De ajustes, reformas y pactos

Hace unos días parecía que el país se había puesto las pilas para encarar el incierto futuro que nos aguarda. Los movimientos de las dos últimas semanas parecen avanzar en esta dirección con la propuesta de pacto de Estado lanzada por el Gobierno tras el envite de CiU. No obstante, la ciudadanía continúa un tanto confundida acerca del alcance de lo que nos aguarda. Y buena prueba de ello ha sido la manifestación del pasado martes contra el alargamiento de la edad para la jubilación.

El reto que afrontamos no es el de la salida de la recesión. Esta está ya siendo superada y, de no mediar nuevos problemas internacionales, debería consolidarse en la segunda mitad del año. ¿Por qué, entonces, tanto debate sobre pactos, recortes de pensiones, ajustes del gasto público, reducciones de los costes de despido y demás propuestas? Porque España afronta un cambio, bastante radical y a peor, de las condiciones internas y externas en las que se desarrolla nuestra actividad. Y ese cambio sugiere que creceremos menos, que será más difícil aumentar la renta y el empleo y que solo con un esfuerzo colectivo podemos afrontar adecuadamente el futuro.

Desde un punto de vista interno, la formidable explosión demográfica sobre la que se basó el fuerte crecimiento de la demanda en la pasada década ha terminado, al menos por unos años. Aquella empujó el aumento del consumo y de la demanda de vivienda, amplió el mercado interno y estimuló tanto el crecimiento de la inversión productiva privada como de la pública. Además, este choque demográfico tuvo efectos balsámicos sobre las finanzas públicas, ya que una parte notable del mismo procedió de la inmigración. Esta población tiende a consumir, en el corto y medio plazo, y simplemente por razones de edad, menos bienes públicos (educación, sanidad y pensiones) que la nativa. A ese menor gasto hay que añadir el aumento de los ingresos de las administraciones resultado del boom inmobiliario y del consumo, lo que resultó en una considerable mejora de las finanzas públicas.

Lastimosamente para todos, este aumento poblacional ha quedado atrás. Y ello porque será necesario reabsorber una parte del paro antes de que la inmigración se recupere. Y porque el otro componente de este impulso demográfico, los españoles nacidos en el baby boom, comienzan a dejar la edad en la que se forman nuevas familias. Así, las predicciones disponibles sugieren una brusca caída de la formación de nuevos hogares en el próximo quinquenio: desde el entorno de los 400.000 entre 1999 y el 2008 a los 170.000 del 2010 y años posteriores. Esta importante punción en la creación de nuevas familias va a tener negativos efectos sobre el avance del consumo y la demanda inmobiliaria. Por ejemplo, cerca del 80% del aumento en el gasto familiar en términos reales que se acumuló entre el 2000 y el 2007 derivó del avance del número de hogares, y solo el 20% restante del incremento del consumo real por familia. A esta demografía en declive cabe añadir las dificultades del empleo, el fuerte endeudamiento familiar, las pérdidas de riqueza (financiera e inmobiliaria), las restricciones del crédito o el deterioro de las expectativas. Este conjunto de factores va a contener el aumento del consumo privado y la inversión inmobiliaria durante un periodo que no va a ser corto.

Las empresas, por su parte, se enfrentan a este panorama menos expansivo sumándole el fuerte incremento de la competencia internacional. Además, su elevado volumen de deuda también va a jugar en contra de una fuerte expansión de su inversión.
Finalmente, un sector público que ha de reducir su déficit hasta el 3% en el 2013 implica una contención del gasto de consumo e inversión (incluso aunque el proceso de ajuste sea más dilatado) o un aumento de la fiscalidad. Así, por un periodo relativamente largo nos enfrentamos a una consolidación fiscal similar a la que efectuó el país entre 1995 y 1999, aunque entonces la convergencia hacia el euro y las devaluaciones de la peseta mitigaron su impacto.

En síntesis, una demanda interna (familiar, empresarial y pública) con dificultades para su expansión. Y ello en un contexto internacional mucho más duro que en el pasado, en especial por la imposibilidad de devaluar nuestra divisa, y en el que hemos acumulado importantes pérdidas de competitividad: ¡no parece razonable que nuestros turistas, al regresar de Alemania, destaquen lo barato que es ese país! De esta forma, la mejora de nuestra capacidad de venta exterior la hemos de efectuar reduciendo precios, salarios reales y/o incrementando la productividad.

Nos espera un dilatado proceso de ajuste, reduciendo el volumen de endeudamiento privado, moderando el gasto (privado y público), aumentando el ahorro y recuperando, más lentamente de lo deseable, el empleo perdido. Al mismo tiempo, hemos de reajustar nuestros precios y costes a una competencia internacional mucho más severa, con un euro que tiende a apreciarse. Todo ello implica un proceso simultáneo de estabilización y reforma de nuestro sistema productivo, de difícil ejecución si no se pacta entre todos. En ello está, en estos días tan movidos, España, y también Catalunya. Por el bien de todos, convendría que nos pusiéramos de acuerdo.

Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada, UAB.