De indultos y justicia

Pocas instituciones como la del derecho de gracia, con su densa carga simbólica, son capaces de provocar un debate tan intenso y genuinamente moral sobre la utilidad, los límites y las excepciones del ius puniendi del Estado y, aun más, para permitir que el íntegro sistema, las implicaciones de la división de poderes, el papel de la Justicia y la incidencia de los intereses políticos queden abiertos en canal ante los ojos ciudadanos.

No cabe duda de que el indulto a los presos del procés podría defenderse de manera convincente. El problema es que cualquier argumento útil y eficaz debe pasar necesariamente por explicar cuáles son las razones de «justicia, equidad o utilidad pública» que fundamentan su otorgamiento de acuerdo con las previsiones de la Ley que lo regula, razones sobre las que aún no se ha tenido noticia alguna. Parece que los partidarios de la medida se centran en la existencia de una pretendida utilidad pública, trufada de razones pietistas, ya que el argumento principal hasta el momento es que la medida implicaría un gesto necesario para la reconciliación, que mostraría la generosidad del Estado en lugar de apostar por la venganza.

Como puede observarse, parte de tales argumentos se basan en la delicuescente falacia ad misericordiam o ad pietatem: como perdonar las acciones delictivas implica una demostración de compasión, entonces todo acto de perdón es admisible. Se deja así sin formular siquiera el meollo de la cuestión: ¿los delitos deben ser perdonados? ¿todos en igual medida? Y, si la misericordia es posible, ¿por qué no hacerla exigible para todo supuesto? Esto es, ¿por qué defendemos el perdón en unos casos y no en otros? O, ¿por qué no debería indultarse a toda la población reclusa de España? Tales falacias se trufan en ocasiones, como aditamento músico y peregrino y significativo, que es la forma en que Alonso Quijano ponía nombre a todas sus cosas, con una alusión al famoso adagio jurídico recogido por Concepción Arenal, ya saben, aquello de odia el delito y compadece al delincuente. Poco importa a los falaces (dicho esto como cariñoso reproche a los usuarios de tales falacias, sin tenerlos por mentirosos) que tal aserto se utilizara por Arenal en el ámbito del correccionalismo penitenciario, esto es, a efectos de preconizar una humanización del trato a los reclusos, y la aplicación a los mismos de técnicas rehabilitadoras. Como no parece importarles que la cita así dicha, venga mutilada. Porque lo que Arenal dijo en El Pauperismo, publicado en la edición de sus obras completas de 1897, es lo siguiente: «Hay que recordar y poner en práctica aquella máxima de odia el delito y compadece al delincuente a la cual puede añadirse: si está arrepentido ámale y protégele». De donde resulta que Doña Concepción parecía asociar sus medidas tuitivas y regeneracionistas al arrepentimiento del delincuente, que lejos de producirse en el caso de los condenados del procés, se ha despreciado de manera continuada por buena parte de los condenados prometiendo pronta y eficaz reiteración.

En lo que se refiere a la hipotética reconciliación, cualquier ciudadano sensato estaría dispuesto a considerar su utilidad, siempre que se dejara claro en qué consistirían sus términos. Existe aquí una evidente confusión de conceptos, que corre pareja a la opacidad con que discurren los hechos. La concordia no es la explicación, sino la mera mención del pretendido objetivo, que deja en la completa indefinición cuáles serían las condiciones que la harían posible. Por el momento, solo pueden atisbarse algunas de ellas, confirmadas o negadas en función del argumentario del día, y muy poco tranquilizadoras, en cuanto implica la puesta en escena de la bilateralidad, y la devaluación del íntegro sistema constitucional, que es precisamente lo que se quiere demoler por el independentismo. Este es uno de los aspectos más perturbadores de cuanto acontece estos días: el intento de transmitir a la opinión pública, como si fuera algo normal, que aspectos esenciales del mismo contrato social que a todos atañe, vayan a discutirse en una mesa que, bajo la formal cobertura de la negociación entre gobiernos, implica solo a parte de las fuerzas políticas y por tanto de la sociedad, excluyendo de raíz la posibilidad de los consensos que deben subyacer de manera ineludible e indisponible en los grandes proyectos colectivos, las reformas constitucionales y los pactos de Estado. Esta carencia se muestra con toda crudeza cuando uno de los condenados ofrece, como vía de desahogo al conflicto, un referéndum pactado sobre un aspecto, la autodeterminación, excluido por la Constitución de toda posible disposición política. Todo ello sin contar con que, al propio tiempo, la continuidad del Gobierno dependa de las resultas de la negociación. En fin, una puesta en escena peligrosa que podría sugerir una potencial oposición entre los intereses políticos y el bien común, y acarrear efectos corrosivos en la proyección internacional de España.

Lo de sugerir siquiera que la aplicación de la ley equivalga a venganza implica solo una boutade por sobreactuación. La supervivencia política hace recomendable no olvidar algunas enseñanzas elementales de la historia. Una de ellas es que la justicia es, antes de nada, uno de los instintos humanos más arraigados. Los ciudadanos necesitan a la Justicia institucionalizada para impedir la realización privada de los derechos e intereses. Abdicamos de nuestra fuerza, renunciamos a la venganza y aceptamos las reglas del juego, porque el sistema garantiza que los demás harán lo mismo. La sociedad puede comprobar que los actos que atentan contra la convivencia no quedan impunes, y que todo ciudadano se somete a las mismas leyes, cualquiera que sea su influencia o su poder. Nada más demoledor que presenciar, como tantas otras veces en la historia, que la justicia no es igual para todos, que puede más que el más tiene, el que es capaz de movilizar más recursos y ejercer de manera más útil su chantaje. Por tanto, hágase justicia para que no se haga el caos.

Preservar el Estado de Derecho y la democracia no es venganza. Por el contrario, resquebrajar sus cimientos puede atraer la atención de una de las diosas de la Justicia, la alada Némesis, que tenía por misión devolver el equilibrio roto por la Hybris, por la desmesura de los hombres ciegos de soberbia y arrogancia que se empeñaban en trasgredir los límites de la ley y socavar las bases de la convivencia. Muchos ciudadanos esperamos de buena fe razones que nos convenzan de la utilidad de este indulto, pero solo hemos escuchado hasta ahora el murmullo de un aleteo que no sabe muy bien dónde posarse… por el momento.

Luisa María Gómez Garrido es presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y doctora en Filosofía del Derecho.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *