institucional del Estado en las dos últimas legislaturas. Mientras en otros países europeos, como Alemania e incluso Italia, las reformas relacionadas con la descentralización política se han hecho en sede constitucional, prodigándose profundas discusiones en torno al federalismo, la globalización y el proceso de integración europea, en España, la modificación de los estatutos de autonomía ha estado presidida por la geopolítica del poder y los debates relativos a la identidad. El resultado es el que podemos observar en el asunto de las Tablas de Daimiel: descoordinación política y ausencia total de intervención, en una zona donde la Junta de Castilla-La Mancha sí parece haber tenido en cuenta los intereses de los agricultores y sus necesidades hídricas. Y es que la profundización en el Estado de las Autonomías debía haberse compensado con instrumentos que permitieran identificar y actuar mejor en las materias que afectan al interés general.
La identificación y gestión de estas materias, parece haberse confiado, en los últimos años, a la mano invisible de la competencia interterritorial, que en ocasiones se combina con el visible apretón de manos entre políticos. La gobernanza, que consiste en convertir el gobierno en una adivinanza, no parece ser un modelo consistente de cooperación política entre las distintas administraciones. Todavía hoy, la obsesión de buena parte de la clase dirigente y burocrática autonómica, en connivencia con el Gobierno central, ha sido y es la de poder llevar a cabo sus tareas con el menor número de interferencias por parte del Estado. El corolario lógico de esta tendencia es la pretensión de blindar, casi con un lenguaje militar, las competencias, el Concierto Económico o el estatuto de turno, con el objetivo de eludir el control que legítima y democráticamente pueden y deben realizar los tribunales.
La desecación de las Tablas de Daimiel, como pronto va a ocurrir con el Parque de Doñana, es el fracaso de la política española y del sistema institucional que la sostiene. Urge una reflexión colectiva sobre el maridaje de la economía, la ecología, el urbanismo y el territorio. Enumerar de forma transparente los problemas, identificar los factores y los actores que los han provocado y llevar a cabo las reformas jurídicas y políticas para solucionarlos. No podemos permitir que el medio ambiente se destruya sin hacer nada para impedirlo, o que la corrupción gangrene por completo el ámbito municipal hasta deslegitimarlo. Si no existe consenso ni voluntad política, el Estado tiene instrumentos de ejecución forzosa, de naturaleza constitucional y administrativa, para actuar. En el caso que nos ocupa, si la Junta de Castilla-La Mancha no quiere (o no puede) hacerse cargo de las Tablas de Daimiel, el Estado tiene la obligación y la responsabilidad de ejercer su competencia en medio ambiente y protección de espacios naturales.
Josu de Miguel Bárcena, investigador psodoctoral del Center For Constitucional Studies and Democratic Development, Universidad de Bolonia - Johns Hopkins University.