Hace unos días se aprobó la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en el Parlamento Español, promovida por el Ministro de Universidades, Joan Subirats. Al cabo de unas horas de su aprobación, las redes se llenaron de expresiones como, por ejemplo, “una ley que estabiliza las condiciones laborales de sus profesionales”, leída en el Twitter de la mismísima ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Como se deja intuir en el título de esta columna, en el presente texto os proponemos utilizar diferentes acepciones de falso como tutor ―siempre la docencia como vocación― para comprender las condiciones de trabajo del profesorado asociado en las universidades públicas españolas antes y después de la LOSU, para comprender tanto las falsas como las reales condiciones laborales de estos profesionales.
Si bien la actual figura del profesorado asociado tiene más de 20 años, y siempre tuvo salarios bajos, los problemas actuales con el profesorado asociado comenzaron a partir de la promulgación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, más conocido como decreto Wert. Este real decreto impedía a las universidades crear nuevas plazas docentes estables ―por la dichosa tasa de reposición― y apremió a las gerencias universitarias al uso y abuso de la contratación del profesorado asociado. Porque, ¿qué mayor racionalidad capitalista que contratar al profesorado más barato para impartir las mismas asignaturas que el resto de profesorado? ¿Qué lo podría impedir?, ya no lo hizo la Ley Orgánica de Universidades (LOU, la ley anterior a la que se acaba de aprobar) que dice que se contrata al profesorado asociado para traer su experiencia profesional ―de prestigio― a las aulas universitarias en una docencia que no puede ser estructural. ¿Quién lo impedía? La Inspección de Trabajo, no, desde luego. Además, ¿qué profesionales podrían aceptar la docencia de cualquier asignatura y a cualquier hora según necesidades de los departamentos universitarios? Pues de todo, entre ellos y ellas, profesionales con la flexibilidad horaria necesaria y con el entusiasmo y vocación suficiente que permitiera singularizar la tiranía universitaria.
El sistema universitario público español, el cual goza de ciertas prerrogativas, tenía que desviar la atención sobre el fraude de ley en el que incurrían las gerencias universitarias y generó la imagen del falso asociado para descargar culpas. Con “falso” se trataba, y se sigue tratando, de transmitir la imagen de un profesorado que miente sobre su situación profesional, una narrativa que hace sospechar de las intenciones de ese profesorado y libera a las organizaciones contratantes. ¿Culpabilizamos a los otros falsos autónomos como los riders y no a empresas como Glovo? La ministra de Trabajo, la misma Yolanda Díaz, que acusó a Glovo de obstruir la ley y anunció sanciones para la empresa, mira de reojo los fraudes de las universidades. Pues eso, las universidades públicas españolas no sólo no están obligadas a cumplir las leyes laborales, sino que se permiten lanzar dudas sobre sus trabajadoras y trabajadores.
Y ahora, con la aprobación de la nueva ley, ¿qué pasa con el profesorado asociado? Veamos. Como las universidades tienen que reducir su 40% de contratación temporal ―que, fundamentalmente, es el profesorado asociado y que la anterior ley dejaba en un 20%, pero que no se cumplía, por aquello de las prerrogativas― a un 8% que exige la Unión Europea, la nueva ley indica que los contratos del profesorado asociado pasen a ser indefinidos en lugar de temporales. La venta que ha hecho el Ministerio de Universidades a la prensa y que se lee en muchos titulares es que van a estabilizar a los 26.000 profesores y profesoras asociadas, lo cual suena muy bien, pero es falso. En este último caso, falso podría ser en la acepción de “contrario a la verdad”, pero vamos a dejarlo en una acepción más suave de “no es lo que parece”, pues no van a estabilizar a esas personas que han puesto su cuerpo en estos últimos años, de malestar económico y de pandemia, para mantener la docencia universitaria, sino que lo que estabiliza son las plazas, por lo que el profesorado asociado, para mantenerse como tal, tendrá que volver a concursar, olvidándonos de que ya concursó para ocupar la plaza actual. Es el momento de recordar que el profesorado asociado ha sido renovado cada año, aunque fueran más de 20, porque no se le despide, porque no tiene derecho a un finiquito. Así, lo que sí sucederá, es que las universidades públicas españolas, gracias a la nueva ley, despedirán gratis a 26.000 profesoras y profesores asociados.
La nueva ley deja al profesorado asociado donde estaba, en la judicialización de su fraudulenta relación con las universidades públicas españolas.
Teresa Samper es miembro de la Plataforma PDI Precariat y Alfonso Martínez de la Asociación Estatal de Profesorado Asociado de las Universidades Públicas.