De amnistías y otros demonios

El anuncio del Fiscal General sobre la potencial anulación o revisión de las amnistías e indultos que se dictaron en favor de integrantes del M-19 a comienzos del decenio de 1990 ha despertado  pasiones enconadas entre los colombianos. Una vez más, y como ya es usual, en conmemoración de los hechos de Palacio de Justicia de 1985.

Sumándome a la opinión de quienes piensan que se trata de una salida oportunista del doctor Montealegre, creo útil traer a este debate las aguas de la memoria histórica y las de la justicia transicional.

Igual que otros países, Colombia ha presenciado ciertos hechos que dejan marcas indelebles  por su envergadura, por el significado de las víctimas, por la intención política de sus perpetradores y, sobre todo, por la pasmosa impunidad. Para usar las palabras de Tzvetan Tododrov, estos hechos no llegan a servir de memoria-ejemplar o de espejo para las generaciones futuras – como lo hacen con éxito los alemanes en su cultura de postguerra –, sino que se quedan estancados en el charco de la memoria literal (es decir, no conducen a nada distinto de su impacto mediático). Y como por esta vía no es posible una sola memoria, el pantano queda lleno de visiones parciales sobre lo que pasó y sobre por qué pasó.

En el caso colombiano esas memorias parciales empezaron a dialogar – pero por fuerza del proceso judicial – cuando en 2005 el entonces Fiscal General dispuso abrir las investigaciones contra los militares responsables de las desapariciones forzadas que tuvieron lugar tiempo después del incendio del Palacio de Justicia. Desafortunadamente ni el M-19 ni las fuerzas militares -ni mucho menos los actores políticos- aprovecharon la oportunidad para poner en común una historia que necesita abordarse con toda seriedad. Como suele ocurrir, dejaron que los jueces se encargaran de encontrar y relatar la verdad.

Más allá de Colombia

Este problema no es exclusivo de Colombia. Muchos países luchan contra los fantasmas de su pasado, especialmente cuando sus Estados y sus sociedades han fracasado en el intento de  interpretar lo que pasó, o tan siquiera de entender que sería necesario para llegar a un entendimiento común y compartido.

Las masacres brutales contra el pueblo maya, perpetradas por militares guatemaltecos especialmente durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt entre 1982 y 1983, son un  ejemplo crudo. Más de treinta años después, el juicio que inició una fiscal valerosa se enfrentó a la resistencia de muchos sectores a reabrir ese capítulo, aparentemente cerrado con los acuerdos de paz de 1996, donde se incluyó una ley de reconciliación con beneficios para ciertos crímenes, pero excluyendo explícitamente los más graves. Después de muchos incidentes, la labor de los jueces se vio frustrada por tecnicismos legales, y aún hoy hay quienes dicen que si los militares deben responder por esos crímenes, también tendrían que hacerlo las guerrillas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Por su parte El Salvador debate de manera episódica qué hacer con la amnistía –esta sí absoluta – que aprobó en 1992 para todos los crímenes cometidos por las partes durante su cruenta guerra civil. La masacre de El Mozote, perpetrada en 1981 y donde 900 personas fueron vilmente asesinadas, fue motivo de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según la cual la amnistía dictada en nombre de la paz y la reconciliación no podía cobijar estas atrocidades. Pero resulta que ni el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ni el viejo partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) tienen el ánimo de revisar el acuerdo.

En general, las amnistías – cuando se hacen de manera chapucera y en términos absolutos –  terminan mal. Y esto no es porque la CIDH sea la aguafiestas de la reconciliación, sino porque durante muchos años nuestros países latinoamericanos usaron y abusaron de las amnistías como consecuencia de la incapacidad y la falta de voluntad para atender los derechos de las víctimas. Si durante cien años el fantasma de la amnistía recorrió a nuestro hemisferio, ahora es el espanto de la nulidad de esas amnistías quien despierta el temor de sus beneficiarios e induce la sensación de que nada está cerrado hasta que todo esté cerrado, para tomar una frase maestra del proceso de La Habana.

El ángulo jurídico

Algunos países han mantenido sus amnistías contra viento y marea. Brasil argumenta que la amnistía política de 1979, que comenzó el tránsito de la dictadura a la democracia, es parte implícita de un pacto político constitucional. Los uruguayos han rechazado dos veces en referéndum la posibilidad de abolir la extinción de la responsabilidad penal por los hechos ocurridos durante su dictadura. En ambos casos se argumenta de manera consistente que en el momento de adoptarse esas amnistías, era política y jurídicamente razonable y posible hacerlo con la finalidad de facilitar el tránsito político.

