La historia se aceleró para la Segunda República en la semana que corrió en el calendario desde el jueves 31 de diciembre de 1931 al martes 5 de enero de 1932.
Nada a finales de año hacía presagiar lo que ocurrió y tampoco la República vivía un momento de especial tensión. La Constitución había sido aprobada el 9 de diciembre en las Cortes por una amplia mayoría, Niceto Alcalá Zamora fue elegido presidente un día después y el 15 Manuel Azaña formó gobierno.
Todo empezó en Castilblanco, un pueblo de Badajoz. La Federación de Trabajadores de la Tierra de esa provincia convocó, para los días 30 y 31 de diciembre, una huelga general de protesta contra el gobernador y el coronel que mandaba la Guardia Civil, a quienes acusaba de apoyar a los propietarios frente a la legislación social recién implantada. La huelga transcurrió de forma bastante pacífica y el 31, cuando los manifestantes volvían a sus hogares, el alcalde, o un propietario según otras fuentes, pidió a la Guardia Civil que los disolviera. Hubo forcejeos y un muerto por disparos de la Guardia Civil. Los campesinos, en un ataque de ira y odio, se abalanzaron sobre los cuatro guardias y con palos, piedras y cuchillos los masacraron.
La Guardia Civil, enrabietada, falta de disciplina y ante la pasividad de algunas autoridades gubernativas, se desahogó durante algunos días con mortales escarmientos: en Zalamea de la Serena, Badajoz, donde mataron a dos campesinos e hirieron a tres más; en Épila, Zaragoza, el 2 de enero, con dos jornaleros muertos y varios más heridos; en Jeresa, Valencia, al día siguiente, con cuatro muertos y 13 heridos, dos de ellos mujeres.
Y faltaba Arnedo. Lo ocurrido en esa localidad riojana, con poco más de cinco mil habitantes y centro de una industria artesanal de calzado, levantó un “clamoreo atronador” contra la Guardia Civil, según expresión de Azaña, por el reguero de sangre que vertió en la plaza de la República: seis hombres y cinco mujeres muertos, además de numerosos heridos, entre ellos un guardia civil.
Casi un año antes de los sucesos había empezado un conflicto en la empresa de calzado de la familia Muro, con varios obreros despedidos. Como, tras largas conversaciones, no fueron readmitidos, los trabajadores iniciaron una huelga el 5 de enero de 1932.
Allí llegó ese mismo día el gobernador civil, Ildefonso Vidal, y bajo su presidencia se reunieron en el Ayuntamiento el alcalde, varios concejales, el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y algunos patronos que convinieron en admitir a los obreros despedidos por Muro. Los obreros en manifestación, que llevaban delante a mujeres y niños, acudieron a la plaza, donde estaba formada la Guardia Civil al mando del teniente Juan Corcuera y Piedrahita.
Sin toques de atención ni previa advertencia “el fuego se abrió de una manera inesperada y fulminante” y no cesó “hasta que lo ordenó el teniente coronel al bajar del Ayuntamiento”. No había habido ni “agresión colectiva, ni resistencia colectiva”, y la gente huyó aterrorizada. De acuerdo con las conclusiones del informe sobre los sucesos encargado al gobernador civil de Vizcaya, “el Teniente jefe de la fuerza no debió disolver la manifestación (...) porque en el Ayuntamiento estaban sus superiores, que no le habían dado órdenes de disolución”.
Azaña llamó al general José Sanjurjo para comunicarle la destitución como director de la Guardia Civil. En la conversación que reproduce el presidente de Gobierno en sus diarios, Sanjurjo echó la culpa a los socialistas. En muchos ayuntamientos se había metido “lo peor de cada casa”, gente “indeseable” que “fomenta el desorden, amedrenta a los propietarios, causa daños en las propiedades y ha de chocar necesariamente con la Guardia Civil”. Los socialistas, le dijo el general a Azaña, no deberían estar en el Gobierno “porque su presencia alienta a los que favorecen los desmanes”. Tal era el clima de desorden transmitido por el que pocos meses después, en agosto de 1932, acaudilló la primera rebelión militar contra el régimen republicano.
A los muertos se los enterró, Sanjurjo pasó a la dirección de Carabineros, Miguel Cabanellas fue nombrado director de la Guardia Civil, y lo de Arnedo no perduró porque otros sucesos trágicos, especialmente los de Casas Viejas, justamente un año después, dejaron pequeños a los del pueblo riojano. La Guardia Civil se sentía injustamente atacada y el recuerdo de Castilblanco podía explicar esa respuesta tan súbita y sangrienta. Pero esa misma respuesta seguía alimentando la realidad y leyenda de un Estado que no controlaba, ni aun estando allí presentes las autoridades militar y gubernativa, sus medios de represión y tampoco mostraba demasiada capacidad para hacer cumplir la nueva legislación.
Así transcurrieron los conflictos durante los años siguientes. Muchos propietarios comenzaron a expresar claramente su hostilidad agresiva frente al “calvario” republicano; y las fuerzas del orden no sabían conservarlo sin disparar. Con el golpe de Estado de julio de 1936 las armas sustituyeron definitivamente a la política.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.