Este domingo muchos ciudadanos han salido a la calle para manifestarse. Lo han hecho atendiendo al llamamiento de unas organizaciones -los sindicatos de trabajadores- a las que la Constitución española confiere una singular importancia.
Dos días antes, en la comparecencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, se nos criticaba por cumplir con el mandato constitucional: defender los intereses que nos son propios. Y se deslizaba una acusación grave y falsa: que al defender los derechos de los trabajadores estábamos siendo causantes de que millones de personas continúen en paro. La sede de la Presidencia del Gobierno, que lo es de todos los españoles, no es el lugar para hacer estas acusaciones.
El domingo 19 de febrero se ha producido un acto de relevancia social y política. Cuando la población se manifiesta, y lo hace con presencia numerosa, siempre lo es. Pero, en esta ocasión, las manifestaciones en las principales ciudades, con una asistencia que nadie debería despreciar, rechazaban las decisiones de un Gobierno que acaba de lograr el poder y que lo alcanzó con propuestas totalmente distintas de lo que ahora aplica.
Que nadie se engañe sobre los motivos de la protesta. Los sindicatos sabemos que hemos abierto una vía democrática para encauzar un gran malestar y temor de una parte importante de nuestra sociedad. Para que exprese de manera democrática el rechazo a una imposición injusta que, si no se corrige, alterará el modelo de convivencia del que nos dotamos hace más de 30 años.
Nuestro objetivo no es confrontar, queremos corregir este extravío social y laboral. En España, la pobreza y la exclusión no solo se están incrementando, amenazan con hacerse crónicas. Si la cancillera alemana no acepta flexibilizar el objetivo de déficit para este año, podemos encontrarnos ante una situación mucho más complicada. Las previsiones del presidente del Gobierno es que se continuará destruyendo empleo en el 2012 y el 2013. Entonces, ¿qué efectos podemos esperar de una reforma que se centra en reducir los costes del despido? ¿Alguien puede explicarnos cómo abaratando el despido, en plena recesión, el efecto será que se despida menos?
El Gobierno del Partido Popular está construyendo un mensaje de miedo y crispación, intentando enfrentar a los parados con los sindicatos. Arriesga hacer añicos el contrato social que se firmó con la Constitución. Creemos que se equivoca. A tiempo está de rectificar y buscar decididamente el apoyo de todos en una situación de emergencia como la que vive nuestro país.
La reforma laboral contiene una radical transformación de nuestras relaciones laborales. Establece un despido más fácil y barato -el 44% de las empresas que cotizan en la bolsa española pueden despedir con esta legislación pagando una indemnización de 20 días por año trabajado y hasta un máximo 12 mensualidades-. Se legaliza un nuevo contrato de duración anual y con coste de despido cero. Puede conseguir eliminar la dualidad del mercado de trabajo por la vía de convertir a prácticamente toda la población activa en trabajadores precarios. Se suprime de hecho la necesidad de autorización administrativa para realizar despidos colectivos. Se amplía el poder del empresario para no aplicar el convenio en vigor, incluido el salario. El convenio de empresa tiene prevalencia sobre cualquier otro y no aplicarlo puede ser decidido por el empresario con tres trabajadores elegidos al efecto; con esta medida no solo se deja sin cobertura al trabajador, también se está estimulando el dumping social.
La reforma, que ya ha entrado en vigor, asesta un duro golpe al derecho del trabajo, desvirtúa la tutela judicial y debilita la capacidad de negociación de los sindicatos en provecho de la empresa. Desde distintos sectores se ha calificado como el mayor retroceso en derechos laborales de la democracia.
Reiteramos nuestra disposición al diálogo para lograr una modificación sustancial en el trámite parlamentario, pero no nos llamamos a engaño. Estamos ante un Gobierno que ha escrito con la pluma más radical de la patronal. Un sector de comportamiento y palabra inciertos.
Hace cien días, en la oposición, el hoy presidente del Gobierno prometía la felicidad, hoy anuncia el purgatorio, sin fecha de salida. No cabe achacar ignorancia. Muchos ciudadanos y trabajadores le han dicho este domingo que no van a resignarse, que no van a caer en la trampa de enfrentar a generaciones de españoles, las que tienen empleo, contra las que aspiran a ello, que intuyen que, por este camino, todas estarán en precario. Le han dicho que están dispuestos a defender sus derechos y el futuro de sus hijos y también a contribuir responsablemente para que nuestro país no avance hacia una mayor desigualdad y descomposición social. Como siempre lo hemos hecho.
Por Cándido Méndez, secretario general de UGT.