Si la discusión estuviera reducida al ámbito jurídico, tendríamos que darle el beneficio de la duda a la amnistía y concentrarnos en analizar lo que deba hacer un fiscal o un juez ante un hecho concreto, como el del Palacio de Justicia en Colombia. Es verdad que el derecho internacional no prohíbe las amnistías, que solo empezó a restringirlas con claridad en  2001 (a propósito del caso de Barrios Altos en el Perú) y que esa restricción se refiere esencialmente a las auto-amnistías es decir al evento de que el Estado se perdona a sí mismo en un gesto de desfachatez como los que hicieron Fujimori, Pinochet y otros varios dictadores.

Pero la discusión no es solo – y ni siquiera principalmente- de carácter jurídico o judicial. Como demuestran los casos de Guatemala, El Salvador, Perú y otros varios, aún las amnistías mejor ponderadas y más amplias han quedado desguarecidas en medio de procesos políticos y sociales que las desbordan.

¿Cuál debería ser la discusión?

La amnistía que fuera concedida a los ex guerrilleros del M-19 se parece más a la de Guatemala que a la de El Salvador, porque fueron exceptuados de manera expresa los “delitos atroces”, expresión decimonónica que hoy podría subsumirse bajo los  conceptos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio tipificados por el Estatuto de Roma. En la ley de amnistía para el M -19 no había nada que excluyera la posibilidad de que un juez colombiano abriese investigación contra quienes planearon, ordenaron, participaron o encubrieron la sangrienta y absurda toma del Palacio de Justicia.

La discusión no puede ser tan solo judicial porque de esta manera acaba atomizada en preguntas banales como decir: ¿aún siguen con vida algunos de los participantes? ¿estuvo el líder X fuera del país aquel 6 o aquel 7 de noviembre de 1985? Para contestar estas preguntas no hace falta debatir las responsabilidades en un hecho de semejante magnitud.

Más preocupante todavía es la tesis según la cual, como una de las parte no puede ser juzgada, la otra parte debe ser exculpada.

En estas situaciones es importante volver a referirse al sentido profundo y político de la memoria. No aquella que se transcribe en cientos de páginas de decisiones judiciales, sino al proceso social y amplio que nos lleva a comprender lo que pasó en un país en determinadas circunstancias y por qué fue posible que eso sucediera.

Pocos meses después de los hechos de Palacio de Justicia, me tocó como estudiante de primer año de derecho en Perú contemplar con horror los motines carcelarios que promovió   Sendero Luminoso el 19 de junio de 1986. El gobierno, ese primero y lejano de Alan García, decidió aplicar la “mano dura” y envió a las fuerzas militares a “recuperar el principio de autoridad”. El resultado fue la muerte de más de 300 personas en tres cárceles, incluyendo la comprobada ejecución extrajudicial de por lo menos dos tercios de esas víctimas, ocurrida después de la rendición de los amotinados.

La memoria de esos hechos sigue siendo difusa. La Comisión de la Verdad en el Perú le pidió a Alan García que expresara un “mea culpa” sobre los hechos penales, pero su asumir  la responsabilidad estuvo lleno de excusas y de reservas “para la posteridad”. La masacre de los penales en Perú fue la antesala de una de las décadas más violentas en la historia del Perú, con técnicas de tierra arrasada de lado y lado.

Ahora que Colombia enfrenta el desafío de alcanzar la paz y de llevar a la práctica los acuerdos de La Habana, tiene una nueva oportunidad para hacer las cosas un poco mejor. Pero no puede hacerlo devolviendo la discusión sobre los hechos de Palacio de Justicia a un proceso judicial, que además introduciría serias dudas sobre la estabilidad jurídica de los acuerdos futuros.

Cuando la memoria no es un proceso deliberado, consciente, éticamente fundamentado, es nos condenamos a repetir el eterno debate sobre quién fue el responsable y por qué no está pagando sus culpas. Acabamos atrapados en la pequeña discusión sobre qué puede hacer un fiscal y un juez para extirpar la amnistía y otros demonios. Y, como ocurre con el  Palacio de Justicia, acabamos por reducirlo a un espectáculo mediático que se repite cada año durante la primera semana de noviembre.

Javier Ciurlizza, Director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *