Por Antonio Gutiérrez Vergara, presidente de la comisión de Economía y Hacienda del Congreso (LA VANGUARDIA, 03/05/06):
Con apenas un mes de diferencia, el Gobierno ha aprobado dos importantes proyectos legislativos que van a tener una gran repercusión social y muy positivos efectos laborales: la ley orgánica de Igualdad entre hombres y mujeres y la ley de Autonomía Personal, más conocida como ley de Dependencia. Aunque ya se han avanzado valoraciones específicas de cada una de ellas, y merecen ser estudiadas y explicadas ante la opinión pública por separado para, entre otros fines, facilitar su mejor aprovechamiento por sus potenciales beneficiarios, tal vez sea útil también destacar la congruencia entre buena parte de los objetivos que se persiguen con una y otra ley.
La asistencia a las personas dependientes, que superan el millón cien mil en toda España, recae fundamentalmente sobre las mujeres (el 83% del total que atiende a un enfermo), que para dedicarse a esta función en el seno de la familia se ven obligadas a frustrar sus aspiraciones profesionales en unos casos y en otros a renunciar a su trabajo. De ahí que esta nueva dimensión de nuestro Estado de bienestar social podrá suponer para muchas mujeres liberarse de aquella carga familiar e incrementar sus posibilidades de empleo, mejorar su formación académica o profesional y en definitiva insertarse en el mercado laboral. La provisión de estos servicios sociales será un inagotable yacimiento de nuevos empleos que mayoritariamente serán ocupados por mujeres, dado que se están preparando profesionalmente para dichas tareas en mayor número y con más aptitudes que los hombres. En consecuencia, impulsará su incorporación a la población activa y simultáneamente reducirá el paro entre las mujeres. Los dos indicadores laborales españoles que presentan una mayor lejanía de los objetivos establecidos en la Estrategia de Lisboa.
Pero estos diferenciales negativos respecto de las medias europeas en tasa de actividad y ocupación femeninas no son ajenos a las discriminaciones de que siguen siendo objeto las mujeres en todos los ámbitos de la vida, desde el doméstico hasta el político-institucional, pasando por el laboral. Así, por ejemplo, mientras los hombres dedicamos por término medio una hora y treinta siete minutos diarios a las tareas de la casa, las mujeres casi nos cuadruplican, consumiendo unas cinco horas diarias en las labores del hogar, y por cada hombre que abandona su trabajo por motivos familiares, lo hacen 27 mujeres.
Si nos referimos a las características del empleo por sexos, nos encontramos con que el 78% de los contratos a tiempo parcial lo soportan las mujeres, e igualmente representan el 80% de la contratación temporal. La diferencia salarial es del 40,6%, y es más acusada precisamente en las categorías profesionales más altas y en los puestos de dirección. De ahí que el corolario de nuestro mercado laboral presente una tasa de ocupación femenina del 41,50%, 23 puntos porcentuales inferior a la masculina, que se sitúa en el 64,37%, la única que se asemeja a la media comunitaria. En cuanto al mundo empresarial, baste con señalar que tan sólo un 2,5% de mujeres se sienta en los consejos de administración de la empresas del Ibex 35.
Por otra parte, parece que no ha cundido mucho el ejemplo del primer Gobierno paritario de la democracia, dada la persistente subrepresentación de la mujer en las esferas de la política y en las instituciones del Estado a todos sus niveles, tanto central y autonómico como municipal.
Cuando la desigualdad atraviesa todos los espacios, públicos y privados, no basta con predicar recomendaciones y esperar a que vayan surtiendo efecto. Es imprescindible educar a hombres y mujeres en el principio de la igualdad de trato y el respeto entre los sexos, pero también es necesario que el Estado ampare el derecho a la igualdad con un marco legal efectivo y que los poderes públicos pongan los medios necesarios para su materialización. Ambas cosas entraña esta ley de Igualdad, ya que la establece jurídicamente en todos los órdenes y está dotada inicialmente con cuatrocientos millones de euros, de los que doscientos sesenta se gastarán en prestaciones de la Seguridad Social que faciliten la superación de las discriminaciones que subsisten en este terreno y faciliten a las empresas la mejor inserción laboral de las mujeres.
La ley de Dependencia crea nuevas posibilidades de empleo para las mujeres fundamentalmente y la de Igualdad las ayudará a utilizarlas en mejores condiciones de trabajo, que será también mejorar su vida.