La portada de ABC del pasado martes («Granados obtenía 900.000 euros por colegio») se veía venir, era un problema anunciado y denunciado... Si los ciudadanos dicen que ya nada les sorprende, a esta asociación que hoy represento le sorprende aún menos. Cicae lleva varios años denunciando la creación de un nuevo modelo de gestión privada de la enseñanza pública que dista mucho de ser transparente. En los últimos doce años, la Comunidad de Madrid ha promovido la creación de más de ochenta colegios con un modelo empresarial que poco tiene que ver con la iniciativa social para la que fueron creados en 1985. Los colegios concertados regentados mayoritariamente por congregaciones religiosas siempre se han distinguido por su carácter social, y por no tener afán de lucro, sino vocación de servicio y una decisiva contribución a mejorar el nivel educativo en nuestro país. Sirvan estas líneas para diferenciar claramente el modelo de concertado de iniciativa social del nuevo modelo que venimos denunciando.
Un modelo que ha perjudicado tremendamente a la educación pública, a la reputación de los propios centros tradicionales concertados y, por supuesto, a la iniciativa realmente privada.
El sistema de concesiones generó dudas desde el principio, porque la adjudicación de estos concursos iba recayendo de manera repartida en instituciones ideológica o afectivamente afines a determinados poderes político-sociales, dudas por el intrusismo profesional que entidades empresariales de diferente índole hacían en la educación, especialmente las constructoras que huían de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Dudas por el sistema de concursos y por las futuras vías de financiación de estos centros.
¿Por qué iban estos empresarios a estar tan interesados en gestionar colegios? Para los nuevos empresarios todo eran ventajas, los colegios se construían sobre parcelas cedidas a precios irrisorios por periodos de 50 a 75 años y, al asimilarse estos colegios a entidades benéfico-docentes, se les eximía y exime del pago de muchos impuestos municipales (IBI, IAE, etcétera). Sorprendía, además, que en esos concursos se tenía en cuenta la oferta económica del canon a pagar por parte de los licitadores, pero curiosamente esa oferta nunca resultaba determinante a la hora de adjudicar a unos u otros. Quizá por esa razón la media del canon anual se situaba en la mayoría de los casos entre los 6.000 y los 10.000 euros por hectárea. Esta cantidad puede considerarse un auténtico regalo y un agravio comparativo más respecto al otro tipo de centros concertados; y no digamos ya respecto a los colegios privados, cuyos costes de inversiones en terreno resultan a día de hoy prácticamente inviables. Si a esto añadimos la utilización que en determinados casos se hace de parte del suelo cedido para uso educativo para otros fines privados (principalmente deportivos), entonces tenemos razones más que suficientes para entender la rentabilidad de este negocio.
Suelo público «regalado», subvención por parte de la Administración de los costos escolares, exención de impuestos y, para cerrar el círculo perfecto, permisividad en el incumplimiento de la ley al tolerarles, sin control efectivo, el cobro de cuotas abusivas a las familias por un servicio que en teoría debería ser gratuito.
No es que este modelo sea menos costoso, y suponga una gestión tan eficiente que los madrileños nos estemos ahorrando mucho dinero, lo que ocurre es que las familias están costeando la mitad del precio del puesto escolar sumado a la rentabilidad que establezca el empresario. Aunque no sabemos si en origen fue intencionado, la Comunidad de Madrid ( como otras regiones) ha conseguido instaurar el copago en la educación concertada. Los empresarios cuentan con una doble financiación público-privada y así obtienen unas rentabilidades muy atractivas en la gestión de la educación.
Algunos dicen que a poco tardar veremos a los grandes fondos de inversión extranjeros adquiriendo estos pingües negocios. Confiemos en que estén equivocados y que los partidos que tienen la oportunidad de gobernar, o el propio Gobierno actual, introduzcan medidas urgentes y consoliden un modelo transparente y legal, donde la primera condición para ser titular de un centro educativo subvencionado con fondos públicos sea ser entidades sin ánimo de lucro, con fines sociales y con vocación educativa.
Elena Cid Fernández, gerente del Círculo de Calidad Educcativa (CICAE)