Decenas de miles de personas se congregan en macrobotellones en Madrid y Barcelona. Se reportaron numerosas agresiones sexuales a mujeres. La ministra Montero ni lo comenta.
Sorprendentemente, cuando un chico había presentado una denuncia por agresión homófoba, que resultó ser falsa, inmediatamente la ministra de Igualdad y el presidente se hicieron eco, sin respetar siquiera la instrucción. En los macrobotellones ha habido robos, agresiones sexuales, intoxicaciones etílicas, destrozos e infracciones viales; nadie habló mucho de ello. Sin embargo, cuando 18 personas (18 en una ciudad de casi siete millones) entonan consignas homófobas, inmediatamente es motivo de alerta nacional.
A diario se presentan cinco denuncias por violación en España. Las agresiones sexuales en manada se han multiplicado por cuatro en tres años, pero nos da la impresión de que la única obsesión del Ministerio de Igualdad no son las mujeres, como cabría esperar, sino sacar adelante y a todo correr su 'ley LGTBI' y hacernos creer, de paso, que una ola de odio homófobo asola las calles de Madrid. Precisamente cuando Madrid aparece como la ciudad más gay friendly del mundo en la encuesta Nestpick, y España el sexto de toda Europa (muy por encima de Alemania, Francia o Reino Unido) en la encuesta Rainbow, elaborada por ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, y la Unión Europea.
Sin embargo, no se habla tanto de Barcelona, la ciudad más insegura de España -86 infracciones por cada 1.000 ciudadanos-, donde se han llegado a denunciar seis agresiones homófobas en 24 horas.
Ahora que Suecia ha prohibido los tratamientos off label de cambio de género en menores, y poco después de que el Reino Unido los haya prohibido también; ahora que en Escocia hay manifestaciones masivas para que una ley similar no salga adelante; ahora que la justicia británica ha fallado a favor de Keira Bell, que demandó a la Sanidad británica porque le bloquearon la pubertad a los 15 años, y a Sonia Appleby, que advirtió a la clínica Tavistock (del sistema nacional de salud británico) del carácter irreversible de los tratamientos, y fue despedida por ello. Ahora, precisamente, una podría entrar en teorías conspiranoicas sobre la necesidad de presentar a Madrid como una ciudad insegura, pero parece que la cosa va por otros derroteros: la necesidad imperiosa de promulgar la ley LGTBI, antes de que la ciudadanía se entere de qué incluye.
Tanto los borradores de la ley Trans (art. 27 y 6. 4) como la ley LGTBI (art. 66) coinciden en dos puntos: primero, a los menores de edad se les permitirá iniciar un tratamiento cruzado de bloqueadores de la pubertad y hormonación. Y segundo, si los padres se niegan a ello pueden perder la custodia de su hijo.
Henar Padin, de la Plataforma Radfem de Galicia, explica: "Hemos avisado a todas las Ampas gallegas, para informar de los protocolos de identidad de género que existen en todas las escuelas de Galicia". Le pregunto si sería exagerado afirmar que un docente estaría obligado a informar si ve a una niña con pantalones y pelo corto jugando al fútbol todos los días en el patio. "No es exagerado -responde-; es exactamente así".
Araceli Muñoz, de la Plataforma de Docentes Feministas por la Educación, confirma que estos protocolos se están aplicando en toda España, pero que no se informa a los padres: "Les advertimos de que pueden perder la custodia de sus hijos y el vínculo afectivo que mantienen si, ingenuamente, les siguen en su confusión".
Para bloquear la pubertad se utiliza la leuprolida (Lupron). Este medicamento se utilizaba para la terapia hormonal del cáncer de próstata, el de mama o la endometriosis, entre otros usos. Sus efectos secundarios son, entre otros: sangrado vaginal, osteoporosis, diabetes, hipertensión, migrañas, obesidad, acné, insomnio, atrofia del útero (que suele acabar en histerectomía), atrofia genital (que en niñas significa problemas para miccionar y para mantener relaciones sexuales y en niños significa quedarse con un micropene para el resto de la vida), depresión, confusión e ideas suicidas (pues actúa directamente sobre el hipotálamo), etc.
Lo confirma la Asociación Española de Pediatría (AEP) y lo corrobora José López Guzmán, doctor en Farmacia, Premio de la Real Academia de Medicina, que añade: «La administración de bloqueadores de pubertad se realiza off label, es decir, que medicamentos que están autorizados para un tratamiento concreto se emplean para otras patologías diferentes». En cristiano: habla de uso experimental.
Cuando un menor firma el consentimiento para iniciar ese tratamiento, firma también que nunca podrá demandar a la clínica o al fabricante del medicamento en caso de que haya efectos secundarios adversos. Y esto pese a que, según Carmen López Suárez, doctora en Educación y pedagogía, "hasta bien pasada la veintena, un adolescente carece de la suficiente capacidad cognitiva para tomar decisiones relevantes e irreversibles. Porque su corteza prefrontal es inmadura y está en proceso de construcción".
Sobre el carácter irreversible del tratamiento, la AEP afirma: "La falta de evidencia científica acerca de cuál es el mejor interés del menor obliga a retrasar al máximo los tratamientos que tengan consecuencias irreversibles".
El borrador de la ley Trans de Irene Montero afirma textualmente en su artículo 26, apartado 2: «Se prohíbe el uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la identidad de género, o que estén basados en la suposición de que cualquier identidad de género es consecuencia de enfermedad o trastorno". Prácticamente lo mismo dice la ley LGTBI en su artículo 16.
El Ministerio de Igualdad se posiciona por tanto en contra de las recomendaciones de la AEP, que cree que "el acceso a cualquier tratamiento médico o quirúrgico requerirá, en todos los casos, la verificación de la condición de transexualidad y un despistaje de posibles enfermedades. Es necesario autentificar que el relato de la persona no está condicionado por posibles enfermedades y para, en caso de detectarlas, tratarlas".
Que la demanda de estos tratamientos se haya multiplicado por seis entre 2017 y 2019, como publica El País, querría decir que, como bien prueba Abigail Shrier en su libro Daño Irreversible, la demanda de cambio de sexo podría responder, en la mayoría de casos, a un contagio social y no siempre a una identidad innata.
Shrier constata que en EEUU, más del 70% de quienes se someten a esos tratamientos irreversibles y experimentales son niñas. Pero tengo la impresión de que, como digo al principio, a la ministra Montero las mujeres y las niñas le importamos poco, y poco le importa el futuro de estas niñas-cobaya.
Lucía Etxebarria es escritora.