El presidente Rodríguez Zapatero se ha asegurado la culminación de la legislatura merced al pacto de estabilidad con el PNV, que permitirá aprobar los presupuestos y encarrilar el proceso de transferencias a Euskadi. El acuerdo llega en las horas más bajas del Ejecutivo y ha provocado una irritada reacción del PP, al que se le atrasan de un plumazo un año sus expectativas electorales. El hecho ha rescatado la versión más visceral de la derecha española, que bulle en los foros sociales de los medios más ideologizados y afines a una determinada interpretación del modelo constitucional. Se alimentan, y eso es lo significativo, en las palabras de los propios representantes políticos de la derecha, cuyo nada sutil uso de un lenguaje de trinchera ha poblado su discurso de «traiciones» y del peligroso debate sobre «el bien común» y los «privilegios vascos».
Para poder asentar ese discurso es precisa una renuncia previa a admitir que el eje del acuerdo de PNV y PSOE es una ley orgánica que cumple 31 años este mes. Es imprescindible porque, de lo contrario, el silogismo absurdo de mantener que su cumplimiento es un ejercicio de traición al bien común de los españoles abriría un abismo bajo los pies del modelo del Estado. Un abismo que solo se cerraría con el reconocimiento público de que realmente se aspira a revisarlo desde la involución de su estructura descentralizada. Ejemplos claros hay en la memoria reciente, con todo el montaje populista de la recogida de firmas contra el Estatut y su recurso al Tribunal Constitucional; y en la menos próxima, el modelo de leyes básicas que, empezando por la educación, aplicó el último Gobierno de José María Aznar con criterios de recentralización de competencias.
En Euskadi esto ha dejado al PP en la coyuntura de argumentar a su electorado mensajes de difícil digestión que salen de las entrañas de la madrileña calle de Génova. Sus representantes vascos sostienen sin empacho que los traspasos de competencias son negativos para la sociedad vasca porque exigirán la dedicación del presupuesto vasco a esos menesteres, que antes se pagaban al Estado vía cupo. Una reflexión cuya lógica entronca con un discurso que elude modelos de corresponsabilidad en la gestión y financiación de los servicios públicos y que, aplicada en sentido consecuente, obligaría a desmontar los servicios autonómicos básicos de educación, sanidad y servicios sociales, por ejemplo, que en Euskadi han sido las joyas de la corona del autogobierno.
Y no es que no tenga que ser oportuno plantearse el modelo autonómico. Quizá sería oportuno revisarlo abiertamente. Sin grandes locuciones en falsete sobre el sentido de la solidaridad y la traición al interés general. Se puede hablar de autonomías, de recentralización de la estructura del Estado, de propuestas federalizantes, de bilateralidad y hasta de eso que se ha dado en llamar federalismo asimétrico. Un debate de esta naturaleza, a los ojos de la sociedad, sería más leal que otro en términos de pugna interterritorial. Sobre todo si se hace abstracción de los mecanismos de solidaridad existentes, que permiten ya hoy canales de financiación de las necesidades de aquellas regiones del Estado incapaces en 30 años de superar las limitaciones socioeconómicas heredadas de décadas y siglos de modelo centralizado.
Salta a la vista que el PNV ha salido fortalecido de esta negociación. Es obvio que ha logrado poner contra las cuerdas al primer Gobierno socialista en Euskadi, que hoy trata de capear el temporal en el que está sumido con las manos atadas por su lealtad al PSOE que le impedía una negociación de máximos en materia de competencias. Pero la auténtica debilidad de los socialistas vascos no es que Zapatero haya podido traicionar a Patxi López. El problema está en que en el año y medio que el PNV lleva en la oposición ha transformado la debilidad de la Moncloa en compromisos con el modelo de autogobierno vasco en términos que el PSE no podía siquiera plantear.
La presunta traición de Zapatero consiste en cerrar el flanco jurídico del modelo vasco de financiación mediante concierto y cupo y en encauzar el bloque final de transferencias del Estatuto de Gernika tres décadas después. Se puede pretender que resulta más leal y legítimo mantener esas heridas del modelo de Estado para no exponer al lendakari, pero a partir de ahí empiezan las cabriolas sobre los compromisos de Estado que se exigen a los nacionalistas por parte de quienes los señalan como compendio de los males de España. Los vascos, y los catalanes -conservadores o progresistas-, también han medido los riesgos y las virtudes de sostener a este Gobierno. CiU se encuentra hoy en la posición que ayer vivía el PNV, cuando el Ejecutivo central se decantaba alternativamente para sostener sus necesidades. Y aspira a reproducirla en el futuro con este u otro Gobierno. El plan B a esta situación, el que pasa por una eventual mayoría absoluta del PP que recurre las normas fiscales vascas y el Estatut, requiere para ellos un exceso de sentido de Estado que hasta la fecha tampoco ha sido correspondido.
Iñaki González, periodista.