De espaldas al sol

El Gobierno acaba de aprobar el real decreto que regula el autoconsumo eléctrico, es decir, la capacidad de los ciudadanos y las empresas de producir y consumir su propia electricidad, manteniendo una conexión a la red para complementar el suministro cuando lo necesiten y verter, en su caso, el sobrante. Y lo hace, una vez más, casi de tapadillo, con una argumentación técnica deficiente y tras una tramitación opaca que no ha atendido a las propuestas realizadas desde muchos sectores e instituciones. Todo ello a dos meses escasos de las elecciones y en contra del criterio de todos los grupos políticos, excepto el que sustenta al Gobierno. Toda una garantía de estabilidad regulatoria.

Pero lo más grave es que se ha regulado mirando al pasado y no al futuro. El sector energético está abocado a una profunda transformación, impulsada por el desarrollo tecnológico y la lucha contra el cambio climático. La transición hacia un nuevo modelo energético proporciona un protagonismo creciente al sector eléctrico, que está comenzando a vivir una auténtica revolución. Por un lado, por la sustitución de la generación de electricidad con energías fósiles en grandes centrales por energías renovables, con aportación más variable, menores economías de escala y más distribuidas por el territorio. Por otro, por el desplazamiento del protagonismo en la cadena de suministro desde las grandes empresas hacia los consumidores que, con las nuevas tecnologías, pueden gestionar más activamente su demanda y progresivamente producir electricidad para su autoconsumo. Eficiencia, electricidad sin emisiones y electrificación creciente de otros usos energéticos son la alianza ganadora para un nuevo modelo energético.

Descarbonización y descentralización son las dos palabras clave del futuro del sector. Algunas grandes empresas ya son conscientes del profundo cambio que se avecina en su modelo de negocio y orientan su estrategia a prestar servicios integrados a los nuevos consumidores, y a los productores-consumidores, además de posicionarse activamente en la generación renovable.

Sin embargo, el Gobierno ha decidido permanecer ajeno a estos cambios y sigue tomando decisiones al margen de cualquier reflexión estratégica. Una vez más, pierde la oportunidad de debatir y acordar una hoja de ruta para la transición energética, como han hecho otros Gobiernos de nuestro entorno. Y cuando no se sabe dónde se quiere ir, es muy difícil encontrar el camino.

El real decreto está concebido desde el deseo de frenar una tendencia al desarrollo del autoconsumo, lo cual, en una España abundante en recurso solar, y con perspectivas alentadoras en la microcogeneración y las baterías, es como tratar de poner puertas al campo. Aunque pueden entenderse algunas preocupaciones de fondo, como el hecho de que en la medida en que más consumidores produzcan su propia energía, su demanda neta será menor, y por tanto la recuperación de los costes fijos del sistema puede verse comprometida, no parece una buena solución aplicar un cargo a la energía autoconsumida. Con el mismo criterio, habría que aplicárselo a la energía que un consumidor deja de comprar de la red al instalar bombillas de bajo consumo o un electrodoméstico más eficiente. Llevado al absurdo, ¿deberíamos pagar también un cargo eléctrico si nos abanicamos en lugar de encender el ventilador?

El autoproductor debe ser tratado, en su relación con el sistema eléctrico, de acuerdo con los servicios que recibe. Como consumidor debe contribuir a los costes del sistema en función de la energía y la potencia que efectivamente demanda. Pero no debe pagar por la energía que produce y autoconsume. Como productor debe recibir, como el resto de los generadores, la compensación por la energía que vierte a la red, descontado el peaje de acceso a la red que por ello le corresponde pagar.

En resumen, frenar el autoconsumo con barreras administrativas y económicas puede ser un error fruto del temor a que se reproduzcan desequilibrios financieros; pero más bien parece un intento de defender un modelo de negocio eléctrico del pasado, ajeno a la profunda transformación que es necesario acometer hacia un sistema eléctrico más limpio y eficiente, más innovador, más autosuficiente y con un mayor protagonismo de los consumidores. Está claro que ésta es una tarea que el actual Gobierno le ha dejado al próximo. Es de desear que pueda acometerse con estabilidad regulatoria y visión de futuro.

Luis Atienza Serna ha sido presidente de Red Eléctrica de España, y Teresa Ribera es responsable de energía y clima en el consejo asesor de Pedro Sánchez.

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