De bienes baratos a presos baratos

China usa una nueva estrategia para aliviar la presión sobre sus cárceles atestadas: emplear presos como trabajadores en el extranjero en proyectos en marcha en países en desarrollo. Esta práctica provocará, probablemente, nuevas reacciones violentas contra empresas chinas, además de subrayar el escandaloso historial de China en materia de derechos humanos.

El número de personas ejecutadas al año en China triplica el del resto del mundo, según informaciones de Amnistía Internacional, que en el 2008 calculó que, “por término medio, China ejecuta en secreto a unos 22 presos cada día”. Además de ocupar el primer puesto en este asunto, China posee una de las poblaciones penitenciarias mayores del mundo. La World prison population list, información recopilada por el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios del King´s College, de Londres, situó el número total de internos en cárceles chinas en 1.570.000.

Aunque China ha hecho importantes progresos a raíz de su apertura económica, su estructura autocrática al estilo soviético sigue intacta, de modo que cabe escaso margen de maniobra para el pluralismo político. Quienes desafían las políticas gubernamentales o se manifiestan contra el despotismo oficial arrostran largas penas de cárcel. El envío forzado de presos a trabajar en proyectos en el extranjero suscita nuevos interrogantes sobre el historial de China en materia de derechos humanos.

Miles de presidiarios chinos, por ejemplo, han sido obligados a trabajar en dependencias y lugares de trabajo de empresas estatales chinas en Sri Lanka, país de importancia estratégica para China, que intenta ampliar su presencia en el océano Índico. El principal partido de la oposición en Sri Lanka ha calculado que el número de presos chinos que trabajan en la isla se eleva a 25.000. Tan aventajada resulta ser la situación de Sri Lanka que se halla prácticamente a caballo de vitales vías marítimas de comunicación. Tras haber facilitado a Sri Lanka armamento ofensivo que ayudó a este país a acabar con su prolongada guerra civil, Pekín se ve ahora recompensado con la firma de contratos de construcción de puertos, vías férreas y otras infraestructuras.

Presidiarios chinos, asimismo, han sido desplazados a un microestado en el océano Índico, las Maldivas, donde el Gobierno chino construye 4.000 casas en distintas islas del archipiélago como obsequio “entre gobiernos” para ganar influencia.

La idea de los proyectos chinos en el extranjero, incluida África,es emplear a un número mínimo de trabajadores locales y desplazar al lugar la mayoría de la mano de obra desde China. El giro inédito estriba en que algunas brigadas de trabajadores se componen de presidiarios en libertad condicional. Los presos son alojados en las inmediaciones de los lugares de trabajo. La lógica china dice que si algún preso se fugara, sería fácil encontrar su rastro dado su desconocimiento del lugar.

En realidad, las empresas chinas no desplazan únicamente a reclusos a las obras en el extranjero, sino también equipos, acero, cemento y otros materiales de construcción. Tales prácticas son contrarias a la normativa del Ministerio de Comercio chino, promulgada en agosto del 2006, tras la reacción violenta contra empresas chinas en Zambia por la muerte de 51 obreros zambianos en una explosión registrada en una mina de cobre de propiedad china. El presidente Hu Jintao, en el curso de su gira por ocho países de Áfricaen agosto del 2007, tuvo especial interés en visitar las empresas chinas para subrayar la importancia de la responsabilidad empresarial en la puesta en práctica de proyectos a nivel local.

Antes, en octubre del 2006, el Consejo de Estado, máximo órgano del poder ejecutivo en China, promulgó nueve directivas sobre la presencia y actuación de las empresas chinas en el extranjero. Las directivas señalan que debe prestarse atención “a la protección de carácter medioambiental”, “a la ayuda a la comunidad local y sus medios de sustento” y “a la buena imagen de China y de su buena reputación en el campo de la conducta empresarial”.

Las normativas internas de China, no obstante, se promulgan en ocasiones para mitigar las críticas del exterior. Se aplican raramente salvo en los casos en que algún episodio atrae la atención internacional. Por ejemplo, pese a las nueve directivas sobre buenas prácticas del Consejo de Estado destinadas a las empresas chinas en el extranjero en el 2006, las prioridades gubernamentales y empresariales se centran en el enérgico fomento de las exportaciones aunque sea a costa de riesgos subsiguientes para las comunidades locales de los países en cuestión. De hecho, se ofrecen importantes incentivos y bonificaciones a empresas chinas que logren contratos en el extranjero y fomenten la exportación. El empleo de presidiarios añade una alarmante nueva dimensión a la “estrategia global” del Gobierno chino, desvelada en el 2001. Y así es como diversos proyectos chinos – sobre todo de construcción de grandes embalses-se han visto involucrados en polémicas y conflictos con las comunidades locales. Así ha ocurrido en áreas de Botsuana, Birmania, Ghana, la Cachemira bajo control pakistaní y Sudán, entre otros países.

Mientras el trato dispensado por Pekín a sus propios ciudadanos y a los de otros países no se guíe por el respeto a los derechos humanos y al imperio de la ley, resulta improbable que China cuente con el respeto que trata de alcanzar en el plano internacional.

Brahma Chellaney, profesor de Estudios Estratégicosdel Centro Investigación en Ciencia Política. Nueva Delhi. Traducción: José María Puig de la Bellacasa.