La diplomacia española ha tenido que lidiar en cuestión de días con dos jefes de Estado torbellino: Sarkozy y Chávez. En Chad y en Chile. Uno y otro se desenvuelven, en política interna y externa, cual ciclones políticos. Ambos adoran a los medios de comunicación, de los que saben sacar buen partido y, a la vez, dichos medios resultan fascinados por ellos.
Comparten otra cualidad: la legitimidad de origen, ya que ambos han sido elegidos democráticamente. Sin embargo, la legitimidad de ejercicio del presidente Chávez (esto es, el comportamiento nítidamente democrático y respetuoso con las reglas del juego una vez celebrados los comicios) está siendo crecientemente cuestionada. Aparte de las inadecuadas acusaciones y malas formas de las que ha hecho gala en Santiago de Chile, quisiera resaltar un par de despropósitos del líder bolivariano. Uno, acusar al rey Juan Carlos de apoyar en 2002 a quienes intentaron derrocarle por la fuerza porque "es el mismo Rey quien dirige la política exterior". Dislate e ignorancia constitucional, pues en España el jefe del Estado no dirige la política exterior. Otro, recordar que él, Chávez, ha sido elegido y el Rey, no. Arriesgada afirmación y, de nuevo, ausencia de finura institucional, pues nuestro Monarca se apoya y es apoyado por el pacto constitucional de todas las fuerzas políticas, refrendado por las Cortes Generales, y goza de una legitimidad de ejercicio que para sí quisiera el mandatario venezolano.
La diplomacia española ha debido hacer frente a dos delicadas circunstancias externas. Una, la "diplomacia de cantina, barriobajera" de Chávez -según la conceptúa un diario colombiano-, "poniendo freno a quien con sus insultos y desmanes ha pretendido ganar vitrina, agradar a los validos y jalar las barbas de los poderosos, con una arrogancia de nuevo rico que le permite comprar aplausos y silencios que cohonesten sus insultos". Otra, la conclusión pocos días antes, con discreción y éxito, de la operación de rescate de la tripulación española retenida en Chad.
Es cierto que la diplomacia televisada del presidente francés había logrado la liberación de los periodistas galos y las azafatas españolas (aunque no de los principales implicados de El Arca de Zoé), pero con un coste que nosotros no hemos pagado. Lo que no empece que celebremos el resultado humanitario de la acción de Sarkozy. Téngase además en cuenta que en la Unión Europea el principio de subsidiariedad funciona también en la acción exterior. De ahí que, en ausencia de medios diplomáticos in situ, un Estado miembro solicite o gustosamente acepte, la rápida intervención de quien sí los tiene. Eso permite al Gobierno a quien se brinda la solidaridad ganar tiempo para preparar su propia acción si aún quedan ciudadanos a quienes amparar o intereses nacionales que defender. Tal ha sido el caso de España en Chad y en esa línea solidaria avanzará en un futuro no lejano un Servicio Exterior Común de la Unión Europea. No hay, pues, razón alguna para sentirse "humillado", como voceó Aznar.
¿En qué ha consistido el costo de la acción francesa? Un diario apresuradamente calificó al chadiano de "sistema judicial de cuyo nivel de garantismo procesal cabe dudar" (Abc, 10-11-07). Sin embargo, han sido los jueces chadianos quienes han puesto en solfa las palabras de su jefe de Estado, quien, ante su homólogo francés, dijo en Yamena (4-11-07): "La liberación de los periodistas y las azafatas no se debe a las presiones políticas de Francia. Ha sido la justicia quien ha revisado la situación de estas personas y actuado con absoluta independencia".
Empero, a propósito de dicha liberación, Abdulaye Cheikh, presidente del sindicato de magistrados chadianos, declaraba a Le Monde (10-11-07): "La justicia chadiana ha sido avasallada en la instrucción del caso Arca de Zoé. Los jueces no son dueños de sus expedientes y las decisiones son tomadas por otros. La intervención previa del jefe del Estado supone un grave atentado a la independencia judicial".
Es obvio que para la opinión pública chadiana, un "desembarco" político y mediático como el llevado a cabo por Sarkozy puede reavivar el sentimiento anti-francés, lo que tampoco es bueno para Europa. De ahí que el método elegido por la diplomacia española, aunque menos acelerado, haya conseguido parejos resultados, sin contribuir a la situación de ridículo en que la judicatura chadiana manifiesta haber quedado por la acción de su propio presidente y de Sarkozy y sin dañar nuestra imagen ni en Chad ni en África.
El Gobierno español -sabedor de que toda negociación diplomática incluye distintas etapas y un resultado final, y que éste puede fracasar si las etapas son sometidas a controversia pública- ha actuado congruentemente. Sabe que la negociación es un proceso y no un episodio (y menos un episodio televisado en directo) y que cada paso que se dé ha de ser confidencial.
España ha actuado en Chad con sabiduría política y diplomática. Hemos defendido los intereses de los ciudadanos -como ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno- "de manera dialogante, con sosiego y de forma cooperativa". Y como también ha manifestado el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, "hubo momentos difíciles porque había presión interna y mediática", pero en estas gestiones diplomáticas "siempre paga la discreción, tomarse las cosas con tiempo y frialdad y saber respetar a quienes están al otro lado"... incluida la magistratura chadiana.
Es comprensible que en alguna etapa del proceso, algún afectado se intranquilice. "Se ha impuesto el silencio, sólo sabemos que siguen las negociaciones", dijo el director general de la compañía aérea Girjet. Pero justamente la imposición del silencio garantizaba el éxito. Se trataba de la "diplomacia callada" (Moratinos), discreta y respetuosa, apreciada por el mismo presidente chadiano.
A aquellos que ahora claman -sin ni siquiera reconocer la pertinente actuación de nuestro presidente del Gobierno en la Cumbre Iberoamericana, incluida su exquisita defensa de Aznar- contra la "falta de política exterior del Gobierno"; a los que le piden, como Rajoy, que "busque sus aliados entre los gobernantes occidentales y democráticos"; a quienes vocean que el Gobierno de España debe llamar a consultas a su embajador en Caracas; a todos ellos hay que decirles que los aliados de España, occidentales y democráticos, son obviamente los de la Unión Europea, y que la política exterior de toda democracia está sujeta al debate parlamentario público, pero que la ejecución de la misma corresponde al Gobierno elegido por los ciudadanos.
Y este Gobierno continuará trabajando, sin fanfarria, con discreción y coordinadamente, por consolidar la democracia y la integración regional en América Latina, amén de defender los derechos humanos allí donde sean conculcados. Entre otras razones, por la que oportunamente aporta Xavier Vidal-Folch en EL PAÍS del pasado día 9: España puede y debe "brindar al futuro servicio exterior común (de la UE) el patrimonio físico y político de la densa red diplomática propia en América Latina y los excelentes mimbres de su singular encaje cultural en aquel continente".
Emilio Menéndez del Valle, embajador de España y eurodiputado socialista.