Hablamos y discutimos sin pausa del precio político que se va a pagar (o no) por el fin de la violencia terrorista, como si ese precio fuera el único coste del proceso. Pero la realidad cotidiana nos demuestra una y otra vez que, junto al coste político pagadero directamente a los terroristas o sus representantes, están los costes políticos que estamos ya pagando todos los demócratas en forma de daños colaterales en la legitimación del Estado de Derecho. Y que esos daños colaterales son consecuencia directa de una improvisación y chapucería notable por parte de quien puso en marcha este proceso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no reflexionó ni previó en su momento cómo compatibilizar ese proceso (político) con los procesos (judiciales) en marcha y con la aplicación de las propias normas jurídicas aprobadas en los últimos años. Alegremente se creyó, y ahí empieza la chapuza, que se podría controlar al Poder Judicial con el simple expediente de animar a los jueces y tribunales a hacer una especie de uso alternativo del Derecho a través de una aplicación desaforada del artículo 3-1º del Código Civil en el punto en que menciona "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas" como parámetro interpretativo de las leyes. Sean ustedes conscientes de los tiempos magníficos que vivimos y apliquen las normas en consonancia, se les dijo.
Como sabe cualquier jurista, el precepto en cuestión no daba para tanto como se le pedía. Pues el llamado "elemento sociológico" de la interpretación jurídica no justifica el arbitrio judicial sistemático, aunque sólo sea porque el juez, perito exclusivamente en Derecho y funcionario no elegido, carece de cualquier legitimación científica o democrática para averiguar por sí mismo cuál es esa "realidad social" y más aún para determinar los valores que han de regir la convivencia (Lacruz Berdejo). Pero, eso sí, lo que se ha conseguido con esa invitación alegre a la leer los tiempos es desatar una ola de dañino activismo judicial. Porque, como es obvio, no sólo los jueces progresistas pueden leer el sentido de la realidad social y política, sino también los conservadores. Lo terrible es que lo harán en forma contradictoria, porque no estarán sino dando rienda suelta a sus prejuicios y preferencias políticas. Al final, la torpeza del Gobierno no ha hecho sino provocar el arbitrismo judicial en la interpretación de las normas y, con ello, generar una inevitable deslegitimación del poder judicial ante la opinión pública, que contempla atónita cómo un mismo hecho puede ser considerado como legítimo por el juez Baltasar Garzón y como constitutivo indiciariamente de delito por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
A esa deslegitimación colaboran entusiastas, cómo no, los diversos órganos políticos afectados por las decisiones, que han aprendido rápida y eficazmente el estribillo que irresponsablemente puso en marcha el Gobierno. El que me condena o me imputa es un tribunal de extrema derecha que sólo quiere torpedear la paz, y el que no lo hace es un juez vendido al Gobierno, que se pliega dócilmente a sus dictados; en cualquier caso, todos son esclavos de sus pasiones políticas. Estremece escuchar a políticos tales que Gorka Knörr o Kontxi Bilbao afirmaciones o insinuaciones de que magistrados como Perfecto Andrés Ibáñez, Siro García o el resto de los componentes de la Sala del Tribunal Supremo se pliegan a la extrema derecha. ¿Saben siquiera de quiénes están hablando? Como estremece oír decir al Gobierno vasco que la imputación del lehendakari no le saldrá gratis al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Es que hemos perdido el sentido común?
Juan María Atutxa, como en casi todas sus decisiones importantes al frente del Parlamento vasco, actuó de manera marrullera, esquiva y poco noble cuando evitó aplicar el mandato del Tribunal Supremo de disolver un grupo parlamentario. No me siento capaz de opinar sobre si cometió delito al obrar así (más bien me inclino por la negativa), pero lo que era bastante predecible es que la larga cambiada que el Tribunal Superior le dio al caso en su momento no podía sostenerse ante el Tribunal Supremo.
Mantener que la inviolabilidad parlamentaria amparaba a los acusados en materias que patentemente excedían de la expresión política de opiniones era un argumento equivocado y, lo que es más grave, suponía implícitamente afirmar que el mismo Tribunal Supremo habría delinquido cuando ordenó la disolución del grupo parlamentario de Batasuna, puesto que habría intentado violar la libertad de los parlamentarios. Vamos, que la anulación de la previa sentencia estaba cantada, y la vergüenza para cualquier demócrata es ver que ello se ha hecho a petición de un sindicato de impresentables extremistas, mientras el fiscal defendía lo indefendible.
Y vuelvo al principio. Espero fervientemente que el proceso termine bien, e incluso creo que hay datos objetivos que avalan esa esperanza. Concedido lo cual, hay que reconocer también que estamos gobernados por unos saltimbanquis políticos que hacen de la chapuza y la improvisación su particular versión de la virtud política.
José María Ruiz Soroa, abogado.